pecho

El viernes 16 en la mañana, un grupo de personas interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de la campaña “No le des la espalda, dale pecho”, presentada el miércoles pasado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

La campaña ha causado revuelo por múltiples razones. Una, es que parece recurrir a una imagen sexualizada de la lactancia, a la par de que censura, paradójicamente, lo que se supone es el centro de su mensaje: el acto de amamantar a un bebé. Otra es que representa mujeres cuyos cuerpos distan de ser los de una mujer que de hecho amamanta; por no decir que incluye sólo un tipo de cuerpo: el de mujeres blancas, delgadas, ejercitadas, cercanas a los que muchos perciben como un ideal estético. Otra es que se enfoca solamente en condenar a las madres que no le dan pecho a su hijo, ignorando las razones por las cuales la gran mayoría de las mujeres no amamantan; razones que van desde lo fisiológico hasta lo laboral y social. Creo que los textos escritos por Catalina Ruiz-Navarro (“Mamacitas”), Geraldina González de la Vega (“Hablemos de maternidad”), Maricela Guerrero (“Mis chichis son mías”) y Julene Iriarte (“¿Espalda o pecho?”) desarrollan todos estos argumentos. 

Uno de los retos de la queja estribaba en convertir la crítica social en crítica jurídica. Y, más aún, en una violación a los derechos humanos. El argumento central de la misma, por lo tanto, es que la campaña viola el (nuestro) derecho a la información. 

Se sostiene que el Estado está obligado –conforme al artículo 1, párrafo tercero de la Constitución– a promover los derechos humanos. Desde aquí, proveer información relacionada a los mismos es una de las maneras paradigmáticas de promover su ejercicio. Además de esta obligación general, se sostiene que el derecho a la información en sí le genera al Estado la obligación de difundir información que le permita a las personas conocer sus derechos. Esto implica ir más allá del derecho a la información como una herramienta que le permite a las personas exigirle acceso a documentos públicos al Estado; éste tiene la obligación de generar información pública.   

Ahora: dado que se trata del Estado, que genera y difunde la información con recursos públicos, se sostiene que la información producto de ello tiene que cumplir con ciertos estándares básicos. Primero: se tiene que tratar de información relacionada, de hecho, con el ejercicio de los derechos. Segundo: se tiene que tratar de información con un sustento empírico razonable (o, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el Estado tiene un “deber especial de constatación razonable de los hechos”). Tercero: en las afirmaciones que se realizan, no se puede negar, desconocer o violentar algún derecho. Y, cuarto, relevante especialmente para asuntos de género (conforme a la CEDAW): no puede reproducir estereotipos de género. 

La importancia de la queja, más allá de esta campaña específica, es probar si se le puede exigir al Estado una rendición de cuentas sobre la información que produce. Implica aplicar la lógica de la racionalidad y proporcionalidad de los derechos humanos y del control de gasto a todos los actos que despliega el Estado: hasta una simple campaña que, según algunas notas periodísticas (habrá que exigir las cuentas oficiales), asciende, nada más y nada menos, que a 14 millones de pesos.  

En concreto, se argumenta que esta campaña no cumple con los estándares exigibles a la información producida por el Estado por las razones siguientes (que se desarrollan de manera más amplia en la queja, que se incluye aquí). 

1) Reproduce estereotipos de género. Ello ya que incluye un solo tipo de maternidad, que, además, es una que debe sacrificarse ante sus hijos (de lo contrario, implicaría darles la espalda). Además, manda la idea de que la provisión de la leche materna –que no es lo mismo que amamantar– recae exclusivamente en la madre, cuando la tecnología ya permite que otros –entre ellos, los padres– puedan involucrarse en el proceso de alimentar –que, de nuevo, no es lo mismo que amamantaral bebé. 

2) Condena a las mujeres por ejercer un derecho que tienen garantizado tanto en la Constitución, como en la CEDAW, que es el derecho a la lactancia. De ellas depende la decisión sobre hacerlo o no; al Estado le corresponde darles la información para que, de preferencia, lo hagan (dadas las bondades de la leche materna; valga aquí distinguir: no es lo mismo decir que es mejor a decir que no dárselas pone en peligro la vida de los niños y niñas o que implica “darles la espalda”). 

3) Y relacionado con los puntos anteriores: el problema con la campaña, además de lo que dice, es todo lo que omite: los barreras estructurales (laborales, sociales) que, de hecho, impiden que muchas mujeres puedan darle leche materna a sus bebés. Mientras que la política pública que anunció Mancera parece estar encaminada a erradicar los problemas que han sido identificados una y otra vez como clave para promover la lactancia materna, la campaña, a decir de su creador, está enfocada a uno sólo: al de las mujeres que, por “egoístas”, no amamantan a sus hijos por miedo a perder su figura. 

De nuevo, dado que se trata de una campaña del Estado, lo que proviniendo de otros podría ser un infortunio, aquí amerita una rendición de cuentas: ¿por qué habiendo tanto que informar, decidió condenar? ¿Por qué, habiendo tantas historias qué contar –por no decir problemas que solucionar–, reprodujo solo una? ¿Y por qué ésa? Millones de pesos se gastaron en esto. Millones. ¿Tan insensato es exigir algo un poco más plural, que al menos aborde los problemas más comunes que enfrentan las mujeres para alimentar a sus bebés? 

Estefanía Vela Barba es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Derecho por Yale y profesora asociada y responsable del área de Derechos sexuales y reproductivos del CIDE.