transparencia

El día de hoy, la SCJN discutirá sobre el acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Tiene enlistado, en el número 3 de los asuntos para la discusión, un amparo en revisión que deriva de una solicitud de acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales de la LXI Legislatura, que fue negada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En 2011, para evaluar la transparencia de la Cámara de Diputados, en Fundar pedimos versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los diputados. La ASF, responsable de su resguardo, negó la solicitud por no tener la facultad para entregar esa información y, después de un recurso de revisión, la negó por la protección de datos personales y la facultad exclusiva de los funcionarios públicos para hacerlas públicas.

Interpusimos una demanda de amparo para reclamar que esa discrecionalidad, puesta en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, resulta contraria a los artículos 1, 6, 133 y 134 constitucionales. La primera instancia negó el amparo sin realizar un ejercicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información y el de protección de los datos personales, por lo que presentamos un recurso de revisión y pedimos que la Suprema Corte atrajera el caso. La segunda instancia declaró que la materia no era de su competencia y envió el asunto a la SCJN. El asunto fue turnado a la ponencia del Ministro Cossío, quien pidió que su proyecto se discutiera en el Pleno y no en la Primera Sala.

¿Por qué es importante la discusión?

Se percibe que la corrupción es un problema que se extiende entre los responsables de las funciones públicas. Por ello son necesarios los instrumentos que permitan controlar y vigilar los actos de gobierno y el desempeño de los servidores públicos y, de esta forma, fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de quienes están en el servicio público.

Andreas Schedler dice que la rendición de cuentas “implica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: lo obliga a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones” (p. 13 del hipervínculo anterior). El control sobre el ejercicio del poder se basa en la disponibilidad de información, según Simeon Djankov, para exponer las inconsistencias entre las conductas y lo informado, lo que llevaría, en el mejor de los casos, a confirmar la probidad de las y los servidores públicos o, por el contrario, terminar en sanción.

Las declaraciones patrimoniales son instrumentos para la transparencia y la rendición de cuentas. Por un lado, permiten conocer el estado financiero y los cambios en la situación patrimonial, lo que facilita la prevención y la detección de delitos asociados a la corrupción. Por el otro, sirven para prever conflictos de interés pues ayudan a entender los motivos de las y los funcionarios para involucrarse en algún asunto particular y vigilar que estén alineados con el interés público y no con beneficios privados.

Es problemático que no haya versiones públicas porque la autoridad encargada del control puede ser insuficiente (por omisa, falta de recursos o de legitimidad), por lo que resulta oportuna la implementación de elementos externos con la misma calidad democrática, como el control ciudadano.

¿En verdad debe ser público el patrimonio de los servidores públicos?

En contra de la publicidad de las declaraciones está su estatus relativo de información confidencial – por incluir datos personales – y la idea de que hacerlas públicas puede poner en riesgo la privacidad y la seguridad de los servidores públicos. Como cualquier individuo, los responsables de los asuntos públicos tienen derecho a que sus datos personales se resguarden. La ley establece que hay información más sensible que otra es decir que hay datos que tienen más probabilidad de poner en riesgo a una persona. Al mismo tiempo hay información de los servidores públicos que, debido al carácter de su cargo, se considera de interés público porque tiene implicaciones en el desempeño de sus funciones.

La tensión es evidente y la distinción puede resultar complicada. Para que cualquier información se considere de interés público debe valorarse cuál es el riesgo probable al develarla y compararse con los beneficios de su divulgación para la vida pública: según Fernando Escalante, “en este como en tantos otros casos, la evaluación técnica de los hechos… supone la definición de aquellos bienes que la colectividad considera valiosos, fundamentales, indispensables, es decir, de interés público (p. 12 del hipervínculo anterior).

Al sujetar la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos a su voluntad, se vulnera el sistema de excepciones en el acceso a la información pública, porque no se realizan la prueba de daño y la prueba de interés público. No hay evidencia que sustente que se pone en riesgo la seguridad personal de un servidor público, lo que significa que la protección de datos personales contenidos en la declaración patrimonial de los servidores públicos conlleva, implícitamente, una resolución a priori del supuesto daño.

En México ya hay legislación nacional que favorece la divulgación: en Aguascalientes no se considera información confidencial y en Chihuahua es una obligación de transparencia. Hay ejemplos internacionales: destaca la Ley 5ta. de 1992 Reglamento del Congreso de Colombia, la cual define que “el Secretario General… hará público el registro de intereses privados, en el cual los Congresistas señalan la información relacionada con su actividad privada: su participación en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y similares, o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, en el país o fuera de él.”

La preocupación por la seguridad personal de los servidores públicos debe discutirse de manera responsable. Desde la perspectiva de la ética en la función pública, cualquier medida preventiva debe tener al interés público como criterio principal de decisión. En las declaraciones patrimoniales hay información que no es relevante para detectar y prevenir el enriquecimiento ilícito o los conflictos de interés, como los domicilios de las propiedades o los números de las cuentas bancarias, y que puede mantener su estatus de confidencial.

Lo que sí es importante conocer es lo que permita saber si hubo una variación anómala en la situación patrimonial, como los montos de las cuentas, y si puede haber intereses particulares que pueden contravenir el enfoque público de sus funciones – participación en empresas privadas. Una versión pública protege la información confidencial, incluyendo los datos personales, pero mantiene la garantía de conocer el resto de información que es de acceso público.

La discusión en la SCJN puede significar la posibilidad de contar con criterios favorables para el interés público, lo que también fortalecerá la defensa del principio de máxima publicidad y del derecho de acceso a la información pública. La publicidad de las declaraciones constituye un acto republicano de transparencia y rendición de cuentas porque permite entender los motivos de las y los funcionarios para involucrarse en algún asunto y vigilar que estén alineados con su mandato.

Guillermo Ávila es investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.