La larga estela del escándalo Bryce Echenique sigue echando algunas chispas en la FIL y en la prensa (ver aquí, acá y acá). Ya no hay nada que discutir acerca de si premiarlo o no (su cheque ya ha de estar depositado en el banco). Si el escándalo aún continúa es porque hay una dimensión crucial en el debate que no tiene que ver con las calidades del autor o del jurado, sus hábitos de producción o la poca gracia con la que enfrentó la adversidad. A pesar de que esta publicación (Nexos) fue víctima recurrente de los “plagios inteligentes” y los “plagios serviles” que desataron la polémica, en realidad, el autor galardonado no es tan importante como las consecuencias y motivaciones que la acción del Estado y de las instituciones tienen y pueden tener en casos como estos. A fin de cuentas, bromeó bien Alberto Ruy Sánchez cuando preguntó al público “¿y quién es Bryce Echenique?”. En el fondo éste fue –sobre todo- un problema institucional.

La Comisión de Premiación del galardón (que no el jurado elector) estuvo compuesta por representantes de aquellos que organizaron y financian el premio: las principales instituciones culturales de la federación (CONACULTA y FCE), del estado de Jalisco (Secretaría de Cultura y Universidad de Guadalajara), del ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara y de las compañías privadas que donan parte del premio total y de la feria literaria que enmarca el galardón. Todas estas autoridades se han comprometido a reconocer como inapelable el veredicto del jurado sobre quién debe recibir el premio, pero sólo dependió de ellos (y no del jurado) erogar el dinero que acompañó el reconocimiento. Son dos cosas diferentes. No fue ni es un deber menor decidir si una decisión colegiada y subjetiva de un jurado debe estar acompañada de una transferencia de fondos públicos y privados.

Las autoridades estatales y universitarias tienen mandatos que guían sus deberes y enmarcan las consecuencias que deben esperar de su acción pública (deberes distintos a los del jurado). Reconocer a un individuo sobre otros tiene el objetivo de premiar aquél mérito que sea ejemplar para los lectores, escritores y ciudadanos en general. Tiene una dimensión pedagógica: señalar a quien merece ser leído por todos y emulado por muchos. Nos pueden ignorarse las consecuencias sociales de la dimensión pedagógica. En este caso, los representantes universitarios como el Sr. Padilla no pueden ignorar la posición incómoda que hay entre ser una autoridad que premia en la FIL a un autor que se ha comportado de maneras que, en su propio ámbito universitario, le merecerían una sanción general.

Por otro lado, las autoridades de los órganos de cultura tienen un deber adicional con la ciudadanía: proteger a los débiles, a los lectores que miran con respeto a la autoridad moral y social que se desprende de la autoría, defenderlos de la posibilidad del engaño, de las faltas al pacto de confianza entre autor y lector, defender a una persona de la apropiación injusta de ideas que originalmente pertenecían a otro ciudadano. Este criterio debería haber sido principal en la reflexión de las autoridades. Transferir presupuesto público a manos privadas no puede ignorar este deber.

Estas mismas autoridades tampoco deben pasar por alto los efectos de la separación de la tarea periodística de la noción de “obra literaria”. Al  privilegiar la ficción sobre el periodismo se cometió el error de categorizar la obra periodística como “no galardonable”, se sobaja así un género que puede alcanzar calidades literarias sobresalientes y que tiene un función cívica tan o más importante que la ficción.

Por último, las instituciones de interés público viven no sólo de sus mandatos, sino también de su legitimidad social. Y he ahí el fantasma que les dejó Bryce a las instituciones que tocó (incluido el diario El País que le celebró por triplicado su “Qué se jodan” y que aún sigue pagando las consecuencias). El buen nombre de un premio y de las instituciones que lo respaldan también debe ser prioridad cuando se considere la inversión social que significa distinguir un autor sobre otros. Y ésta lógica de cuidar el prestigio del premio no sólo es una tarea de la autoridad sino también un interés muy natural de las compañías privadas que financian parcialmente el premio. Sería natural esperar que su interés en un premio con prestigio decreciente no sea igual de entusiasta para los inversionistas en los años por venir. Ojalá el Premio FIL haga algo para que no sea el caso en 2013.

Cuando el equipo de redacción de Nexos notó que se habían publicado textos firmados con nombres distintos al del autor original, se tomó la decisión de no volver a premiar el trabajo periodístico de un autor que había tratado mal a los lectores — y que ponía un mal ejemplo para los demás autores. Fue una decisión de autoridad, correcta en mi opinión, pues existen algunos deberes de autoridad que son anteriores a premiar o publicar un texto –por bueno que sea. Las instituciones deben sostenerse y el prestigio es un capital social que se cuida y que no debe arriesgarse a la ligera, pero las instituciones también (quizá más importante) deben ser responsables en cómo y para qué ejercen la autoridad. En este caso, el daño a la reputación, el fracaso de las dimensiones pedagógicas del premio y el mandato de defensa del lector no debieron haberse ignorado. La próxima vez que estas instituciones decidan acompañar al jurado y apechugar el costo de premiar a un genio irresponsable y antipático, y resolver de forma geográfica, ya no piensen ni en Guadalajara ni en Lima ni en Madrid, mejor manden el dinero por paquetería a la isla de Clipperton y que ahí lo pasen a recoger.

Mario Arriagada Cuadriello.