México experimenta los niveles más altos de violencia criminal en su historia. Mientras que en 2015 la tasa de homicidio doloso fue de 13.28 casos por cada 100 mil habitantes, el año 2018 ha sido el más violento del que se tiene registro, con una tasa de 23.22 casos por cada 100 mil habitantes (SESNSP, 2019). El año en curso, de continuar la tendencia actual, reemplazará a 2018 como el año más mortífero de la historia nacional. No olvide el lector o lectora que, además, la incidencia de feminicidios se ha incrementado durante los últimos años y meses –y eso que, seguramente, hay muchos feminicidios sin reportar o mal clasificados—.

Hace unos meses discutí en este medio sobre algunos factores que la literatura menos ortodoxa ha vinculado con la criminalidad y la violencia, como la estructura cerebral, la desnutrición in útero y su relación con un entorno precario. No obstante, también es esencial discutir las ideas centrales que los gobiernos federales anteriores establecieron como principios programáticos para combatir el crimen, y que esta administración dice haber abandonado, aunque aún haya pocas pruebas de ello. Hablo, concretamente, de la Teoría Económica del Crimen o de la Teoría de la Disuasión.

Ilustración: Víctor Solís

Propuesta originalmente por el economista Gary Becker (1968), esta teoría tiene como premisa central que el crimen es un fenómeno de oportunidad, es decir, que quien tiene motivos para delinquir tomará la decisión de hacerlo o no en función de qué tan probable es recibir un castigo y del rigor de las penas. La propuesta microeconómica de Becker es muy útil para hacer modelos que estimen, con un grado aceptable de eficiencia, cuánto pierde la sociedad en total después de contabilizar el daño, la ganancia criminal y los costos de perseguir y castigar los delitos. No obstante, este modelo es sumamente reduccionista, pues depende sólo de dos factores para estimar la incidencia criminal, además de que tiene problemas para tomar en cuenta uno de los males más extendidos: la corrupción.

Existen versiones más recientes y sofisticadas de esta idea que incorporan en su medición atributos de las potenciales víctimas, como su ingenuidad (Werle, 2015). No obstante, estas nociones más avanzadas se han concentrado en reducir la delincuencia en el sector privado. En tanto, las administraciones federales de México han concentrado su atención en la forma más elemental de seguridad pública, es decir, en poner soldados y policías en las calles –y de forma subsidiaria, pues no hay que olvidar que la seguridad pública es competencia de los gobiernos estatales—. A ello se “suman” las propuestas populistas y efectistas de varios partidos políticos, especialmente el PVEM (¿qué es un PVEM?), sobre elevar las penas por delitos de alto impacto. Incluso si se analiza a la luz de la versión más primitiva de la Teoría de la Disuasión, incrementar las penas tiene un efecto nulo en un país en el que, por lo menos, 90 por ciento de los delitos no se castiga (Angel, 2019).

Lo anterior sugiere que las administraciones federales y los institutos políticos no han internalizado correctamente ni siquiera la idea de que disuadir no se logra al colocar personal armado en la calle y hacer amenazas de castigo poco creíbles. Más aún: con niveles tan altos de impunidad, el modelo de la Teoría Económica del Crimen es inaplicable en estricto sentido matemático, pues el efecto de castigar los crímenes se invierte cuando los criminales no temen al castigo, creando una situación en la que la incidencia criminal, hipotéticamente, puede incrementarse hasta el infinito (v. concepto de elasticidad a la probabilidad de castigo y al castigo en Becker, 1968, p. 182).  

Economía sí, pero sociología también

Una de las propuestas más promisorias del presidente Andrés Manuel López Obrador es combatir las causas de la violencia; uno de sus soundbites más socorridos es “la paz y la tranquilidad son producto de la justicia”, un concepto que está presente con diversos grados de complejidad tanto en la Biblia (Isaías 32:17) como en la literatura sociológica y criminológica. Aunque la interpretación secular de la justicia puede coincidir con terminar con la impunidad, como sugiere la Teoría Económica del Crimen, en los términos del presidente la idea se puede encontrar en la conocida relación entre desigualdad económica y violencia criminal. Decenas de estudios han encontrado que entre más desigual es una comunidad, mayor es la prevalencia de crímenes violentos, especialmente homicidio, algo que se ha corroborado a nivel internacional (Elgar & Aitken, 2011; Neapolitan, 1999), entre ciudades (p.e. Daly, Wilson y Vasdev, 2001) y hasta entre vecindarios (Blau & Blau, 1982).

Pese a que el concepto del presidente tiene sustento en su forma genérica, las acciones que se han puesto en marcha para resolver esta disparidad —empobrecer el gobierno, incrementar las transferencias a las familias de menores ingresos— revelan que su planeación sufre del mismo defecto que la política para intentar disuadir lo criminal: se diluye en el efectismo, en el performance, en la demostración pública, ello en perjuicio de la precisión necesaria para producir un cambio real. Las acciones que se están ejecutando atienden solamente a la dimensión económica de la desigualdad —algo que es deseable, ¡claro!, aunque aún es improbable que tengan un efecto duradero—, pero dejan de lado la dimensión sociológica del fenómeno, aquella que explica el nexo causal entre desigualdad y violencia. Lo que comienza como un estado objetivo de privación relativa se transforma en violencia mediante procesos psicogenéticos: ver que hay quien lo tiene todo mientras se trabaja exhaustivamente para completar el gasto básico genera rencor, un sentimiento de alienación que disuelve o atomiza el sentimiento prosocial más importante: la empatía.

No está de más decir que, atizar el fuego de la división entre fifís y el pueblo —una división real y brutal por lo que significa para los que están en la periferia de la economía mexicana—, como lo hace el presidente cada que puede, no ayuda a la causa. Es cierto, y debe decirse “con todas sus letras”, como dirían en los setenta, que muchos grupos encumbrados de la sociedad mexicana sólo han podido ser “empáticos” en la medida en que ello no trastoque las estructuras que les permiten conservar una ventaja injusta sobre la mayoría. La empatía —o su versión aloplástica, la solidaridad— ha sido usada como un mecanismo para construir relaciones pacíficas entre desiguales, como el corporativismo o un mercado laboral desregulado. La empatía de los muchos facilitó su relegación a un submundo económico extractivo. No obstante, atentar, aunque sea discursivamente, contra la conformación de sentimientos empáticos, no ayuda a los pobres ni a las categorías sociales más vulnerables, pues la mayor proporción de violencia criminal que se ejerce en México es de gente pobre hacia gente pobre y de aquellos que se ubican en alguna categoría socialmente más valorada hacia quienes consideran inferiores, como hacen los hombres con las mujeres y los niños, o los “ciudadanos” con los migrantes.

Nuestro país pasa por “tiempos interesantes”, como diría Slavoj Žižek recuperando un proverbio chino —que más bien se dice a modo de maldición—. El explosivo coctel de ser, al mismo tiempo, el país más violento y desigual de los miembros de la OCDE, ha creado condiciones centrífugas para los significados sociales que nos permiten cooperar y vivir en relativa paz. Un escenario como este debe impulsarnos a ser críticos, en la medida de nuestras posibilidades, de lo que hacen las administraciones para resolverlo —federales y estatales—. Siempre se trata de los valores, siempre se trata de discutir sobre lo que es justo (¿castigar? ¿redistribuir?), pero llegado el acuerdo —como el que las urnas arrojaron en 2018—, es imperativo insistir en la eficacia. Porque, al menos desde este punto en la historia del país, ni siquiera sabemos si una idea o teoría es mejor que la otra, pues se han puesto en marcha de forma vaga, con pobre coordinación y, casi siempre, con fines electorales.

Y éstos han sido los resultados.

 

Antonio Villalpando Acuña
Doctorante de la División de Administración Pública del CIDE, A.C.

Referencias
Angel, A. (2019, 7 de agosto). Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos los ‘congela’ el MP. Animal Político.
Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.
Blau, J. R., & Blau, P. M. (1982). The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime. American Sociological Review, 47(1), 114.
Elgar, F. J., & Aitken, N. (2011). Income inequality, trust and homicide in 33 countries. European Journal of Public Health, 21(2), 241-246.
Neapolitan, J. L. (1999). A comparative analysis of nations with low and high levels of violent crime. Journal of Criminal Justice, 27(3), 259-274.
SESNSP. (2019). Número de delitos por cada 100 mil habitantes 2015-2019. México: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Werle, N. (2015). A Microeconomic Model of Opportunistic Financial Crimes: Prosecutorial Strategy When Firms are too Big to Jail. Procedia Economics and Finance, 28, 76-84.