El artículo de Fernando Escalante “La muerte tiene permiso” ha provocado muchísimas reacciones por lo escandaloso que resulta el cambio en la tendencia de homicidios en México. A muchos el texto les ha parecido una oportunidad para confirmar lo que ya pensaban del desastre de la estrategia del gobierno, y a otros les ha confirmado lo contrario (incluso al gobierno), o de que por lo menos el gobierno está haciendo algo y que ese algo no puede salir gratis. Como si de nuestros pecados sólo pudieran ser absueltos sumando muertos.

Sin embargo tal vez una de las facetas más interesantes del tema que de pasadita toca Escalante, y que en respuestas subsecuentes desarrollan realmente bien Ana Laura Magaloni y Antonio Azuela, es el tema de el orden o governanza gobernanza local. La hipótesis de Escalante es la siguiente:

Mi impresión es que en los últimos años, en el empeño de imponer el cumplimiento de la ley, en el empeño de imponer el Estado de derecho a la mala, desde el ejecutivo federal, se han roto los acuerdos del orden local y cada quien tiene que proteger lo suyo de mala manera: lo suyo es el lindero de un ejido, un estero donde desembarcar contrabando, un puesto en la calle para vender juguetes, el tránsito o la embarcación de mercancía sin pagar impuestos, la madera de un bosque, una esquina donde vender mariguana.

Magaloni reflexiona sobre el caso de los franeleros en la Ciudad de México,

Los franeleros en el DF son un buen ejemplo de ello. Los franeleros controlan espacios de estacionamiento públicos. Eso es ilegal. Lo hacen, además, en complicidad con la policía preventiva, quien reparte los espacios y recibe una cuota semanal a cambio. Eso también es ilegal. Los automovilistas tienen que pagar al franelero por estacionarse en un espacio público; a cambio, aunque los automovilistas no lo sepan, es mucho menos probable que les roben el coche o el espejo retrovisor. Si las autoridades quitasen de un día para otro a los franeleros, es posible que se rompiera el equilibrio existente y que comenzara a aumentar el robo de coche o de autopartes. Dicho de otra forma, los franeleros, además de ser una lata para los automovilistas y una fuente de corrupción de policías preventivos, limitan el espacio de acción de los que roban autopartes y coches. Es decir, son, en algún sentido, generadores de orden.

Con esto no quiero hacer una apología de la ilegalidad ni de la informalidad. Lo que quiero destacar son dos cosas. En primer término, hay que entender a fondo la compleja arquitectura del orden local, cuáles son los actores y las instituciones formales e informales que generan orden. Sin ese entendimiento, lo que pueden parecer políticas razonables en términos del Estado de derecho (por ejemplo, sustituir a franeleros por parquímetros) puede tener consecuencias negativas no esperadas (aumento del robo de coches). En segundo término, y este es el argumento de fondo, en cualquier parte del mundo hay espacios de tolerancia a la ilegalidad a cambio de que la violencia se mantenga a raya y eso parece ser el punto ciego de la estrategia del gobierno federal.

Antonio Azuela, describe un caso mucho más complicado pero tal vez más general y que permite imaginar (sólo eso) mejor la lógica bajo la cual funciona buena parte del país.

Pero ¿de qué está hecho el orden local? Lejos de pretender desarrollar aquí una definición abstracta, me limitaré a tomar un ejemplo: el de las señoras de Salinas. Quienes viajan por carretera de Acapulco a Zihuatanejo tienen que cruzar muchos pueblos y en cada uno de ellos tienen que detenerse ante una sucesión interminable de topes. Protuberancias del mismo material que la propia carretera, pero que no fueron puestas por las mismas constructoras que hicieron la carretera y que expresan, a su manera, una resistencia local frente al riesgo que trae la carretera misma —sólo así pueden asegurar, quienes ahí viven, que los automovilistas pasarán más despacio—. Y la autoridad encargada de administrar la carretera tiene que aceptarlos, aunque sea de mala gana; el “arreglo de los topes” es la primera manifestación del orden local. Pero hay un pueblo en particular, en el que el turista aprovecha un tope para detenerse a comprar —sin bajarse del auto— un kilo de sal a una señora que se lo entrega desde una mesita colocada a la orilla de la carretera —violando el “derecho de vía” que establece la legislación administrativa—. La sal proviene de una salinera cercana que, además de dar su nombre al pueblo, seguramente se explota sin contar con la concesión prevista por la ley minera. Y la compran porque les gusta creer que “de ésta no hay en el súper”.

Si nuestros viajantes fueran antropólogos y se quedaran unos meses en Salinas, seguramente podrían ofrecernos una etnografía que nos ayudaría a entender cómo es que esa señora, igual que otras 30 a lo largo del pueblo, puede ganarse la vida vendiendo sal kilo a kilo (probablemente es una pequeña prebenda que obtuvo un ejidatario para su hermana viuda ¿y las otras?), así como los arreglos que permiten al comisariado ejidal intervenir en la explotación de la sal, en la construcción del tope, en la gestión del alumbrado público y en un montón de cosas más de la vida en Salinas. Todo eso en una relación, a veces amigable y a veces conflictiva, con las autoridades municipales y en un marco de dudosa legalidad.

A veces ese orden parece invencible, como cuando se presenta, solo, un inspector federal para identificar a quienes están explotando la salinera sin concesión y notificarles el inicio de un procedimiento administrativo en su contra. Seguramente lo mandarán con cajas destempladas si no es que lo retienen unas horas hasta que firme el acta en la que se compromete a respetar los usos y costumbres de la región. Sin embargo, el mismo orden parece extremadamente frágil cuando la autoridad no se aparece bajo la forma de un humilde inspector, sino la de un comando armado que no sólo patrulla la región sino que de vez en cuando despliega su capacidad de fuego. Es más, es difícil pensar que una intervención de ese tipo no provoque un cambio profundo en el orden local.

Lo interesante de estas reflexiones es que nos pueden hacer pensar sobre que es lo que pasa en la vida de cotidiana de millones de personas, lo cual es imposible de capturar, y que no puede ser sujeto a la simplificación que se suele hacer desde el DF, o las capitales en los estados. El desprecio histórico que ha habido en nuestro país por lo local, parece reflejado una vez más no sólo en la ejecución de la política de combate al narcotráfico del gobierno federal, sino a la insistencia de desaparecer las policías municipales e imponer policías únicas.