“La democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones”, así de concisa y rotunda es la definición

De: Bryce Edwards

De: Bryce Edwards

propuesta por Adam Przeworski. En su brevedad, la definición implica al menos dos factores centrales: competencia y equidad. Los partidos, entendidos como agregaciones de actores con posiciones de política pública similares, compiten por la obtención de una mayoría electoral, y lo hacen en un sistema que no ofrece ventajas ‘fijas’ a ninguno de ellos.

En efecto, la equidad es garantía mínima de competencia pero irónicamente, mecanismos pensados originalmente para proveer equidad terminan por reducir la competencia. Ejemplo inmediato: el financiamiento público a partidos políticos.

Es una doble perversión: usa el dinero de los impuestos pagados por ciudadanos y coloca a los partidos como entidades no dependientes ni obligadas hacia los ciudadanos. Si además, los partidos encuentran mecanismos de financiamiento inelásticos a la participación y la distribución de preferencias entonces el vínculo entre desempeño y premio/castigo ciudadano es nulo.

En ese mundo vivimos en México. Los partidos tienen garantizado constitucionalmente su financiamiento independientemente de la participación electoral. El movimiento Ya Bájenle busca justamente corregir este sistema de incentivos: que los partidos reciban menos y con base en la participación electoral (i.e. Votos válidos emitidos).

No es un tema menor, si vemos, como indica el Senador Tomás Torres Mercado (PRD) quien ya hizo suya la iniciativa de Ya Bájenle, el gasto de partidos en la elección del 5 de julio equivale a lo que se piensa gastar en educación básica.

Esta reforma tendría varias bondades, la más relevante sería regresar a los partidos a una relación de dependencia respecto a los ciudadanos. Imaginemos por ejemplo si bajo ese esquema financiero hubiesen ocurrido las elecciones del 5 de julio, la idea del Voto Nulo hubiese puesto a temblar a partidos que hoy están impermeabilizados a preferencias y descontentos ciudadanos. Ese sería, a mi parecer, el gran beneficio de la reforma, no el ahorro presupuestal (aunque no sobra).

México no es, como todos repiten en automático, el sistema electoral más caro del mundo. De acuerdo con datos del Centro para la Gobernanza Transicional y Post-Conflicto de las Naciones Unidas, los países de bajo costo electoral gastan entre 1 y 3 dólares por elector por proceso electoral. Ahí se encuentran Chile ($1.2), Costa Rica ($1.8), Brasil ($2.3) e India ($1); mientras que las democracias más costosas exceden los 3 dólares por elector, y ahí se encuentran Rusia ($7.5), Liberia ($6.1), El Salvador ($4.1) y México ($5.9).

Quizás una comparación más relevante sea comparar el costo por elector respecto al ingreso per cápita diario, dado que nos da una mejor idea del costo relativo electoral respecto al bienestar económico de la población. Ahí, para sorpresa de varios, México estaría a media tabla: el costo por elector equivaldría a 27% del ingreso diario promedio de un mexicano, por debajo de India (46%) o Rusia (40%), aunque muy por encima de otros países latinoamericanos como Chile (5%), Costa Rica (14%) o incluso Brasil (15%).

La parte que me molesta no se refiere a la cantidad gastada, sino a su fuente casi exclusivamente pública, ¿Por qué no dejar que los partidos compitan por recursos? ¿Por qué no poner a actores privados como los principales financiadores del gasto de partidos?

El terror en México es la preeminencia de intereses privados en la definición de la agenda de los partidos. Como si los mal llamados poderes ‘fácticos’ no fueran también legisladores ‘fácticos’. Como si sólo la derecha pudiera acceder a grandes donadores. Como si la sobrevivencia de los partidos fuese tema de interés público.

Aplaudo la iniciativa, es un centímetro más hacia una relación más cercana y dependientes de los partidos hacia los ciudadanos. Acto seguido me quedo fantaseando un sistema en el que los partidos salgan a conseguir en la calle lo que ahora se adjudican por ley, en el que el IFE tenga la capacidad de monitorear y transparentar donaciones, y en donde los ciudadanos, organizados o no, saben que candidatos y partidos dependen directamente de su apoyo financiero.

José Merino. Profesor del ITAM y editor de laloncheria.com