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Los procesos electorales a nivel federal y local, que ya dieron inicio, en algunos casos, desde octubre del 2014, suponen una oportunidad para que los legisladores se posicionen en otro puesto público por lo que, como en otros periodos electorales, los temas urgentes de la agenda pública han pasado a segundo plano.

A finales del 2014 el gobierno de Peña Nieto presentó 10 medidas para fortalecer el estado de derecho en el país, seis de las cuales tienen como eje una iniciativa o reforma legal (o constitucional), y sólo cuatro son facultad exclusiva del Ejecutivo federal. A menos de un mes para que termine el periodo ordinario en el Congreso, las iniciativas no han sido aprobadas y esto tiene que ver con el poco interés que ponen los legisladores en legislar y el imperioso interés que tienen en ganar elecciones.

Luego de la crisis que generó el caso Ayotzinapa, hubiéramos esperado que el gobierno, los legisladores (o algún partido político), tomaran al toro por los cuernos y en un acto de verdadero liderazgo resolvieran, en la medida de sus alcances, facultades y obligaciones, los problemas de seguridad, corrupción, pobreza o desigualdad que aquejan a nuestra sociedad, pero hasta este día (más de seis meses después de la tragedia), las únicas propuestas continúan en el tintero y el desinterés de los encargados de sacarlas adelante es notorio.

La desvinculación del salario mínimo, la creación de zonas económicas exclusivas, la propuesta del mando único policial, la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado, el Sistema Nacional Anticorrupción, la expedición de leyes en materia de tortura y desaparición forzada, entre otras propuestas del Presidente Peña Nieto y de los partidos de oposición, siguen siendo parte del discurso pero no se han traducido en acciones ni resultados concretos, existe una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Con esto no intento debatir la pertinencia de las reformas enviadas por el gobierno sino la eficacia que han tenido en llevarlas a cabo con un Congreso y unos partidos más ocupados en sus aspiraciones políticas y en apoyar candidatos de su partido.

Tabla 1. Estatus de las reformas pendientes en la agenda del Congreso

Reforma

Estatus

Reforma constitucional en para la creación de un Mando Único Policial

Pendiente en comisiones del Senado

Sistema Nacional Anticorrupción

Aprobado en la Cámara de Diputados; pendiente en el Senado

Legislación secundaria en materia de Transparencia

Aprobado en el Senado; pendiente en la Cámara de Diputados

Salario Mínimo

Aprobada en Cámara de Diputados; pendiente en el Senado

Ley General de Desaparición Forzada

Pendiente en comisiones de la Cámara de Diputados

Según información recopilada por Integralia Consultores con base en información de la Cámara de Diputados y el Senado, en la actual legislatura los legisladores han pedido 104 licencias en la Cámara de Diputados, es decir, 20% del total de diputados, de las cuales el PRI concentra 52% del total, el PAN 28%, PRD 15%, MC 2%, y el PVEM 1%, al igual que el PT y Morena. Mientras que en el Senado se han pedido 17 licencias, es decir, 13% del total de senadores, de las cuales el PRI concentra 53%, el PAN 35% y el PRD y MC 6%, respectivamente.

Esta situación se ha repetido en los periodos legislativos previos a los procesos electorales. Por ejemplo, en la legislatura anterior (2009-2012 para diputados y 2006-2012 para senadores), tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, 15% de los legisladores de cada cámara pidieron licencia. En el caso de los diputados, 69% eran del PRI, 13.5% del PAN, el mismo porcentaje del PRD, y 4% del PVEM. La distribución por partido de los senadores fue 32 % tanto para el PAN como para el PRD, 26% del PRI y 10% del PVEM.

La repetición del fenómeno a nivel local

En junio y julio se eligen cargos que son de interés no sólo de los legisladores federales, sino también de legisladores y funcionarios locales. Los cargos a elegir son nueve gubernaturas, 500 diputaciones federales, 639 diputaciones locales en 17 legislaturas estatales, además de 903 cargos municipales (que incluyen al alcalde y al cabildo), por lo que el fenómeno de “migración” o “chapulineo” como se le llama generalmente, se replica también a nivel local, el caso más emblemático es el de la Asamblea Legislativa del D.F. y el GDF.

Tabla 2. Licencias en las delegaciones y la Asamblea Legislativa del D.F.

Cargo

Número de licencias

Partido

PRD

PRI

PAN

PT

Diputado de la ALDF

36 de 66

15

2

12

Delegados

12 de 16

12

N/A

N/A

N/A

De los 66 asambleístas, 51% tiene licencia y, al menos, 32 de éstos lograron alguna candidatura y continúan cobrando como legisladores ya que ni el estatuto de gobierno ni el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del D.F. se los impide. En el caso de los jefes delegacionales 12 de los 16 que hay en el D.F. pidieron licencia para buscar algún cargo.

Este escenario representa un reto, particularmente para los grupos parlamentarios (tanto a nivel federal como local), ya que reduce su poder de negociación en distintos frentes. Por un lado, pierden legisladores y funcionarios con experiencia que usualmente cuentan con una influencia alta tanto dentro de sus partidos como en el trabajo que realizan en las comisiones y en los grupos de trabajo en los que participan. Aunque todos cuentan con suplentes que se hacen cargo de sus labores en su ausencia, éstos no tienen la misma influencia y poder de negociación que sus titulares y, en ocasiones, tardan más de un mes en asumir el cargo por lo que las curules pueden quedar vacías por un tiempo. Adicionalmente, los legisladores que se quedan en funciones cuentan con una importante distracción de sus funciones ya que muchos de éstos participarán indirectamente en las movilizaciones que sus partidos realicen en sus distritos electorales.

En momentos difíciles como los que vive el Estado mexicano, independientemente de si hay elecciones o no, la responsabilidad de los partidos políticos —porque no sólo es del Presidente sino también de los legisladores y funcionarios públicos— es, como dice el slogan hasta hoy incumplido por el gobierno, “Mover a México” a través de su trabajo. Sin embargo, hasta hoy los legisladores y algunos funcionarios han estado más interesados en hacer campañas y las acciones, ya sean legislativas, de políticas públicas o simplemente de liderazgo, sólo se han presentado en publicidad y discursos.

Jesús Silva Vega es consultor en Integralia Consultores.