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El día de hoy, 27 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas que pueden entenderse como su respuesta a lo sucedido en los últimos meses en el país: las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la muerte de seis y desaparición de otras 43 en la ciudad de Iguala, las (masivas) manifestaciones posteriores a ambos eventos, y la serie de reportajes del equipo de Carmen Aristegui sobre la llamada “Casa Blanca”.

A continuación un breve resumen comentado de las 10 propuestas presidenciales.

1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios.

Ésta es quizá la respuesta más directa a la coyuntura. Peña Nieto anunció que el lunes enviará una propuesta de ley al congreso que entre otras cosas establezca la disolución de un ayuntamiento en caso de que haya indicios probables de que esté infiltrado por el narcotráfico.

Falta saber, sin duda, cómo se compaginará esta ley con los códigos penales actuales (locales y federales), en tanto a las facultades que se otorgarán para investigación, detención y calificación de los hechos. Es muy probable, dado el tono del mensaje –cuyas propuestas fueron en su mayoría federales– que esta tarea recaiga ya sea en la Procuraduría General o en su sucesora –la Fiscalía General, que no fue mencionada durante el discurso, y que forma parte integral de las propuestas previas de reforma–.

2. Reformas al sistema de competencias penales.

Al igual que el punto anterior, la acción fue definida en términos muy generales. Parece ser, también, una respuesta al caso de Iguala y los 43 desaparecidos, en particular al hecho de que el gobierno federal tardó más de 10 días en atraer el caso, y a que el propio presidente lo llamó, de un inicio, una cuestión “municipal”. Estas reformas también vienen de la mano de la gran reforma al sistema de justicia mexicano, que se comenzó a implementar durante el sexenio de Felipe Calderón y debería entrar en vigor, por completo, durante el mandato de Peña Nieto. A mediados de año se aprobó un código penal único de procedimientos, queda por verse si será modificado y si estas reformas serán con base en él o independientes.

3. Mando único policiaco a nivel estatal.

La propuesta más ambiciosa de las 10. Mucho se ha discutido en foros, columnas, congresos y demás espacios sobre la viabilidad de un mando único, y sobre si se trata de una solución (o inicio de) a uno de los principales problemas del país: la policía.

La discusión lleva años, y su intento de implementación (en algunos estados) ha sido sumamente difícil. Basta con ver el estado de Morelos o el propio municipio de Iguala, donde la policía adscrita a José Luis Abarca no estaba inscrita en el programa de mando único que intentó implementar el entonces gobernador Ángel Aguirre. Más aún, en el caso de Iguala, la mayor parte de los elementos había aprobado el último control de confianza. Falta ver si con mando único cambiarán los controles, y más aún, si los gobernadores conseguirán lograr este cambio. (Pensando, también, en qué se hará con los miles de policías municipales que estarán desempleados bajo el nuevo esquema).

4. Número único de emergencias: 911.

Queda claro que es necesario homologar los distintos teléfonos para casos de emergencia (en momentos de pánico es difícil recordar si uno marca al sistema de aguas o a una patrulla), pero dada la coyuntura, la propuesta resaltó por el hecho de que el número a marcar fuese el mismo que en Estados Unidos.

Todavía no se sabe quién responderá a ese número y cómo serán distribuidas las emergencias: si el 911 será un número federal o un número que redirija a un operador local (perdón por lo burdo, pero por ejemplo como Domino’s Pizza). Falta elaborar un marco de atribuciones, y todavía más, asegurar que la respuesta sea rápida, efectiva y correcta. La idea de tener un número único de emergencias es que funcione.

5. Clave única de identidad.

Es una propuesta que ya se había presentado durante el sexenio pasado, y que no avanzó cuando el PRI era oposición. Se desconoce si reemplazará a la CURP actual, e incluso a la credencial electoral como identificación oficial. Asimismo, queda pendiente saber si la clave será en forma de carnet, y de serlo así, si contará con datos biométricos (y de esto, quién recolectará, dónde se almacenarán, cómo se garantizará que la información no se filtre, entre otras cosas). También si se licitará a una empresa privada o será asignada de forma directa.

6. Operativo federal en Michoacán y Guerrero.

La más redundante de las 10 propuestas, dado que ambos ya están ocurriendo. La capital de Guerrero lleva bajo operativo federal desde hace más de un año, y Michoacán cuenta con un comisionado designado personalmente por el presidente.

7. Acceso a la justicia cotidiana.

Pretende impulsar acceso a la justicia (cuestión que viene desde la reforma al sistema iniciada el sexenio pasado). La propuesta trae aparejadas reformas que serán presentadas hasta el próximo año, y que, según lo dicho hoy, serán propuestas a partir de foros consultivos elaborados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en los próximos tres meses. Ésta es la propuesta menos desarrollada de las 10, ya que puede ser definida como una propuesta para crear otras propuestas.

8. Fortalecimiento de derechos humanos.

A raíz –suponemos– de las constantes (y ahora recientes) acusaciones de tortura contra elementos de seguridad pública (a nivel estatal y federal), esta propuesta abre la posibilidad de crear nuevos mecanismos y protocolos para evitar abusos de autoridad y promover una mejor actuación. Al igual que los puntos anteriores, no se ha elaborado qué protocolos serán modificados, cómo se hará, si reemplazarán a los que están en vigor y si vendrán aparejados no sólo de cambios en la ley, sino de cambios en la manera de aplicarla.

9. Combate a la corrupción.

Un tema que no se había tocado desde el Pacto por México, pero dados los reportajes sobre la “Casa Blanca” ha retomado lugar en la agenda pública. Todavía debe aprobarse de qué forma operará y qué leyes lo sustentarán, así como la designación de un posible fiscal.

Un primer paso –no mencionado– debe ser nombrar a un titular de la Función Pública, dependencia acéfala desde el inicio del sexenio.

10. Transparencia y rendición de cuentas.

Se anunció la creación de un nuevo portal electrónico en el que estarán disponibles los contratos de empresas privadas con el gobierno, así como la posibilidad de sancionar a aquellas que durante las licitaciones obren de manera ilegal o participen en influencia indebida de funcionarios. Lo que no se mencionó es el otro lado de la moneda: si los funcionarios efectivamente serán investigados y/o sancionados en caso de incurrir en alguna falta y/o delito.

Dentro de los diez puntos, aunque no directamente vinculado, también se anunció la desvinculación del salario mínimo de las leyes mexicanas, con la idea de crear una nueva unidad que tome su lugar. Tal y como acaba de hacer el Distrito Federal. También se anunció la creación de tres zonas especiales, que recibirán ayuda del gobierno federal en materia de desarrollo e impuestos, entre otros.

Parece, entonces, que para lograr un cambio –conforme a la visión del gobierno federal– el primer paso es modificar la legislación, y no la política pública ni su aplicación.

Esteban Illades es editor de Nexos en línea.