VS-Székely731

Mucho es lo que se puede decir sobre la reforma hacendaria presentada por el presidente Peña. Desde mi punto de vista, cualquier cosa que se opine puede caer dentro de tres grandes temas: aciertos, errores y motivaciones. Es dentro de estos temas que se requiere de un profundo conocimiento para poder opinar sobre lo que las reformas beneficiarán o no a la economía nacional y mucho más se necesita para poder hacer predicciones sobre nuestro futuro inmediato. Y es el afán de calificar la iniciativa de reforma hacendaria lo que empuja a que el debate se centre en lo que es más accesible: impuestos, bien estudiados por la teoría económica y regímenes fiscales bien conocidos por contadores y abogados. Sin embargo poca atención se le está prestando a otro protagonista de la reforma,  el motor que impulsa a nuestros funcionarios públicos a presentar una reforma tan ambiciosa y que en este caso tiene dos caras: corregir el pobre desempeño de la economía nacional, viciada por altos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, para llevarla a niveles similares a los de países miembros de la OCDE y generar financiamiento para el sistema de seguridad social universal.

No pretendo profundizar en la primera motivación. Mejorar la situación económica es algo deseable a todas luces y los caminos para lograr tal mejora suelen ser engañosos, por lo que hacer predicciones en esto punto resultaría irresponsable. Es más, resulta tan difícil saber si funcionará o no que muchas políticas (como gravar ganancias de capital o seguros de desempleo) se justifican con decir que es lo que los otros países de la OCDE hacen. Sin embargo, el financiamiento del sistema de seguridad social universal me resulta preocupante y es en él donde hallo un error que anula los aciertos.

Es sabido que el gobierno del presidente Peña comparte en cierta medida la visión de Santiago Levy en cuanto a la necesidad de implementar seguridad social universal (de aquí en adelante SSU) para contribuyentes y no contribuyentes. La visión de Levy indica que las cuotas obrero-patronales en conjunto con los programas sociales para la población abierta (Seguro Popular, entre otros) generan incentivos a la informalidad ya que se comportan como un impuesto al empleo formal y un subsidio al empleo informal. Por lo tanto para corregir lo anterior hay que eliminar las cuotas obrero-patronales y crear un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos generales para eliminar el incentivo a la informalidad. El gobierno de Peña no comparte la idea de desaparecer las cuotas obrero-patronales pero sí crear un sistema de SSU. Usando este sistema, se pretende obtener mayor equidad y productividad mediante una serie de incentivos (seguros de salud, invalidez, vida, desempleo y contribuciones complementarias al ahorro) para reducir los altos niveles de informalidad.

Suena bien, ¿no? El tema ahora es calcular cuánto costaría este esquema de incentivos para poder agregarlo al gasto en salud y pensiones. Se puede calcular cuánto dinero más nos costarían los incentivos previamente mencionados conociendo cuánto se desea aportar a cada trabajador, tanto a los informales como formales. Ahora sólo necesitamos agregar el gasto en salud y pensiones necesario para el próximo año y ya se tiene todo para solicitar un presupuesto. El problema es que los costos en salud son desconocidos. Así es, el gobierno hoy en día desconoce las necesidades presupuestales del sector salud.

Si se preguntan cómo otorga entonces el presupuesto en salud, la respuesta es simple: ver cuánto se gastó el año pasado. Pero ni siquiera eso se usó para estimar los costos, sino que utilizaron los ingresos actuales del IMSS, los cuales son menores a los costos, ¡por lo que el cálculo es deficitario! Esa es la metodología que Santiago Levy usó para estimar los costos en su sistema. Esa metodología es la que guía el cálculo de cuánto dinero vamos a necesitar para financiar la SSU y esa metodología es la que justifica en parte la serie de impuestos y cambios estructurales presentados en la reforma. Si no les resulta alarmante, permítanme dejar en claro el porqué debería. Usando el cálculo de ingresos históricos no se tiene una dinámica que permita ajustar ante fenómenos demográficos ni epidemiológicos. El modelo de Levy sugiere que el costo de la SSU se eleva a los 3.3% del PIB para el futuro inmediato, mientras que investigaciones reconocidas por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas[1] sugieren que la demanda efectiva por servicios de salud representará este año más de 5.0% del PIB, con un aumento progresivo cada año, es decir, el costo real estaría muy por encima de lo estimado por los ingresos históricos. Por suponer que los ingresos de años pasados explican suficientemente bien los costos futuros, nos enfrentaremos a un déficit presupuestal nada despreciable en el corto plazo. Si aún no están preocupados, temo decir que las malas noticias no terminan en un balance deficitario. Estimaciones erróneas generan problemas graves y como claro ejemplo tenemos el caso de Europa, en donde todos sus sistemas de seguridad social están quebrados o sin irnos tan lejos, el caso de Estados Unidos. Ambos cometieron errores a la hora de estimar los costos de sus sistemas de seguridad social y ahora están pagando el (elevado) precio.

Si además agregamos que el apetito por déficit en la balanza nacional sugiere que éste se financiará con deuda y cuando los costos en salud rebasen lo previsto, se verá en necesidad de aumentar el monto de la deuda, por lo que el plan de tener déficit cero para el 2017 se verá más que improbable por no decir imposible. Si agregamos un escenario económico global desfavorable, las tasas a las que emitimos deuda tendrán que subir. Es decir, en lugar de reducir el déficit, éste aumentará con los años. Por lo que México perderá su atractivo ante inversionistas globales.

La estimación de los costos en salud es algo que debe tomarse con toda la seriedad – ya tenemos varios sistemas de seguridad social quebrados por malas estimaciones (IMSS, ISSSTE, PEMEX, etc.) – No necesitamos un fracaso más en nuestra memoria.

Gerardo Flores es analista financiero.


[1] López Castañeda, Carla Beatriz. “El Costo de un Sistema de Seguridad Social Universal basado en la demanda efectiva por servicios de salud públicos”. Tesis de Licenciatura. Instituto Tecnológico Autónomo de México. Mexico D.F. 2013