Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha puesto en marcha acciones ejecutivas, restricciones y amenazas de todo tipo para vulnerar y utilizar políticamente a la comunidad migrante. Su discurso xenófobo ha conectado con los miedos de norteamericanos, que temen a lo que propaga el mandatario, que los migrantes, además de ser potenciales delincuentes, les quiten el empleo, oportunidades y servicios. El ámbito de la salud no ha sido la excepción.

A finales de 2019, nuevas restricciones para la obtención de visas de inmigrantes fueron anunciadas. Según los deseos del mandatario, los que cumplan con los requisitos para obtener este tipo de visado, deberán adicionalmente, demostrar que cuentan con un seguro médico válido en Estados Unidos o probar tener los recursos suficientes para absorber costos en cualquier eventualidad relacionada con su salud. Tras los reclamos y demandas que el tema ocasionó, el juez de Distrito Michel Simon de Portland, Oregón logró bloquear de manera temporal esta decisión. El 80 % de las visas de inmigrantes, que se verían afectadas por esta medida están relacionadas con residentes permanentes, cónyuges, padres y hermanos de ciudadanos americanos. Aunque la medida no considera otro tipo de visas y beneficios migratorios, se han endurecido los requisitos para todos. En el caso de las visas de asilo, muchas son las limitaciones y acciones que el gobierno ha puesto en marcha para otorgar la menos posibles, incluso avalado por la Suprema Corte de ese país. Tan solo, a casi un año del acuerdo e inicio de la política Remain in Mexico, que obliga a los Centroamericanos a esperar del lado mexicano su proceso de asilo, tenemos varados a más de 66 000 personas y únicamente se han aprobado 11 solicitudes.

Ilustración: Víctor Solís

En estas últimas semanas dos anuncios se suman a las preocupaciones de familias binacionales y a los esfuerzos de Trump para limitar visas utilizando como pretexto el tema de la salud. Se dio la autorización de la Corte Suprema, cinco votos contra cuatro, para permitir al gobierno implementar su propuesta de limitar tarjetas de residencia a aquellos que se perciba usan con frecuencia beneficios públicos como el conocido programa de salud Medicaid (de asistencia federal para individuos por debajo de la línea de pobreza), personas que pagan impuestos. Asimismo, se propuso la implementación de medidas estrictas para negar visas a mujeres que viajan para dar a luz en Estados Unidos.

Trump afirma que los inmigrantes documentados tienen tres veces más probabilidades que los ciudadanos de los Estados Unidos de carecer de un seguro médico y saturan el sistema de salud afectando a los contribuyentes americanos. Afirmación confusa y engañosa. Los censos de gobierno tienen prohibido preguntar el estatus legal de las personas, únicamente se les puede cuestionar si nacieron o no en Estados Unidos y si son ciudadanos. Por lo tanto, es complicado relacionar el estatus legal y la cobertura a partir de datos nacionales. Sin embargo, encuestas como la California Health Interview Survey que incluye preguntas sobre el estatus legal de las personas, indica que antes de la implementación del Obamacare, aquellos con residencia permanente o green card, tenían tres veces más probabilidad de no estar cubiertos pero los últimos levantamientos revelan solo un 5 % de diferencia con respecto a los ciudadanos americanos.1

Una persona sin seguro médico tiene menor probabilidad de usar algún servicio de salud, ya que tanto médicos de atención primaria como especialistas, piden saber si se cuenta o no con seguro médico y/o como planea pagar antes de confirmar cualquier cita. Alrededor del 50 % de inmigrantes indicaron que fueron al médico el año pasado comparado con el 70 % de ciudadanos.2 Otras barreras de acceso como la cultura o el idioma también influyen. Asimismo, algunos expertos consideran que los bajos niveles de uso del sistema son parte del “efecto inmigrante saludable,” por la edad y porque  requieren encontrarse en buenas condiciones de salud para viajar y trabajar.

Trump acusa también a los migrantes del uso excesivo de los servicios de emergencia. La ley prohíbe que los hospitales rechacen a las personas que necesitan servicios  emergentes cuenten o no con seguro y sin importar su estatus legal. Sin embargo, las cifras muestran que solo el 8.7 % de los migrantes usan dichos servicios, contra el 14.7 % de estadounidense nacidos en ese país.3 Los inmigrantes latinos sufren el 66 % de muertes relacionadas con el trabajo ya que asumen labores con alto riesgo de lesiones ocupacionales.4

La víctimas más vulneradas de las acciones de Trump son los menores de edad. De 2017 a 2018, 800 000 niños de familias de escasos recursos, muchos de ellos hijos de padres migrantes que calificaban para Medicaid, no fueron enrolados en el programa por miedo ante las amenazas de restricción en las visas de residencia por el uso de servicios recientemente aprobada por la Suprema Corte.5 El 25 % de los menores de edad en Estados Unidos (18.6 millones)6 son hijos de migrantes y 5.1 millones de ellos tienen por lo menos un padre indocumentado.7 La evidencia muestra que ser menor de edad e hijo de padre indocumentado se encuentra asociado a un nivel elevado de depresión, ansiedad y menos probabilidades de acceso a servicios de salud que aquellos niños de padres ciudadanos.

Las políticas de salud propuestas por Trump limitan el acceso a cobertura y servicios de salud a los más vulnerables, incluso norteamericanas. El número de estadunidenses con seguro ha disminuido en casi siete millones desde su llegada. Las mujeres y los más jóvenes, de bajos ingresos se han visto afectados en la cobertura. La desaparición de subsidios, requisitos laborales y la disminución en el financiamiento de Obamacare abonan a esta reducción. Contar con un índice elevado de personas sin cobertura y con un limitado acceso a servicios pone en riesgo la salud de toda la población, por ejemplo, en el caso de transmisión de enfermedades infecciosas y epidemias.

La constante amenaza y la propagación de dichos del inquilino de la Casa Blanca, ha ocasionado un gran temor en la comunidad y familias binacionales, además de impactar en aumentos tanto de costos para el sistema de salud como en la carga de enfermedad de migrantes y ciudadanos, problemas que seguramente empeorarán en caso de lograr su reelección.

 

Thalia Porteny
PhD-Harvard. Experta en Salud Pública, ética médica y comunidades migrantes.

Eunice Rendón
PhD-Sciences-Po. Coordinadora de Agenda Migrante, representante de Chicanos por la Causa en México y consultora internacional en migración y seguridad.


1 UCLA Fielding School of Public Health.  California Health Interview Survey.

2 Bustamante, A. V., Chen, J., McKenna, R. M., & Ortega, A. N. (2019). “Health care access and utilization among US immigrants before and after the Affordable Care Act”, Journal of immigrant and minority health, 21(2), 211-218.

3 Tarraf, W., Vega, W., & González, H. M. (2014). “Emergency department services use among immigrant and non-immigrant groups in the United State”,. Journal of immigrant and minority health, 16(4), 595-606.

4 Byler, C. G. (2013). “Hispanic/latino fatal occupational injury rates”, Monthly Labor Review, 136(2), 14-23.

5 Alker, J., & Roygardner, L. (2019). “The number of uninsured children is on the rise”, Washington: Georgetown University Center for Children and Families.

6 Urban Institute (2019).  “Part of Us: A Data-Driven Look at Children of Immigrants”.

7 Capps, R., Fix, M., & Zong J. (2016)  “A Profile of U.S. Children with Unauthorized Immigrant Parents”, Migration Policy Institute.