Tras la masacre que hubo hace unas semanas en el penal de Apodaca, Otto Granados publicó en el periódico La Razón una serie de artículos, argumentando que la única solución a los problemas que hoy existen en las cárceles en México es “cambiar un modelo agotado” y privatizarlas. En sus textos ofrece algunos datos, pero sobre todo ofrece la “lógica” de por qué cree que sería buena idea privatizar las cárceles a partir de lo que él llama “el cambio de incentivos”, haciendo eco a la iniciativa de ley presentada por el Partido Verde al respecto (quienes por cierto, también han propuesto extender las penas de varios crímenes).

Dice Granados que las cárceles hoy no funcionan porque “los incentivos” están mal alineados…

¿Por qué? Porque los incentivos estaban mal alineados o simplemente no existían o porque, como pasa ahora, cuando ocurre una fuga o motín, lo que se hace es arrestar al director y a los custodios, pero el penal sigue funcionando en espera de que suceda el próximo incidente.

Y que funcionarían si los incentivos fueran tales que en vez de arrestar a los malos funcionarios se multara a una empresa:

Lo que el Estado hace es prestar un servicio público —al que está obligado— mediante una modalidad distinta y más eficaz: un particular puede atender el ciclo completo que va desde construir hasta operar un establecimiento penitenciario cumpliendo todas las condiciones, regulaciones, controles y supervisiones que le marca el gobierno contratante y éste paga por ese servicio. Como el incumplimiento de una sola de dichas condiciones conlleva no sólo la cancelación del contrato sino penalizaciones económicas muy elevadas, el prestador del servicio tiene incentivos claros para impedir los problemas habituales que ahora vemos en las cárceles mexicanas y de otras partes.

Más allá de que no explica cómo funcionan de distinta manera estos incentivos (la multa y el arresto ambos elevan el costo de operar mal la cárcel), tampoco considera otros incentivos que genera un sistema privado de prisiones.

En Estados Unidos en los últimos años ha habido una discusión pública importante sobre la privatización de las cárceles que se empezó a hacer desde finales de los años sesenta. El principal problema del sistema privado es que las empresas propietarias basan el éxito de su negocio en el crecimiento de la población encarcelada y en la prolongación de las penas.

En un artículo reciente publicado en el New Yorker sobre las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos, Adam Gopnik dice:

…un número creciente de prisiones estadounidenses están siendo concesionadas como negocios con fines de lucro, a empresas con fines de lucro. A las empresas les paga el Estado, y sus ganancias dependen de gastar lo menos posible en los prisioneros y las prisiones. Es difícil imaginar una desconexión más grande entre un bien público y las ganancias privadas: el interés de las prisiones privadas no reside en el obvio bien social de tener el menor número posible de internos, sino en el mayor número posible, hospedados al menos costo posible.

No hay documento más escalofriante en la vida reciente de Estados Unido que el reporte anual 2005 de una de las empresas más grandes de este sector, la Corrections Corporation of America (CCA). En él, la compañía (que gasta millones cabildeando legisladores) avisa a sus inversionistas el riesgo de que de alguna forma, en algún lugar, alguien trate de cerrar el grifo de convictos:

“Nuestro crecimiento generalmente depende de nuestra habilidad para obtener nuevos contratos para desarrollar y manejar nuevas correccionales y lugares de detención…La demanda que hay para nuestras instalaciones y servicios podrían verse negativamente afectadas por el relajamiento en los esfuerzos de aplicación de la ley, la moderación en las condenas y sentencias o a través de la descriminalización de ciertas actividades que hoy están proscritas por nuestras leyes criminales. Por ejemplo, cualquier cambio en relación a las drogas y las sustancias controladas o la inmigración ilegal podría afectar el número de personas arrestas, condenadas y sentenciadas, así potencialmente reduciendo la demanda para recluirlos en nuestras instalaciones”.

Sumado al documento que cita Gopnik, hace unos días el Huffington Post publicó una carta que CCA envió a gobiernos estatales ofreciendo sus servicios y explicando sus condiciones para hacerse cargo del sistema penitenciario. Entre las condiciones, la CCA pide que los gobiernos garanticen que el nivel de ocupación de las cárceles sea de al menos 90%.

El problema que no hace evidente Granados en sus argumentos (ni el Partido Verde) es la idea de que no sólo se mantendrá la población carcelaria que hoy tenemos en las cárceles, sino que ésta seguirá creciendo. No creen que una sociedad funciona mejor cuando hay menos razones para que hayan personas en la cárcel, sino que el crecimiento del número de presos es algo “natural”. Por esa razón no les causa problema que las empresas dueñas de cárceles se beneficien (o tengan incentivos) de que haya más gente en la cárcel, más tiempo. Por el contrario, el Partido Verde no sólo ha propuesto privitizar las cárceles sino extender las penas de varios crímenes a cadena perpetua. En ese sentido, sus argumentos comparten la premisa de Felipe Calderón, quien hace unos días presumió en twitter, la construcción de 16 cárceles durante su gobierno.