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Finalmente llegó el esperado anuncio de Barack Obama sobre las medidas administrativas que tomará su gobierno para diferir la deportación y dar permisos de trabajo a cerca de cuatro millones de migrantes indocumentados. Aquellos que tengan hijos ciudadanos o residentes permanentes podrán beneficiarse del programa de acción diferida para padres (Deferred Action for Parental Accountability, DAPA). También se ampliará el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) eliminando el límite máximo de edad. En ambos casos, los requisitos para obtener este permiso temporal incluyen haber entrado al país antes del 1º de enero de 2010 y no tener antecedentes penales.

México le dio la “bienvenida” a estas medidas, reconociendo en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores “que tienen el potencial de beneficiar a un número significativo de mexicanos en ese país y mejorar sus oportunidades, así como su dignidad y certidumbre.” El Pew Research Center estima que del total de personas que califican para estos nuevos programas, dos terceras partes son mexicanos (2.6 millones). Sumado al programa de acción diferida (DACA) que inició en junio de 2012, el total de posibles beneficiarios mexicanos es 3.2 millones.

Estas medidas tardarán al menos unos meses en entrar en vigor, mientras se aclaran detalles y se hacen los ajustes necesarios por parte la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la principal agencia que se hará cargo de implementarlas. El gobierno ha confirmado que no se requerirá un nuevo presupuesto para ello, pues todos los costos quedarán cubiertos con las cuotas del trámite (éstas aún no se han confirmado pero se prevé que el costo sea similar al del actual programa de acción diferida – $465 dólares por solicitud, incluyendo la captura de datos biométricos). Aunque USCIS tiene que prepararse para el incremento de solicitudes, en realidad el reto más grande va a ser para las organizaciones sin fines de lucro y otras instituciones que dan servicios a los migrantes, incluyendo los consulados. Estas instituciones requerirán recursos humanos y materiales adicionales para cubrir la demanda de asesorías para migrantes que necesiten confirmar si están en posibilidades de entrar al programa, conseguir documentos de identificación y comprobantes del número de años que llevan en el país, o para averiguar si sus antecedentes penales podrían ponerlos en riesgo de deportación.

Los consulados mexicanos ya se están preparando para el aumento de solicitudes de documentación y para llenar la brecha de servicios legales y asesorías confiables que requerirán miles de personas. La experiencia de DACA ya preparó el terreno. A partir de  su aprobación en junio de 2012, los 50 consulados realizaron campañas intensas de difusión, talleres informativos, y asesorías para el llenado de solicitudes. Estos programas fueron un factor decisivo en el éxito de las solicitudes de los jóvenes mexicanos, en comparación con otros países. Con las medidas que anunció Obama la semana pasada, aumentará al menos al triple la población que requerirá apoyo por parte del gobierno mexicano. Para que la mayoría de esos 3.2 millones puedan beneficiarse de estas medidas, además de destinar más recursos a los consulados, el gobierno mexicano tendrá que atender tres cuestiones fundamentales:

1) ¿Cómo lograr que la mayoría de las personas que califican para estos programas presenten su solicitud? La experiencia de DACA deja claro que al menos 40% de los posibles beneficiarios no han presentado su solicitud por falta de información, por temor a que compartir sus datos personales pueda causar su deportación (ya sea inmediatamente o si se cancela el programa), o porque no pueden cubrir los costos. El caso del DACA ampliado y el nuevo programa de DAPA probablemente sea similar pero quizás tenga el reto adicional de que, a diferencia de los jóvenes elegibles para DACA –que prácticamente crecieron y fueron a la escuela en Estados Unidos, hablan inglés, y conocen o están organizados como grupos de “DREAMers” que comparten información entre pares—, la población que califica para DAPA en general no tiene esa misma cultura ni nivel educativo o dominio del inglés, y por lo tanto es más probable que exista miedo o desinformación en estos casos.

Inmediatamente después del anuncio de Obama, los consulados comenzaron a ofrecer sesiones informativas sobre estas medidas, y organizarán talleres y sesiones para apoyar con el llenado de solicitudes una vez que inicie el periodo correspondiente. Para llevar este mensaje, los consulados mexicanos ya tienen a su disposición varios medios, desde espacios en radio, prensa y televisión, hasta la aplicación para teléfono “Mi Consulmex”. El reto es llegar a las personas más vulnerables, como los trabajadores agrícolas o migrantes indígenas, que no tienen acceso a estos canales de información o que están alejados de las principales zonas en donde se ofrecen. En este caso, los consulados móviles, y las redes que ha creado el gobierno mexicano con organizaciones de migrantes y líderes de la comunidad serán clave para llegar a la población que lo necesita, darles información precisa y evitar fraudes.

2) ¿Cómo ayudar a los migrantes indocumentados a comprobar que llevan más de cinco años en el país? Dentro del universo de migrantes indocumentados hay personas a las que realmente no aplica este calificativo, pues tienen suficientes documentos de identificación de sus países de origen o de la ciudad en la que residen (por ejemplo, ciudades como San Francisco o New Haven que proporcionan identificaciones municipales independientemente del estatus migratorio, o bien, los estados que permiten que los migrantes indocumentados tengan licencias de conducir). Pero para muchas personas será difícil comprobar su identidad y los años que llevan en el país, sobre todo, si no cuentan documentos esenciales como acta de nacimiento, hasta recibos de pago, cuentas de banco, contratos de renta, o contratos de teléfono celular; esto será más complicado en estados en donde hay restricciones para obtener cualquier tipo de identificación o servicio sin papeles que comprueben su estatus migratorio legal. El Secretario de Relaciones Exteriores ya anunció que los consulados podrán emitir pasaportes de emergencia en casos necesarios. Pero más allá de esta medida, el gobierno mexicano podría presionar para que se acepten las matrículas consulares o los pasaportes emitidos en consulados como comprobante de residencia en el país por un determinado tiempo. También podría trabajar con agencias de envío de dinero para que ayuden a las personas a recuperar recibos de envío de remesas que sirvan como comprobantes del tiempo que llevan en el país. Otra opción es colaborar con el Departamento de Trabajo y las agencias con las que ya trabajan de cerca en la Semana de Derechos Laborales para apoyar a los migrantes que necesiten conseguir cartas o recibos de empleadores que teman dárselos por miedo a sanciones.

3) ¿Cómo apoyar a las personas que no pueden cubrir los costos de la solicitud? La solicitud costará alrededor de $465 dólares pero a ello hay que sumar los costos que puede llevar conseguir documentos (en algunos casos eso incluirá obtener el pasaporte mexicano con un costo entre $32 y $101 dólares o la matrícula consular de $27 dólares). Además, un gran tema pendiente sobre el que aún no se han dado detalles específicos es la condición de que los solicitantes paguen impuestos. No queda claro si estos impuestos son sólo a partir de que se reciba el permiso de acción diferida, o habrá alguna cuota por impuestos no pagados. Es previsible que muchas personas, incluso aquellas que hayan pagado impuestos anteriormente, requerirán asesoría de contadores y abogados en este tema y necesitarán información precisa para prevenir fraudes o errores que pongan en riesgo su petición. También es posible que algunas personas necesiten créditos o préstamos para poder pagar servicios de asesoría especializada, si es que no los consiguen de manera gratuita.

Aunque el gobierno mexicano ha apoyado en casos especiales a personas que no pueden cubrir los costos de DACA, con el aumento de solicitantes para DAPA habría que pensar en la posibilidad de establecer un fondo especial por medio de alguna fundación mexicana (como la Fundación Slim y su proyecto Acceso Latino) y otros grupos en México y Estados Unidos. Hacer esto público seguramente motivaría a muchas más personas a dar un paso que les cambiará la vida y que además les dará oportunidades para acceder a mejores empleos y sueldos con los que eventualmente podrían devolver el dinero de un préstamo o contribuir para apoyar a otros mexicanos que lo necesiten. Todos los consulados tienen alianzas con redes de empresarios y fundaciones que ya participan en programas como IME Becas o Red de Talentos con los que podrían colaborar para lograr este tipo de apoyos.

Aunque la acción ejecutiva de Obama sea una medida temporal (sujeta a renovación en tres años, con otro gobierno en el poder), la situación de los migrantes mexicanos cambiará significativamente en el corto y el mediano plazo. Poder “salir de las sombras” sin miedo a ser deportados, contribuirá a que se acerquen más a instituciones estadounidenses que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Por ejemplo, tener un estatus legal les dará más confianza para solicitar beneficios públicos a los que sus hijos –ciudadanos o residentes— tienen derecho; para mantener una presencia más activa en las escuelas de sus hijos; para utilizar servicios de salud preventiva; o para participar en la vida pública del país.

Los republicanos en el Congreso ya están considerando acciones contra las medidas migratorias de Obama, mientras que Joe Arpaio –el polémico alguacil del condado de Maricopa en Arizona—, ya presentó una demanda en una corte federal. Sin embargo, tendrá un costo político muy alto para los republicanos descartar la propuesta de Obama sin proponer esquemas similares por medio de una reforma migratoria integral. Las medidas administrativas de Obama confirman el derecho de los migrantes indocumentados a permanecer en el país y comprueban que la ola de movilizaciones pro-inmigrantes que inició desde 2006 no ha sido en vano; a partir del anuncio de Obama del 20 de noviembre, será aún más difícil revertir el flujo de esa corriente.

Alexandra Délano Alonso es Assistant Professor of Global Studies en The New School for Social Research.