En una reunión con organizaciones que cabildean reformas a leyes de seguridad, el candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, planteó como una de sus propuestas privatizar las cárceles mexicanas. Su argumento central es que, “el Estado mexicano ha comprobado una y otra vez su incapacidad para manejar el sistema de prisiones”, aunque no ofreció datos de cómo un sistema penitenciario privado tendría mejor capacidad para manejar las prisiones, ni reconoció que hoy el Gobierno Federal ha concesionado la operación administrativa de nuevas prisiones a varias empresas inmobiliarias y de construcción.

El 3 de octubre del año pasado, Felipe Calderón, celebró en la Bolsa de Valores el financiamiento y operación privada de varias prisiones que se construyen en su administración.

La propia Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, recientemente financió, estamos construyendo más o menos una decena de nuevas prisiones de alta seguridad en el país, la mayor inversión que se haya hecho en mucho tiempo en ello, por el sector privado y algunas empresas ya han colocado exitosamente, por cierto, a través de la Bolsa Mexicana de Valores las inversiones necesarias para poder financiar tales proyectos de infraestructura.

Estas concesiones para construir y operar por al menos 20 años cárceles se asignaron de manera directa a las siguientes empresas: ICA, Tradeco, GIA, Homex, Prodemex y Arendal. La operación incluye la provisión de servicios, alimentos, limpia, etcétera, excluyendo el resguardo y manejo de reos.

En la página de la Secretaría de Seguridad Pública Federal no están los contratos de concesión a través del portal de transparencia, por lo tanto no hay claridad sobre los términos de la concesión. Sin embargo, considerando que el modelo que se usó es del de Asociaciones Público Privadas (APPs) similar al modelo inglés, el gobierno debe asumir parte del riesgo de la inversión garantizando una tasa de ocupación de la cárcel concesionada (en el caso inglés 90%). Es decir, si por algún motivo hubieren menos reos (como por ejemplo un cambio en la legislación que redujera el encarcelamiento de reos no sentenciados, en México es 43% del total de reos) el gobierno igual tendría que pagar la cuota como si las celdas estuvieran ocupadas.

En una entrevista reciente, el Presidente de Homex, Eustaquio de Nicolás, da más pistas en este sentido:

los analistas no han entendido el tema de flujo de efectivo por la operación de las cárceles. La empresa recibirá por sus servicios de mantenimiento y construcción más de 2,000 millones de pesos anuales, durante dos décadas.

Es interesante que en este proceso de privatización del sistema penitenciario en México haya habido tan poca discusión al respecto. En otros países discutieron durante años si efectivamente sería una buena idea o no privatizar las cárceles debido a los conflictos de interés que genera entre el beneficio de las empresas concesionarias y los bienes públicos que provee el encarcelamiento de personas que cometen delitos.

En los principales países donde se ha elegido complementar el sistema penitenciario con cárceles privadas no hay evidencia contundente de que las cárceles sean mejores ni en términos de costos, ni en términos de respeto a los derechos humanos, ni en términos del control de internos. En cárceles públicas y en cárceles privadas existen el mismo tipo de problemas, y no hay evidencia de que “los incentivos de mercado” operen pues por definición es un mercado oligopólico poco competitivo. En una revisión amplia de la literatura sobre el tema Richard Culp concluye:

La industria de prisiones privadas está dominada por pocos grandes provedores (un oligopolio de productores) y sólo un manojo de compradores (un oligopolio de consumidores) con el resultado de que cualquier ventaja en el costo de la privatización es en el mejor de los casos marginal, los programas de prisiones privadas son virtualmente indistinguibles de las prisiones públicas, y la promesa de la innovación se mantiene sin cumplir.

Sin embargo esas no son las únicas objeciones al esquema privado de cárceles.

La primera objeción es si alguien debe enriquecerse con el castigo. El tema no es sólo ético, una vez que hay intereses que se benefician directamente de generar utilidades, a partir del incremento en la demanda, entonces se pierden los objetivos que tiene el encarcelamiento ya sea proteger a la sociedad o “readaptar” a quienes cometen crímens. Por ejemplo hace unas semanas Paul Krugman en su columna del New York Times denunció cómo una de las empresas más grandes de encarcelamiento junto con un grupo de cabildeo redactó la ley SB1070 de Arizona (mejor conocida como al ley antiinmigrante)para mantener una alta tasa de encarcelamiento (el video aquí arriba es sobre ese tema).

La segunda objeción es si el afán por reducir costos, justamente para incrementar las utilidades, no resulta en una peor situación para los reos y violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos pagan una cantidad fija por cada reo, y las empresas sólo pueden subir sus ganancias una vez que tienen la concesión, reduciendo el costo del mantenimiento de cada reo (en México algo parecido pasa con los peseros, como no pueden competir en precios, compiten sólo en costos).

La tercera objeción es que sólo el Estado tiene la legitimidad para castigar a las y los ciudadanos, y no puede ceder tal responsabilidad a privados. La Suprema Corte de Israel (el único tribunal constitucional que ha atendido el tema), llegó a la conclusión de que la privatización de cárceles viola varios preceptos constitucionales: la soberanía del Estado como el único autorizado en la violación de la libertad de quienes cometen crímenes; la dignidad de las personas que son encarceladas pues la persecución de objetivos con fines de lucro, va en contra de los objetivos penales que son público y no privados.

En un texto en apoyo a la resolución de la corte israelí, el filósofo Michael Walzer escribe:

En este caso, el estado otorga lo que no puede otorgar legítimamente, la prerrogativa para castigar, o usar la fuerza coercitiva en contra de quienes violan la ley. Dado que el encarcelamiento es parte del proceso criminal de justicia y deriva directamente de las decisiones de la corte, las prisiones privadas pueden poner en cuestión, también, las decisiones de las cortes.

Por todas estas razones vale la pena que quienes hacen propuestas de política pública tan importantes consideren, discuten y evalúen seriamente las consecuencias de lo que proponen. Es una lástima, y un gigantesco riesgo, que el proceso de privatización que ha empezado el gobierno mexicano se haga sin un diagnóstico ni un cálculo sobre las consecuencias esperadas. Sobre todo porque muchos de los problemas de las cárceles en México tienen que ver con cómo funciona el sistema de justicia, y no como funciona en sí el sistema penitenciario. El gobierno bien podría empezar por un diagnóstico que vaya en el mismo sentido que el que publica este mes en Nexos Eduardo Guerrero,  antes de garantizar ingresos por 20 años a varias empresas. También no sobraría empezar con  las siguientes preguntas: ¿por qué están en la cárcel hoy en México quienes están en la cárcel? ¿por qué y para qué los encarcelamos? ¿cuáles son las consecuencias del encarcelamiento?