En medio de las tormentas políticas, económicas y sociales suscitadas en Sudamérica —Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia—, durante la XI cumbre de los BRICS en Brasil, del 13 al 14 de noviembre de 2019, el presidente de China, Xi Jinping, fue tajante al señalar que su país “seguirá comprometid[o] con una política exterior independiente, orientada a la paz y al desarrollo pacífico”1 con base en los Cinco principios de coexistencia pacífica: el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos, la igualdad y el beneficio recíproco. Principios que son pilares de la política exterior de China desde su surgimiento como Estado moderno a inicios de la década de 1950, vinculándose, desde entonces, con la seguridad del país asiático. Principios que poseen legitimidad histórica cimentada en las distintas etapas de pugna con las grandes potencias del siglo XX; tal es el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética. Además es importante mencionar que, estos principios que guían a China en su actuar global tienen rango constitucional y son reconocidos por el derecho internacional. Por ende, limitan las acciones de sus gobernantes y obligan a China a cumplir con estos principios tanto en el orden interno como en el externo.

En ese mismo discurso, Xi igualmente subrayó que “China buscará una cooperación más estrecha con América Latina y el Caribe en asuntos políticos, económicos, comerciales, culturales, regionales e internacionales y construirá una comunidad China-ALC con un futuro compartido y progreso común”.2 A pesar de su superioridad tecnológica y militar, el dirigente chino no hizo mención sobre la cooperación meramente castrense, ni mucho menos sobre las crisis y transformaciones políticas en la región.

Ilustración: Guillermo Préstegui

Uno de los principios que están presentes en el debate académico chino es el de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Por supuesto, cómo se verá en los casos de Bolivia y Venezuela, países donde tiene intereses concretos, en su política de no intervención existe una tensión constante entre no involucrarse en temas que son “soberanos” a otros Estados y su proyecto de convertirse en una potencia con responsabilidad global. En el caso de la política exterior de Xi Jinping, desde su llegada al poder en noviembre de 2012 como secretario general del Partido Comunista de China (PCC) y en marzo de 2013 como presidente y jefe de Estado de la República Popular China (RPC), se han redefinido los intereses nacionales de China en la activa búsqueda de proyectarse como un poder real y alternativo en contra del orden hegemónico liberal existente. Yan Xuetong, en su reciente libro Leadership and the Rise of Great Powers, afirma que “la credibilidad estratégica de un Estado líder implica coherencia entre sus promesas y sus acciones. Sus aliados seguirán su liderazgo voluntariamente cuando confíen en sus promesas, y sus enemigos serán cautelosos para desafiarlo cuando crean que mantendrá de manera determinante el orden internacional”.3 ¿Podrá China asumir mayores responsabilidades globales mientras incrementa su poderío para afirmarse como un verdadero líder? ¿La política exterior de China será congruente entre sus principios y objetivos nacionales? ¿Hasta qué grado China podrá cambiar su política tradicional de no intervención? ¿Será conveniente que sus socios confíen en la vocación pacifista de China? Al tiempo.

¿Qué posición política-diplomática decide tomar China en las crisis políticas de otros Estados? Al menos en la retórica, China privilegia la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. En un mundo cada vez más proteccionista, dicho concepto se ha reforzado. Pero paradójicamente, este principio básico del derecho internacional se ha flexibilizado cuando ocurren violaciones masivas de los derechos humanos y los actores no estatales y la sociedad civil exigen rendición de cuentas como en el caso de Sudán del Sur o Haití. Aunque todavía es un número reducido de ejemplos en los que China ha intervenido directamente, ya sea en la misión de los Cascos Azules o de mediador, Beijing busca un mayor activismo en la paz y estabilidad globales. Pese a lo cual, la intervención de China tendrá un carácter más bien geopolítico que humanitario, salvaguardando siempre sus intereses nacionales. En América Latina, si bien en los últimos años China ha tenido una actitud activa y pragmática, dejando de lado la política exterior dogmática e ideológica que prevaleció durante el régimen maoísta, en las crisis del siglo XXI el actual gobierno de China da continuidad al principio de no intervención.

El caso más claro y reciente es el golpe de Estado al presidente Evo Morales en Bolivia el 10 de noviembre de 2019. Este país andino junto con China elevaron su asociación a “estratégica” durante una visita de Estado a Beijing en junio de 2018, sin que exista un TLC de por medio, China es su primer socio comercial, fortaleciéndose la interdependencia. Para el gobierno chino, el discurso antiimperial de Morales contra Estados Unidos permitió un mayor acercamiento político con China y se convirtió en un apoyo importante para los proyectos económicos chinos en la región. El último viaje de Morales como jefe de Estado a Beijing mostró la importancia geopolítica y estratégica del país boliviano para China. Por ejemplo, Bolivia tiene las mayores reservas de todo el mundo, alrededor de 21 millones de toneladas de litio. Un acuerdo importante de este encuentro fue la firma del memorando de cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, además del financiamiento que el Banco de Desarrollo de China otorgará a Bolivia, quien es candidato prospecto para su integración, este préstamo será para la construcción de la carretera Bombeo-Tunari. Es igualmente importante mencionar que, casi tres meses antes de la destitución forzada de Morales, los gobiernos de Bolivia y China, por medio de las empresas Yacimientos de Litio Bolivianos y Xinjiang TBEA Group Company, suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una empresa con el fin de construir dos plantas industrializadoras de litio en Coipasa, Oruro y Pastos Grandes, Potosí, cuya inversión asciende a 2 390 millones de dólares.4

Debe decirse que, el vocero del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, se refirió a la crisis política en Bolivia un día después del golpe de Estado y dos días antes que el presidente Xi Jinping arribara a Brasilia: “China espera que todas las partes en Bolivia puedan resolver sus discrepancias en el marco de la Constitución y la ley para restablecer lo más temprano posible la estabilidad política y social”.5 Hasta finales de diciembre de 2019, la declaración citada es la única que ha dado el gobierno chino sobre la crisis en Bolivia, por otra parte, el nuevo gobierno autoproclamado, liderado por la ex senadora opositora y conservadora Jeanine Áñez, no ha mencionado la postura que tomará respecto a los nexos políticos y económicos con China.

Vale la pena subrayar que las declaraciones hechas por el portavoz son ambiguas. Ni el canciller Wang Yi ni el presidente Xi Jinping han dado mayor información, posiblemente para no comprometerse, lo que también podría considerarse como un mensaje político. En realidad, China no ha tomado una posición firme. Ni condena la ruptura del orden constitucional ni reconoce al nuevo gobierno de facto ni aprueba la salida del poder de Evo Morales ni apoya al expresidente boliviano en el exilio. Es decir, no asumirá los costos y compromisos políticos con el objeto de garantizar y respetar los derechos humanos y la democracia en suelo andino. Finalmente, esa no ha sido su bandera de política externa. Por ahora, tampoco ha enviado señales veraces de querer ser un mediador.

En el discurso oficial de China en lo referente al conflicto boliviano resultan relevantes tres aspectos: no quiere confrontarse con la oposición en el poder porque podrían en riesgo sus intereses; por su poderío económico en Bolivia no quiere influir directamente en la toma de decisiones de la nueva élite política; quiere ser recurrente y congruente con la historia diplomática de no intervención. Sin embargo, parece ser que quedaron atrás las declaraciones hechas por los jefes de Estado chino y boliviano en su encuentro oficial en 2018, al argüir que mantendrían en lo político “el entendimiento y la solidaridad mutua en las cuestiones concernientes a sus respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales”.6 De tal modo, China ha evitado involucrarse en las crisis de la región debido a un costo político y económico mayor, el factor limitante ha sido también por la superpotencia global: Estados Unidos. Así pues, el llamado a la solución pacífica de los conflictos más allá de convertir a China en un jugador global activo, sus actitudes y hechos en ciertas coyunturas hacen que su política exterior sea pasiva y poco corresponsable.

La no intervención de China en el caso de Venezuela ha hecho que la ayuda china al gobierno de Nicolás Maduro sea bastante cuestionable. Hasta abril de 2019, han sido cuatro sesiones en el Consejo de Seguridad que han abordado la crisis venezolana, gracias al derecho de veto que tienen China y Rusia y su respaldo al gobierno de Maduro, complica que la ONU aplique nuevas sanciones económicas o militares dirigidas a ejercer presión sobre el actual régimen político venezolano. Otro motivo de cuestionamiento es que la política exterior pacifista de China no se refleja en el bienestar de la población venezolana. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU, se estima que, hasta finales de 2019, ya son más de cuatro millones de personas que han abandonado Venezuela a causa de la crisis económica, humanitaria y de violencia.7 En efecto, la doctrina de la responsabilidad de proteger sólo puede invocarse a través del Consejo de Seguridad. Un ejemplo del no compromiso de China sobre los abusos y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se refleja en el no apoyo de una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, propuesta por el Grupo de Lima afín a los intereses de Estados Unidos, con el objetivo de investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que hayan sucedido en Caracas desde 2014.

En el caso venezolano, China tiene prácticamente todas las herramientas económicas, políticas y diplomáticas para mediar en el conflicto, para contribuir al mantenimiento de la estabilidad económica interna y para llamar a la mesa del diálogo político. Incluso, podría sancionar a Nicolás Maduro para llegar a un acuerdo de paz con la oposición. Incluso, si son incentivos para conseguir otros fines. Beijing está utilizando muchos recursos para sostener al gobierno de Maduro, incluido los préstamos emitidos por el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y las inversiones de empresas estatales chinas a través de Sinovensa, una empresa mixta constituida por Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) junto a la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC), la energética estatal donde se ve reflejado la mayor participación de China en este sector.

Además de la riqueza en recursos naturales de Venezuela, los activos que tiene China en el país sudamericano han aumentado en valor e importancia para su economía y estrategia de política exterior en América Latina como contrapeso a Estados Unidos. De los proyectos económicos, los proyectos de energía y recursos naturales en la Faja del Orinoco han sido los más exitosos, contrario al desarrollo de nueva infraestructura, incluidos puertos, carreteras, ferrocarriles y tuberías, así como fábricas y rutas comerciales que no se han realizado en su totalidad debido a la corrupción, al impago de las deudas, a la falta de voluntad política y a la violencia interna. La mayoría de los 790 proyectos que China tiene en Venezuela han fracasado. Caracas también ha tenido problemas para pagar a Beijing en los envíos de petróleo, a pesar de los acuerdos de deuda por petróleo.

Destaca que desde la crisis de Venezuela a inicios de 2013, China se ha convertido en el primer prestamista del gobierno venezolano en América Latina y segundo socio comercial de su contraparte venezolana. De acuerdo con la CEPAL, de 2005 a 2016, China ha prestado a Venezuela más de 62 000 millones de dólares.8 De esta manera, el gobierno de Xi Jinping ha mostrado una política exterior prudente hacia el conflicto del país sudamericano, pero de respaldo al régimen del presidente Maduro frente a la política intervencionista y agresiva del presidente estadunidense Donald Trump.

Contrario a los postulados occidentales que para mantener la estabilidad internacional se deben garantizar la existencia de un sistema político que permita la libre circulación de bienes, servicios e ideas entre los Estados, China no interviene en la orientación política-ideológica de los Estados y no decide en los asuntos relacionados con la política interna de los países. El comportamiento político de China en las regiones propensas a los conflictos, sugiere que el enfoque intervencionista de Beijing tiende a ser algo diferente a las prácticas de las potencias occidentales. Recordemos que en el interior de China, explícitamente en Hong Kong y Xinjiang, existen fuertes demandas para que el poder central del PCC no controle la vida política, económica, social y cultural de las provincias autónomas y, esencialmente, de las regiones administrativas especiales.

La posición del gobierno chino sobre la intervención externa en Venezuela es clara: China se niega “a utilizar la cuestión de la llamada ayuda humanitaria con fines políticos para crear inestabilidad e incluso turbulencia dentro de Venezuela y en la región vecina”.9 Como en Bolivia, los pronunciamientos del gobierno chino en ningún momento mencionan la vulnerabilidad y la violación de los derechos humanos en Venezuela, únicamente está a favor de “la estabilidad” del país y del diálogo político.

También China descartó integrarse al Grupo de Montevideo propuesto por México y Uruguay que se aleja de la intervención de Estados Unidos en el Grupo de Lima y critica abiertamente la intromisión estadunidense en forma de “ayuda humanitaria”. En Venezuela, China se enfrenta a un entorno complejo e incierto, lo cual limita poner en marcha algún tipo de mecanismo de diplomacia multilateral unánime para buscar una solución al conflicto. Lo anterior se debe a que, principalmente, la mayoría de los países latinoamericanos apoyan la destitución “pacífica” de Maduro y reconocen a Juan Guaidó como presidente “legítimo” del Estado venezolano. De este modo, la defensa de la soberanía latinoamericana es un asunto que se menoscaba cuando EE. UU. trata de imponer su agenda en los Estados frágiles, a pesar del ferviente discurso de “independencia” de los Estados latinoamericanos.

Pero, ¿existe o no intervención de China en Venezuela? Depende de la interpretación del concepto de no intervención. Si intervenir es dar apoyo al gobierno de Maduro para atacar a la oposición y decidir sobre qué tipo de régimen político y económico debe implementar Venezuela, entonces, hasta hoy no ha intervenido. Pero hay algunos indicios que muestran la intervención de China.

• Primero, los préstamos financieros por petróleo han ayudado a la élite política venezolana a mantenerse en el poder.

• Segundo, gracias al derecho de veto de Rusia y China ha resultado útil para no imponer medidas coercitivas y no usar la fuerza militar en Venezuela.

• Tercero, la venta de armas a Venezuela empodera al gobierno de Maduro para cometer violaciones o abusos a los derechos humanos tanto a la oposición como a la población venezolana en general. Aunque el gasto militar venezolano se ha reducido drásticamente.

• Cuarto, el 24 de junio, la aceptación de China de las cartas credenciales del nuevo embajador de Venezuela, Iván Zerpa Guerrero, es una manera de legitimar al régimen de Nicolás Maduro.

Con todo, es legítimo que China continúe reconociendo al gobierno de Maduro, gobierno que llegó democráticamente en un momento determinado y con el cual China ha establecido relaciones diplomáticas. Como sucede con Evo Morales, su mandato presidencial legítimo terminaría en enero de 2020, pero sin el espaldarazo del gobierno chino. Además, también es legítimo que China proteja sus intereses que a veces coinciden y a veces no con el principio de no intervención. Por lo tanto, en ocasiones la interpretación del principio a veces es rígida y a veces es flexible. En China ha prevalecido la no intervención en el no cuestionamiento del gobierno de Maduro, no obstante, aunque su posición se mantiene firme sí ha habido un cambio en cuanto ha buscado a los Grupos de Contacto Internacionales y a la oposición para hallar una solución política-diplomática, sin que esto signifique una intervención directa. Podemos decir, que hay un cambio y continuidad de la política de no intervención de China, pero muchas veces su contundencia se pone en cuestionamiento.

Hoy por hoy, China no ha desempeñado un papel destacado para apaciguar los conflictos en Venezuela y Bolivia. Asimismo, las realidades y los procesos internos en estos países sudamericanos son diferentes. Por ejemplo, Nicolás Maduro aún tiene el control del ejército y la base de poder heredada por Hugo Chávez, mientras Evo Morales fue cediendo el poder militar, pese a tener una estabilidad económica y social. Sin duda, la relación más importante para China es la que aún tiene con Venezuela, y en la totalidad de la región, con Brasil.

El dilema para que China intervenga estriba en que, por un lado, la superpotencia estadunidense todavía ejerce la hegemonía en América Latina y ella trata de evitar un choque geopolítico, por lo tanto, la búsqueda de prestigio de la diplomacia china y la profundización de sus relaciones está, hasta cierto punto, limitada. Por otro lado, pareciera que en ciertos casos China también se autolimita, a pesar de la retórica diplomática pacifista, a ella no le interesa involucrarse en disputas extraterritoriales por demás lejanas a su territorio donde pondría en juego su prestigio y sus intereses nacionales. En el corto plazo, la política de no intervención de China no tiende a flexibilizarse aunque asuma un papel protagónico en las relaciones internacionales y su proyecto de política exterior sea de largo plazo y alcance. Como sea, la mirada de China está en el año 2049 y no en la intromisión en conflictos que percibe como ajenos, el objetivo principal del PCC es exhibir sus logros científicos y materiales —principalmente militares— y su dominio general sobre Hong Kong y Taiwán, año en que celebrará el centenario de la RPC.

 

Tonatiuh Fierro
Doctorando en Ciencias Políticas y Sociales con orientación a las Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  y maestro en Estudios de Asia y África, especialidad China, por El Colegio de México.


1 El discurso completo hecho por Xi Jinping en el marco de la XI cumbre de los BRICS se puede leer aquí.

2 Ibid.

3 Yan, Xuetong (2019). Leadership and the Rise of Great Powers. Princeton: Princeton and Oxford Press, p. 17.

4Bolivia y China firman acuerdo preliminar para industrializar litio”, Xinhua, 7 de febrero de 2019. Consultado el 30 de diciembre de 2019.

5El mundo reacciona a la dimisión de Evo Morales”, Sputnik, 11 de noviembre de 2019. Consultado el 30 de diciembre de 2019.

6 La declaración conjunta entre China y Bolivia sobre el establecimiento de la asociación estratégica se puede leer aquí.

7 Véase el sitio oficial de ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

8 CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China”. Consultado el 10 de marzo de 2019.

9China se opone a intervención militar en Venezuela: Enviado”, Xinhua, 26 de febrero de 2019. Consultado el 20 de noviembre de 2019.