Foto: Boston Globe

La violencia llegó a un ámbito de la sociedad mexicana al que apenas había rozado. Los intelectuales, sobre todo los dedicados a la literatura, salieron a protestar a las calles con dolor y en su protesta se notó la falta de comprensión de lo que ocurre entre las personas que se supone de las más informadas del país. Las interpretaciones de muchos de las leyendas portadas en pequeños cartones o en mantas expresaban más ofuscación y resentimiento que elaboración sobre el entorno de violencia en el que nos ha metido la política de seguridad del gobierno.

La crítica, sin embargo, no ha articulado una propuesta diferente de estrategia. Si bien hay quien ha planteado pistas, como, Ernesto López Portillo, entre la opinión escrita no se ha desarrollado una ruta alternativa para enfrentar de manera integral el problema de la inseguridad y la violencia. Si bien a muchos de los que escriben en los medios les parece evidente que la actual política no ha sido la adecuada por el reguero de muertos que está dejando, pocos han planteado en qué aspectos concretos está errada la política actual y cuál pudo o podría ser un curso diferente de acción. Hay algunas excepciones, como los bien documentados avances de Eduardo Guerrero.

Lo primero que habría que tratar de dilucidar es cuál era el statu quo ante bellum. Sin duda alguna lo demuestran las estadísticas de asesinatos y masacres publicadas por Fernando Escalante hay un antes y un después de la puesta en marcha de la política de seguridad de Calderón. Es más, la insistencia machacona de Calderón sobre el tema precisamente lo que nos quiere demostrar es que ha habido un antes y un después. Pero las medallas que muestra son las cifras de muertos o encarcelados, no la real disminución del delito, de la impunidad o, mucho menos, la erradicación del tráfico de drogas.

Entonces es imprescindible entender cómo estaban las cosas antes de Calderón. En términos generales, lo que había era uno más de los procesos de negociación de la desobediencia que han proliferado a lo largo del proceso de institucionalización del Estado mexicano. Los funcionarios estatales en México no se han caracterizado históricamente por ser unos celosos guardianes del orden jurídico, paladines de la legalidad. En todos los ámbitos de acción de la organización estatal, lo que ha imperado ha sido la negociación particular de la desobediencia; una ilegalidad tolerada en la que el grado de infracción no se fija de manera general en las leyes, sino que se negocia personalmente con los agentes del Estado, ya fueran inspectores fiscales, agentes aduanales, policías de crucero, recepcionistas de hospital o funcionarios de ventanilla, agentes del ministerio público o jueces, todos formaban parte de una maquinaria que mantenía el orden y administraba las relaciones sociales con un margen de arbitrariedad variable pero siempre considerable.

Sólo gradualmente se ha reducido la arbitrariedad de la organización estatal mexicana y de manera desigual en sus diferentes órbitas. Sin embargo, uno de los espacios de la acción del Estado el correspondiente a la persecución del delito y la justicia penal, el corazón de la ventaja comparativa en la violencia ha sido proverbialmente arbitrario e ineficaz. Su actuar ha sido tradicionalmente venal y bastante alejado del profesionalismo y el compromiso con la justicia. La ley ha sido ahí, más que en cualquier otro aspecto de las relaciones sociales, un mero entorno para la negociación de la obediencia, no el marco real de regulación de la convivencia y la acción estatal. Los índices de impunidad y la persistencia del homicidio son dos indicadores que ilustran claramente que antes de la guerra las cosas no estaban bien ni mucho menos. Pero la cosas iban gradualmente por buen camino. Los homicidios habían bajado y si bien existía connivencia de buena parte de las autoridades de diverso orden con el narcotráfico, cada cierto tiempo se anunciaba la detención de algún capo importante y se exhibían decomisos notables de cocaína, marihuana y, con menos frecuencia en los últimos años, de goma de opio.

Esa es una historia vieja. Calderón decidió que el tema del combate al narcotráfico era una prioridad de su gobierno. No el crimen organizado, sino el narcotráfico. No de la aplicación de la ley y la construcción del Estado de derecho, sino la guerra contra las drogas. De entrada, lo que planteó Calderón fue el enfrentamiento frontal con los carteles especializados en operar mercados clandestinos de drogas. Se enfocó en la persecución de un delito de mercado. No dijo, en un principio, que fuera a combatir prioritariamente el secuestro o el homicidio u otros delitos depredadores que afectan terriblemente la seguridad de las personas. Su prioridad fue combatir a los carteles de las drogas, que lo que hace es explotar un mercado donde hay oferta y demanda, por los que se trata de un delito consensuado entre las partes. Ya ahí había un error, al menos, de foco.

La pregunta que salta de inmediato es ¿por qué decidió que ese era el problema central. ¿Hasta qué grado era real el control territorial de los carteles del narcotráfico? ¿En efecto era necesaria una política de recuperación armada de territorio? ¿Es el problema de las adicciones tan grave en México como para centrar ahí la acción ingente de combate a la impunidad que tiene por delante el Estado mexicano que sigue teniendo, por más que se hayan gastado varios miles de millones de pesos en el combate a los carteles de las drogas?

Sólo si se toma en cuenta el factor externo se entiende por qué Calderón optó por una estrategia de recuperación de territorio con el ejército y la marina, en lugar de centrar sus loables intenciones de reconstruir el poder del Estado y establecer el imperio de la ley en la creación de policías eficaces para perseguir los delitos depredadores y en un programa real de reforma de los ministerios públicos y los poderes judiciales de todo el país empezando por los de la federación.

No tengo una respuesta inequívoca, pero mi conjetura es que Calderón quiso fortalecer su precaria posición de entrada congraciándose con el gobierno de los Estados Unidos. Tal vez imaginó conseguir un tratado migratorio o pretendió una suerte de plan Colombia en los últimos tiempos del gobierno de Bush, al que apenas le quedaban dos años de presidencia. Buscó el apoyo norteamericano para un despliegue notable de recursos, incluidos los dólares para lucidores programas de gasto social y lo que consiguió fue la exigua iniciativa Mérida. Desplegó al ejército y levantó la costra purulenta que cubría el arreglo tradicional de la desobediencia local, pero no lo sustituyó con otra cosa que no fuera control de las fuerzas armadas, con su propia dosis de arbitrariedad, intrínseca a su estructura como organización y a las funciones que se supone que debe cumplir: las relativas a la guerra.

Hasta en el lenguaje se copiaba la retórica republicana. Se habló de guerra contra las drogas, como la declaró Reagan en la década de los ochenta. Después el término fue evitado en el discurso oficial, pero en el inicio lo que se estaba haciendo era no responder a la demanda social de que se frenaran los secuestros con sus secuelas homicidas y los robos cotidianos de las ciudades, sino hacer aquí la guerra que pretendía sería financiada y apoyada por los Estados Unidos.

No seguiré con la conjetura. El hecho es que hoy lo que hay por las calles es un reguero de muertos y de ninguna manera todos pueden ser atribuidos a la guerra auténtica que se libra entre los carteles, que si bien no fue provocada por Calderón sin duda se ha intensificado durante su gestión. Si de lo que se trata es de pelear territorios, entonces evidentemente se necesitan armas; y las armas también son mercancías que se mueven con la demanda.

Los datos sugieren una interpretación: mientras el gobierno ha centrado su esfuerzo en detener a los capos de los carteles de las drogas, unos señores sin duda muy malos, otros igual de malos se han aprovechado de la abundancia de armas y de la debilidad de los otros cuerpos de seguridad del Estado que no están centrados en buscar y capturar a los grandes capos. La violencia, el enfrentamiento con el Estado y los mercados clandestinos tienen una economía, como ha escrito Eduardo Guerrero, y en ella opera el efecto demostración

Los recursos del Estado para fortalecer la seguridad se enfocaron de manera equivocada: en lugar de fortalecer el combate concreto a los delitos y reducir la aparatosa impunidad del arreglo en lo que se refiere a delitos depredadores, se echo una red sobre los carteles que puede presentar detenidos y presos, pero no menos delitos contra la vida y la propiedad de las personas o más casos resueltos exitosamente con un escrupuloso apego a la legalidad.

Y del éxito del combate a los carteles como política para enfrentar el tema de las drogas, como lo repite la publicidad estatal que sigue usando el eslogan de “para que la droga no llegue a tus hijos” ni qué decir. Las drogas siguen ahí, sin variaciones sustanciales de precio, al alcance de todos. El negocio sigue vivo y bastará con esperar a la próxima encuesta nacional de adicciones para comprobar el fracaso. Es más, con la guerra es probable que el mercado se desplace a drogas más peligrosas que las disponibles hoy.

Me parece que contamos ya con suficiente información como para ver que algo ha estado mal en la estrategia gubernamental. Si bien las intenciones de Calderón pudieron haber tenido el loable sentido de fortalecer al Estado, parece que comenzó por el lado equivocado. Está muy bien que el Estado se plantee ser intransigente con el crimen; esa es su condición básica de existencia, el monopolio de la violencia. Pero en el caso concreto mexicano había muchos lados por donde empezar y se optó por la de ocupar ostensiblemente el territorio, con la competencia armada que eso significa. Había otros caminos y otras posibles prioridades.

Se pudo comenzar, por ejemplo, con la reforma del ministerio público federal de manera que aparecieran los fiscales empeñados en perseguir los delitos concretos de sujetos concretos, incluso en lo que se refiere al trafico de drogas. Fiscales de hierro, personajes como el juez Garzón de España, que surgieran de una auténtica carrera en el ejercicio de la acción penal, que persiguieran a las tramas concretas de lavado de dinero. Al mismo tiempo, se pudo poner el foco en construir una policía que produjera verdaderos intocables que fueran no sólo detrás de los comerciantes de drogas sino también de los secuestradores y que investigaran a fondo las masacres que cotidianamente están ocurriendo en un montón de pueblos y ciudades.

No era inevitable el despliegue del ejército y la armada y no parece estar dando buenos frutos. El problema es que se rompió el viejo arreglo y ahora no hay con qué sustituirlo. El gobierno se equivocó de estrategia y ha quedado atrapado en el camino trazado sin que la seguridad de México mejore. Bien harían los pretendidos candidatos en comenzar a diseñar el camino de salida. La vía de las reformas serias: autonomía de los ministerios públicos y nuevo diseño de las policías sería un buen camino, con un plan con fechas para el regreso de los militares a sus cuarteles y sus barcos.

Y desde luego, está la necesidad de enfrentar el asunto de las drogas de una manera diferente. Mientras estén una serie de sustancias prohibidas y con demanda habrá incentivos para que existan delincuentes dispuestos a administrar mercados clandestinos, con lo que eso supone de reto al Estado; si el negocio es tan jugoso como el de las drogas, entonces valdrá la pena armarse hasta los dientes y pelar por el control de las rutas. También en ese terreno es posible una estrategia alternativa. En lugar de gastar cantidades ingentes en perseguir de manera armada a los comerciantes de drogas se puede procurar la disminución de la demanda a través de la información y la educación, al tiempo que se emprende una política de negociación en los organismos internacionales para ganar soberanía y regular el mercado de las drogas de manera que sea el estado, y no los delincuentes, el que ponga las reglas. México, Colombia y Brasil podría ser aliados para influir en que los Estados Unidos abandonen la estrategia prohibicionista radical y adopten un enfoque de reducción de demanda y legalización diferenciada. De que había de otra, había de otra.

Jorge Javier Romero. Politólogo.