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Votos y estabilidad política a cambio del control de las plazas docentes, fue la base del acuerdo político-corporativo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno. Ese pacto data desde los años 40.

El arreglo concatenó privilegios: el SNTE como representante exclusivo de las relaciones laborales de los maestros; el SNTE con afiliación automática y cobro de cuotas a cargo del gobierno; el SNTE con una burocracia multimillonaria financiada con el dinero educativo; el SNTE con el poder de cooptar, si no aplastar, disidencias para controlar al magisterio; el SNTE con el poder de distribuir políticamente los créditos de vivienda entre los maestros (y en no pocas veces malversarlos); el SNTE colonizando las secretarías de educación; el SNTE beneficiándose del desvío de recursos educativos; el SNTE con el poder de decisión sobre el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos, los bonos y la evaluación de los profesores. El SNTE con la complicidad de los gobiernos.

Este poder cobijó los liderazgos de Jesús Robles Martínez (1949 a 1972: 23 años); el de Carlos Jonguitud Barrios (1972-1989: 17 años); y el de Elba Esther Gordillo Morales (1989-2013: 24 años). Contra ese poder hegemónico nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La fundación de la CNTE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el marco de la Primera Asamblea Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE los días 17 y 18 de diciembre de 1979, fue para “coordinar las grandes movilizaciones magisteriales por democracia sindical, mejores salarios y rezonificación […] Surgió como una fuerza de trabajadores de la educación nacional, autónoma, independiente del Estado y de cualquier partido político”. En su andar, “al menos 152 maestros democráticos fueron asesinados o desaparecidos” (La Jornada, 30-VIII-2002).

Con la legitimidad de una lucha desigual contra del régimen en las zonas más pobres del país, así como las reivindicaciones históricas en favor de la dignidad del maestro mexicano, la CNTE logró ocupar posiciones importantes en el magisterio. Del 17 de abril al 15 de mayo de 1989 vivió su esplendor con una huelga nacional que precipitó la caída de Jonguitud y contribuyó a que mejoraran las perspectivas salariales de los maestros luego de una década de recortes al presupuesto público. Como expresión disidente dentro de la misma SNTE, a la fecha tiene sus bastiones en las secciones 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, 9 del Distrito Federal, 14 de Guerrero, 7 y 40 de Chiapas, así como fuerte una presencia en Hidalgo, Morelos, el Valle de México y Zacatecas, entre otros.

En ese contexto histórico, la CNTE se hizo del poder de la Sección XXII del SNTE en Oaxaca. Lejos de desmontar el andamiaje que permitió el control de la cúpula del SNTE por décadas, la disidencia magisterial la perfeccionó. Ejemplo de ello es la minuta firmada el 28 de octubre de 1992 entre el gobernador Heladio Ramírez López, el procurador de Justicia Gilberto Trinidad Gutiérrez, el secretario de gobierno (y titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca –IEEPO) Lino Celaya Luria y el secretario general de la Sección XXII del SNTE, Erangelio Mendoza González, así como el secretario de organización Heraclio Espinoza Hernández. En esta minuta, el gobierno entregó concesiones al sindicato, mismos que perduran a la fecha.

La CNTE consiguió tener para el disfrute de futuras generaciones el control de la justicia penal, de las plazas docentes, de los nombramientos de la IEEPO y un acceso ilimitado a recursos.

La justicia. En efecto, la Minuta estableció que el gobierno crearía una “Agencia del Ministerio Público Especial” con la función de “investigación y persecución de ilícitos que tengan como ofendidos y víctimas a trabajadores de la educación”. En el Acuerdo Tercero, se establece que en “la integración de la agencia ministerial, se contará con la coadyuvancia, en averiguación previa y procedimientos penales, de tres abogados designados por la Sección XXII del SNTE, cuyos honorarios serán cubiertos por el gobierno del Estado”. Para cerrar la pinza, en el Acuerdo Cuarto el gobierno se compromete a entregar a la representación sindical la información del estado que guarde toda averiguación previa y procedimiento penal relacionado con el magisterio. Si bien al inicio esto tenía el propósito de avanzar en las investigaciones de los crímenes en contra de maestros, con el paso del tiempo se convirtió en una eficiente máquina de impunidad.

Las plazas. Otra joya de la corona es el control de las plazas y de la dependencia encargada de regir los destinos de la educación. Para tal efecto, a los reglamentos vigentes desde los años 40 que dieron poder al SNTE “charro”, en la Minuta se sumó el Acuerdo Décimo en el que “el gobierno del estado, por conducto del IEEPO y conforme a la legislación aplicable otorgará un banco de plazas como patrimonio de la Sección XXII del SNTE” (subrayado propio). A su vez, los acuerdos Decimoprimero y Decimosegundo instituyen que “se respetará el procedimiento ya instituido en la selección y nombramiento de funcionarios de los distintos niveles educativos” de la estructura orgánica de la dependencia al tiempo de que “la selección y nombramiento futuro de funcionarios del IEEPO como resultado de las propuestas de la representación seccional, serán respetadas en la forma y términos acordados con antelación”. Como consecuencia de este acuerdo, acorde con fuentes gubernamentales el 98 por ciento de los actuales funcionarios de la IEEPO fueron nombrados en su momento por el sindicato.

El dinero. El Acuerdo Quinto obliga al gobierno del estado a entregar recursos económicos suficientes para los proyectos de actualización docente “tomando en consideración las propuestas magisteriales”, así como dotarles gratuitamente de materiales de estudio, apoyos didácticos, estímulos económicos y académicos a través de una comisión mixta Sección XXII-IEEPO. El Octavo busca ampliar el “Fondo de Arraigo Comunitario” y el gobierno se comprometió a comprarles o edificarles un inmueble para el sindicato. También se obligó a entregar becas para los hijos de los trabajadores de la educación con la salvedad de que “el procedimiento para la selección y otorgamiento de las becas es responsabilidad del Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE” (Acuerdo Decimotercero). También el gobierno debe instaurar un programa para la construcción o remodelación de casas del maestro así como “paquetes de materiales destinados a la construcción de viviendas para los trabajadores de la educación” con la apostilla de que “los procedimientos de distribución serán ejecutados por el Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE” (acuerdos Decimoquinto y Decimosexto). Ni hablar de una racionalidad de política pública, de transparencia o de rendición de cuentas. Son conquistas y ya.

El buen uso del dinero para semejante intervención no es su fuerte. Tan solo en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en Oaxaca por 631 millones de pesos. La letanía del despilfarro es larga: recursos no transferidos; intereses generados cuya aplicación se desconoce; pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por diversos conceptos de gastos de operación y nóminas; pagos de compensaciones no autorizadas derivadas de acuerdos entre la Sección XII del SNTE y el gobierno; pagos indebidos a trabajadores comisionados al sindicato; pagos a trabajadores que ocuparon un cargo de elección popular en el estado, y pagos a trabajadores no localizados en visitas a centros de trabajo. Ante esto, el silencio.

Pasan los años y la CNTE preserva el control de los docentes. Uno de sus mecanismos es aplicar prácticas discriminatorias en las convocatorias a plazas en el sector educativo en franca violación al marco de derechos humanos que dicen defender. Por ejemplo, para acceder al subsistema de Telesecundarias, la IEEPO/CNTE dice con claridad que “no podrán participar en este proceso de selección los alumnos egresados del Centro de Estudios Superiores de Tuxtepec” o para acceder al puesto de la Subjefatura de Proyectos Académicos del Departamento de Escuelas Telesecundarias “no podrán participar los que hayan hecho labores contrarias a nuestro MDTEO [Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca] ó haber militado en la espuria sección 59 ó en vanguardia revolucionaria” (sic). El aviso es claro: toda disidencia será castigada. La autoridad educativa es un adorno. La educación “pública” es de la CNTE.

Quizá la práctica más peculiar es la exigencia de una constancia de “participación sindical” de “mínimo” 80% para poder partcipar siquiera a las convocatorias. Por ejemplo, para acceder a un cambio de zona en las Telesecundarias se pide como requisito:

“3. Original de la constancia de participación sindical, que ampare el 80% como mínimo, firmada por el Secretario General, Organización y de Conflictos del Comité Ejecutivo Delegacional (documento exclusivamente para cambio de zona). Dicha constancia vendrá respaldada con el Acta de Asamblea Delegacional donde le fue asignada la participación sindical y con el tabulador delegacional. Con el Vo. Bo. del representante sectorial. No podrán asignarse puntajes del 100%.

4. No se aceptarán constancias de participación sindical expedidas por los sectoriales u otras instancias sindicales.”

Asimismo, en las convocatorias señaladas se exige a los “concursantes” la presentación de una “Constancia de Desempeño Laboral con un mínimo del 80%. respaldado con el tabulador sind. (sic) con el vo. bo. del Representante Sectorial”, lo cual garantiza al sindicato el control de la evaluación docente. Lo académico, lo profesional, es secundario.

La generosidad es latente. En diversas entidades federativas subsiste la histórica práctica de la herencia de las plazas. Es un mecanismo muy eficaz para ganar lealtad política. En Guerrero, el 24 de mayo de 2012 el sindicato y el gobierno firmaron el Modelo Normativo para la Operación de Recursos Humanos. “Todo un triunfo” calificó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) (La Jornada Guerrero, 25-V-2012). Ahí se fija que “para jubilaciones, defunciones, renuncias y demás incidencias, el trabajador podrá proponer a un tercero, mismo que deberá contar con el perfil profesional correspondiente al nivel educativo donde se da la incidencia. En referencia a las plazas adicionales se podrán asignar de acuerdo a las necesidades del servicio educativo y estrictamente frente a grupo”, pero cuando “se trate de plazas de jornada (docentes, directivas, de supervisión, jefaturas de sector y jefes de enseñanza), deberán de generarse los corrimientos correspondientes (cadeneos) para que la plaza directiva, de supervisión, jefe de sector y jefe de enseñanza sean asignadas conforme a derecho, para finalmente considerar al familiar consanguíneo o cónyuge en la plaza inicial correspondiente”.

Hoy la CNTE busca ser la representante exclusiva de las relaciones laborales de los maestros, con afiliación automática y cobro de cuotas a cargo del gobierno; la CNTE cuenta con una burocracia multimillonaria financiada con el dinero educativo; la CNTE tiene el poder de cooptar, si no aplastar, disidencias para controlar al magisterio; la CNTE tiene el poder de distribuir políticamente los créditos de vivienda de los maestros; la CNTE ha colonizando las secretarías de educación; la CNTE se ha beneficiado del desvío de recursos educativos; la CNTE tiene el poder de decisión sobre el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos, los bonos y la evaluación de los profesores. La CNTE se ha convertido en todo aquello contra lo que alguna vez luchó. La CNTE, como la cúpula del SNTE, disfrutó de un enorme poder al privatizar de facto la educación pública, poder que ahora está amenazado por la Reforma Educativa.

Alberto Serdán Rosales. Integrante de Mexicanos Primero.

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