Es verdad que las encuestas no son pronósticos. Pero es cierto y pertinente que se espere de un ejercicio realizado en fecha cercana a una elección que arroje datos próximos a lo que se registre en las urnas y que, con ello, valide la historia que narró con una serie de mediciones.

En 2012, muchas de las series de encuestas sobre la elección presidencial no cumplieron ese cometido, pues al final sus estimaciones resultaron alejadas del resultado, poniendo en duda no sólo la medición al cierre, sino lo reportado a lo largo del proceso.

Se ha descartado un sesgo muestral como origen de estos desaciertos, bien sea con los datos arrojados por conteos rápidos o mediante ejercicios realizados por las propias encuestadoras. Y el relativo éxito de las encuestas de salida elimina como factor explicativo un ocultamiento sistemático del sentido del sufragio por los informantes.

La hipótesis de que se trató de un súbito cambio en las preferencias durante el período de reflexión o en la misma jornada electoral carece de evidencia, a menos que se asuma que las mediciones previas eran correctas, que es precisamente lo que se cuestiona. Este argumento es más endeble dado que las variaciones a lo largo de las series mostraban cambios menores que dificultan sostener que hubo un pronunciado cambio en pocos días.

Viendo que varias casas encuestadoras realizaron mediciones con idénticos procedimientos en elecciones locales que produjeron datos certeros, sería impropio pensar que se trata de problemas de diseño de cuestionarios, métodos o controles de trabajo en campo o formas de acopio y procesamiento de los datos.

Pareciera pues que solamente queda una hipótesis posible de sostener: la mayoría de las encuestas estaban reflejando eficientemente la distribución de preferencias en el momento en que tomaron los datos, para la población observada, pero esta población no correspondía con la relevante para fines de anticipación del resultado.

Todas las encuestas publicadas partieron de la observación de muestras de ciudadanos con derecho a votar. Sus datos observados corresponden a esta población.

Para el cálculo de las “preferencias efectivas” asumieron dos supuestos: que quienes no definían una intención de voto tenían una elevada probabilidad de abstenerse y que el segmento definido reflejaba adecuadamente las preferencias de quienes irían a votar, aunque fuera más de ochenta por ciento de entrevistados y se esperara una participación veinte puntos inferior.

Este último supuesto resultó falso: votantes y abstencionistas con preferencia declarada no tuvieron una distribución similar.

Algunas casas advertían este problema y recurrieron a modelos de “votantes probables”. De cuatro casos, solamente uno tuvo éxito en su tarea; lamentablemente, fue la misma casa que seis años antes, con similar ejercicio, resultó la menos próxima en sus estimaciones previas.

La evidencia, entonces, obliga a reconocer que las encuestas electorales hoy día, en México, son una herramienta científica con alcance limitado para anticipar la distribución esperable de la votación. Si bien pueden informar del reparto de preferencias de la ciudadanía, no pueden aproximar las orientaciones del voto, por carecerse de un modelo de decantación que permita invariablemente el paso correcto de electores a votantes.

Reconocido el límite, queda la tarea de buscar y probar un modelo que satisfaga este requisito, si es que existe. De no tenerlo validado, las encuestas públicas electorales debieran privilegiar el reporte de lo observado, sin asumir supuesto alguno. Y que cada lector realice el ejercicio de interpretación que desee de los datos aportados.

Ello no invalidada que cada firma pueda aportar a sus clientes, en lo privado, los cálculos de preferencias excluyendo la no respuesta o los modelos de votantes probables que construya. Sólo acotaría lo publicable, para homogeneizar reportes y evitar que se difundan datos que partan de supuestos no corroborados que pudieran resultar equívocos.

Ricardo de la Peña. Presidente Ejecutivo de ISA.