Imagen: La Jornada

Grupos de individuos armados con el rostro cubierto han decidido tomar la justicia en sus manos. Si bien su aparición se reporta en los medios de comunicación desde fines del año pasado, el fenómeno y su notoriedad parecen estar al alza. Hay quienes señalan que desde 1995 existe el fenómeno, principalmente relacionado con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Independientemente de los cerca de 20 grupos de la CRAC en Guerrero, han surgido hasta hoy más de 36 asociaciones armadas en 8 Estados más. Aún en Guerrero, donde “la Comunitaria” lleva más de 15 años hoy vemos comunidades formando grandes jurados y presentando grandes grupos de detenidos por primera vez.

Los defensores de la idea de que puede existir un “monopolio” legítimo de la fuerza, desde sus diferentes papeles, no tardan en condenar su existencia. Algunos llaman más la atención que otros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos descarta cualquier justificación para la autodefensa comunitaria. La oposición habla de una amenaza al Estado de Derecho y exige al gobierno su desarticulación, su sociedad civil los secunda[1]. El Estado minimiza el fenómeno señalando que no es nada nuevo bajo el sol y preparan sus estrategias de negociación con el discurso de respeto a la autonomía y ataque a los problemas socio-económicos “de fondo”.

Quisiera aprovechar esta entrada para compartir con ustedes una defensa de la idea de que todo individuo tiene el derecho a armarse con el fin de la autodefensa. De manera más específica, para no parecer más fundamentalista que lo necesario: en comunidades del interior de la República que han sufrido la violencia y de la ausencia de la “garantía” estatal (que supuestamente legitima todo esto) tomar las armas y defender lo propio debe ser legítimo ante la mirada de una sociedad que pretende ser libre. Estamos ante un suceso que invita al debate y la reflexión sobre la legitimidad del monopolio de la fuerza y la autonomía indígena en México, aquí una primera invitación a la discusión.

En realidad sabemos poco de lo que sucede, pero no es de sorprender que los medios tengan dificultades para conseguir información sobre tantos eventos que en tantos lugares ocurren por primera vez. Pero a diferencia de lo que recordamos sobre aquel reclamo de justicia orquestado por encapuchados desde los Altos de Chiapas, el común denominador de estos reclamos parece ser más sencillo: la sociedad ejerce el derecho a procurar su seguridad ante la incapacidad del Estado para garantizar ese servicio. Sabemos eso, pero no sabemos cómo pretenden hacerlo ni de qué manera procurarán justicia; de entrada sería peligroso hablar de una generalidad entre las diferentes dinámicas. Una vez reconocidas mis limitantes para hablar sobre lo que en pasa específicamente en cada modelo de justicia comunitaria, comienzo su defensa.

Como punto de partida quiero diferenciar mi argumento de aquel elaborado en defensa de la autonomía indígena como crítica “fundamental” que el EZLN inspiró al multiculturalismo. El intercambio entre Luis Villoro y José Antonio Aguilar sobre su significado como crítica al sistema giraba en torno a la idea de un reclamo fundamental contra el sistema social, político y económico; si éste era legítimo o no. Aquí el debate me parece más sencillo. La gente está cansada de no contar con un marco institucional que minimice las violaciones al principio de no agresión. Lejos de las preocupaciones culturales de los multiculturalistas, o del ostracismo socio-económico que reclaman los progresistas, estas comunidades quieren garantizar su seguridad frente a grupos armados, ¿es esto legítimo o no?

Desde mi perspectiva donde existe el derecho individual a poseer armas y a la legítima autodefensa, es a todas luces legítimo. Como libertario considero que las armas no son malas per se, así que gente armada tampoco puede serlo. Los libertarios también reconocemos la imposibilidad real que enfrenta el Estado para garantizar nuestra integridad todo el tiempo (así como lo indeseable que sería un Estado policía capaz de hacerlo). En última instancia, el libertario también reclama que un arma puede posibilitar nuestra defensa cuando quienes poseen el “monopolio legítimo” de la violencia deciden violar nuestros derechos.

Por eso encuentro poco sentido en el rechazo que han tenido los grupos de autodefensa entre personas que supuestamente defienden el interés de la sociedad civil. Parece que confunden el reclamo actual con el multicultural de antes. Cuando Alejandro Martí o Maria Elena Morera, activistas en materia de seguridad declaran cosas como “si cada quien puede regirse por la ley que quiere ¿qué México podemos esperar?” olvidan que comparten la misma idea de una mejor sociedad: donde no somos impotentes ante la agresión del crimen organizado. Me pregunto si alguno de los dos, ante el contrafactual donde se arman y evitan sus respectivas tragedias, seguiría sin reconocer el derecho a la autodefensa armada.

Es difícil saber las características de cada sistema judicial comunitario, pero inclusive las agrupaciones que defienden el código de usos y costumbres adheridas a la CRAC justifican su surgimiento en la inseguridad que perjudicaba a habitantes, comerciantes y productores de la zona. De igual manera, Huamuxtitlán, Temazcaltzingo, Olinalá y otras comunidades con policías recién nacidas reclaman seguridad y justicia. No hablan de justicia social, se refieren a justicia en el sentido básico donde nadie te quita lo tuyo, tu vida, tu integridad y tu propiedad. Ese es el corazón de esta defensa y debería llamar la atención de quienes defienden la liberad e integridad humana.

En general, es legítimo que un grupo de individuos decidan tomar en sus manos la administración de seguridad y justicia del territorio donde radican. El detalle está en observar cómo se desarrollan las diversas variantes institucionales. Sobre qué hacer ante la diversidad de sistemas que podrían surgir y como tratar sus deficiencias desde la perspectiva de una sociedad libre no queda más que la comparación y el debate.

Como advertencia a los inconformes del sistema penal en México tentados en abrazar sin reservas los sistemas alternativos: los sistemas judiciales comunitarios pueden estar igual o más sujetos al error que el oficial. La preponderancia del testimonio de la víctima en él proceso, considerar la venta de droga como delito mayor (a la par del asesinato y secuestro), así como algunos esquemas de “reeducación” son algunos rasgos presentes en algunas comunidades que deben provocar debate sobre sus principios legales.

Esteban González. Politólogo del CIDE e integrante del MLM.


[1] Por “su” me refiero a que es la sociedad civil más interesada en acercarse al gobierno que en impulsar soluciones reales a los problemas.