Con el Informe 2015 del Latinobarómetro se cumplen dos décadas de que este instrumento de medición de la opinión pública en América Latina apareciera por primera vez. En 1995 el Latinobarómetro nació dando cuenta de la percepción y de la relación de la ciudadanía con la democracia en ocho naciones: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, para pasar en 1996 al estudio en 17 países y a partir de 2004 en 18. De entonces hasta ahora, el Latinobarómetro ha publicado 18 mediciones y ha aplicado 338 mil entrevistas.

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Remando a contracorriente de quienes ofrecen soluciones pero no diagnósticos, los autores del Latinobarómetro han permitido conocer país por país y año por año la evolución –o, si se quiere- el cambio en el aprecio a la democracia, las modificaciones en la propia noción de democracia, los niveles de satisfacción con la realidad individual y colectiva, el respaldo a los gobiernos y a los sistemas de partidos, la forma en que el ciclo económico modifica opiniones y actitudes, el peso de la desigualdad, la inseguridad, la corrupción y la fragilidad de la impartición de justicia y del Estado de derecho en los niveles de desencanto con la democracia.

El Latinobarómetro revela problemas, desafíos y áreas de oportunidad de los sistemas políticos de la región, pero también ofrece datos que necesariamente cuestionan verdades absolutas, produce cifras que desmienten a los diagnósticos que no reparan en las diferencias entre países, produce evidencia que hace tambalear hipótesis de trabajo y da lugar al nacimiento de otras. Un barómetro es una herramienta de medición de la presión atmosférica, por lo que bien el Latinobarómetro puede medir la presión de la opinión pública sobre los sistemas políticos, al tiempo que hace un recuento de datos duros acerca de la democracia en América Latina que conviene valorar. Por ejemplo, los gobiernos elegidos democráticamente son absoluta mayoría en la región, los procesos electorales se celebran de manera periódica y continua a lo largo de las últimas tres décadas –lo que no ocurría en las previas-, más del 90% de la población vive bajo gobiernos democráticos y se han celebrado 128 elecciones presidenciales en América Latina desde que inició la transición. E incluso, los 14 presidentes que dejaron el cargo antes de terminar su periodo “fueron reemplazados a través de procesos institucionales que no interrumpieron el ciclo electoral” (p. 25). Por cierto, no es despreciable ni malo el nivel de participación electoral: en 82 elecciones presidenciales se sitúa en el 69.5% y, como señala el Informe: “Esta cifra contradice la falsa creencia de que en la región existe una baja participación electoral generalizada.” Es decir, el punto de partida del Latinobarómetro es que hay democracia en nuestros países y, punto y seguido, es importante preguntarse entonces qué democracia tenemos, de qué calidad, hasta dónde es en efecto el gobierno del pueblo por el pueblo, si está respondiendo a los expectativas y necesidades sociales, si es capaz de procesar la protesta, de ser sensible a los reclamos de las mayorías, si se trata de democracias sostenibles o no.

Muestro ahora una síntesis de algunos de los hallazgos del Informe 2015 del Latinobarómetro para la región con subrayados sobre México. Empiezo por un dato inquietante del Informe: “los latinoamericanos son los más insatisfechos de la Tierra con su democracia… En el año 2015 sólo tres países registran más de la mitad de su población satisfecha con su democracia: Uruguay, Argentina y República Dominicana.” En promedio, de cada cien sólo 37 latinoamericanos responden estar muy satisfechos o más bien satisfechos con la democracia en sus países, pero en México se obtiene el menor grado de satisfacción con la democracia: sólo 19 de cada 100. Es el país que muestra el menor nivel de satisfacción de los 18 del estudio.

Hay otro dato, que me resulta en particular preocupante desde el punto de vista personal y como consejero electoral, pues ante la pregunta de “¿Cree Ud. que en términos generales que las elecciones en su país son limpias o fraudulentas?” en primer lugar se encuentra Uruguay, donde el 82% opina que son limpias, el promedio latinoamericano es de 47% y México es el más bajo de la región, donde sólo el 26% de la población opinó en noviembre de 2014 –que es cuando se levantó la encuesta- que las elecciones eran limpias. 

En Uruguay el 82% considera que son limpias, en Chile el 67%, en Costa Rica y Ecuador el 60% y, en México, insisto, sólo el 26%. Sin eludir ni edulcorar el tema, por eso me refiero a su gravedad, y sin restar un gramo de validez a lo que señala el Latinobarómetro, esto es, que en efecto tres de cada cuatro mexicanos desconfían de las elecciones, me pregunto en voz alta si hay algún dato no de percepción, sino objetivo en términos de las normas, leyes y prácticas de nuestros procesos electorales que nos lleve a esa conclusión, a que nuestras elecciones son más frágiles que en cualquier otro país latinoamericano. Mi opinión es que no, que el padrón electoral es de alta calidad y confiable, que el método para confeccionar las mesas directivas de casilla con los vecinos de los electores haciéndose cargo de la recepción y el conteo de votos es mejor que designar funcionarios públicos, que no hay mejores condiciones de equidad para los contendientes ni más acceso a los medios de comunicación de los candidatos que en México, que las actas de todas y cada una de las casillas de votación se publican en internet apenas llegan a la autoridad electoral, que no hay ningún candado de seguridad que no se haya aplicado pero, a pesar de ello, acusamos la mayor desconfianza de la región a las elecciones. (Por cierto, algo parecido ocurre con la transparencia: sólo 26% considera que hay algo o mucha transparencia gubernamental, mientras que el promedio en la región es de 36%).

Si las normas y los procedimientos comiciales son robustos, auditados y verificados, por qué la pobre percepción sobre nuestras elecciones. Creo que una variable que no debe excluirse es la actitud de los actores políticos ante el resultado electoral. ¿Cuántos candidatos que hayan quedado en segundo lugar en Uruguay o Chile han cuestionado el resultado electoral? ¿Cuál es la conducta de los medios y de la opinión publicada hacia el procedimiento electoral? Visto de otra forma ¿es más o menos confiable el sistema electoral mexicano hoy o hace tres años que, digamos, en el año 2000? Todo indica que los procedimientos se han fortalecido, que los indicadores objetivos, medibles, del desempeño de las autoridades electorales han mejorado respecto a hace 15 años, pero la mayor valoración se obtuvo en 2000, con las elecciones de la alternancia. Así que sugiero que la confianza en las elecciones depende, por supuesto, de las reglas y las instituciones, de su desempeño, pero también de la conducta y responsabilidad de los principales actores políticos, del perdedor, así como de quienes se encargan de formar la opinión pública. Volveré con un apunte final sobre ello.

Otra conclusión del informe es que “los veinte años de mediciones de Latinobarómetro muestran que en promedio la región no ha avanzado en el apoyo a la democracia” (p. 40). En promedio 56 de cada 100 latinoamericanos consideran a la democracia “preferible a cualquier otra forma de gobierno”; el mayor apoyo está en Venezuela (86%) y el menor en Guatemala (33%). México está por debajo del promedio de la región, con 48%. El dato no es menor: no hay más mexicanos que prefieran a la democracia respecto a los que son indiferentes al régimen político sumados a los que en algunas circunstancias preferirían un régimen autoritario.

 Como recuerda el Informe, el apoyo a la democracia está vinculado con el grado de satisfacción con la democracia. Mientras en América Latina hay 37 de cada 100 se dicen muy satisfechos o más bien satisfechos con la democracia, en México sólo está satisfecho uno de cada cinco (19%), que es el nivel de satisfacción con la democracia más bajo, incluso por detrás de Guatemala (27%), Honduras (34%) o Nicaragua (48%), e incluso después de Brasil (21%) y la ola de descontento y movilización vividas en el país sudamericano en los últimos dos años. El mayor nivel de satisfacción se registra en Uruguay, con el 70%. Si se mide la brecha, como hace el Informe, entre apoyo y satisfacción a la democracia el promedio en la región es de 19 puntos, pero en México sube hasta los 29. México está por debajo del promedio latinoamericano de apoyo a la democracia y al final en satisfacción con el régimen de gobierno.

Sabemos que un sistema democrático estaría vacío sin representación formal de la pluralidad política, es decir, sin parlamentos y sin organizaciones de ciudadanos participando en la política, sin partidos. Pero parlamentos y partidos tienen un grado de apoyo sistemáticamente inferior que el que recibe la propia democracia, lo cual subraya la difusa noción que el concepto mismo de democracia puede tener en las sociedades latinoamericanas. 

Es preocupante que sólo 23% de los latinoamericanos se sientan representados por el Congreso; donde más es en Uruguay con 45% y donde menos es Perú, con el 8%. México vuelve a estar por debajo de la media: 17%.

La cercanía con los partidos políticos es débil. Sólo el 40% de los ciudadanos se sienten cercanos a un partido político; donde más es Uruguay (72%) y en el otro extremo están Brasil (23%) y Chile (24%). En México el porcentaje es 32%, de nuevo por debajo del promedio regional.

La aprobación de los gobiernos en América Latina alcanza en promedio su mayor nivel en 2009, con 60% y para 2015 había caído al 47%. En México fue menor: 35%.

Ahora bien, ¿la democracia es sólo, para ponerlo en términos antiguos, sólo superestructura? El Latinobarómetro ha indagado sistemáticamente la relación entre la actitud hacia la democracia y la percepción del bienestar individual y colectivo. En un momento de desaceleración económica general, el asunto es aún más relevante.

Dice el Informe: “Los 20 años de mediciones confirman la relación entre satisfacción con la democracia y desempeño económico, pues el nivel de satisfacción con la democracia acusa recibo de las crisis económicas” (p. 36). Aun más, señala que “la economía es una potente fuente de éxito de los gobiernos, ya que en los años que América Latina más crece en su conjunto, estando todos los países en democracia, se produce el periodo político, no sólo económico, más próspero que ha tenido la región en su conjunto en su historia, no sólo en los últimos 20 años” (p. 37). Pero con una excepción: el crecimiento económico de América Latina en casi todo lo que va del siglo fue sistemáticamente mayor que el de México. Nuestro país, por razones que no hay tiempo de discutir hoy, pero que son a la vez estructurales y de una inadecuada y conservadora política económica, que no ha sufrido cambio ni alternancia en su conducción por tres largas décadas, no vivió el boom latinoamericano de los últimos dos lustros, sino que prolongó su fase de estancamiento estabilizador, como la define el profesor emérito de la UNAM Rolando Cordera. Así que el fortalecimiento del apoyo a la democracia que se dio en América Latina por la ventura económica no se hizo presente en México en lo que va del siglo XXI.

Señala el Informe: “el grado de crecimiento propiamente tal no es lo que determina el nivel de satisfacción, sino más bien el impacto de ese crecimiento en el aumento de bienestar de la población o la morigeración de los efectos negativos que los ciclos recesivos tienen” (p. 40). El problema es que en México no ha habido ciclo de crecimiento económico reciente, ni reducción de la desigualdad ni disminución relativa ni absoluta de la pobreza. De acuerdo a las cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en 2000, año de la primera alternancia política y del reconocimiento propio y ajeno de México como nación democrática, el 53.6% de la población vivía en condiciones de pobreza; 14 años después la cifra era casi idéntica 53.2%, pero como la población de acuerdo al censo del 2000 era de 97.4 millones de personas había entonces 52.25 millones de pobres. Así, en términos absolutos, desde la alternancia el comportamiento de la economía ha producido tres millones de pobres desde el 2000 –casi la población de Uruguay- hasta alcanzar la cifra histórica de 55.3 millones de pobres hoy en día.

Ya se mencionó que hay una baja satisfacción con la democracia, pero lo mismo pasa con la economía. El 25% de los latinoamericanos está muy satisfecho o más bien satisfecho con la economía pero en México sólo 13 de cada 100. Es aun menor la satisfacción con la economía que con la democracia.

Acerca de la imagen del progreso del país, el 32% de los latinoamericanos consideran que su país está progresando, pero en México sólo 18%, con un deterioro rápido, pues en 2013 el 27% consideraba que el país progresaba.

En concordancia con ello, y en disonancia con la satisfacción con la democracia, mientras en AL uno de cada cinco (20%) cree que la situación económica de su país es muy buena o buena, en México cae a la mitad, uno de cada 10 (11%). Un dato más para cerrar: mientras el 37% de los latinoamericanos considera que la situación económica de su país será mejor o mucho mejor, en México sólo lo percibe así uno de cada cuatro (26%).

Los datos revelan que México se rezaga comparativamente frente a América Latina en términos de la valoración de la democracia y de satisfacción con la democracia. En el grueso de la región las nubes de la desaceleración económica, la reducción de las expectativas y los temores a perder parte de lo ganado en los últimos años comienzan a pasar factura a los gobiernos y, más preocupante, a la confianza en la democracia. Pero México no viene de un ciclo virtuoso.

Por otra parte, la desconfianza en México hacia las elecciones es mayor que en el resto de América Latina, el desapego a los partidos también más elevado y la distancia respecto a las instituciones representativas es más acusada. Tenemos un problema de percepción, de aprecio a la democracia. El informe del Latinobarómetro no deja lugar a dudas y es la enésima llamada de atención. Por su seriedad, la información que nos arroja el Latinobarómetro no puede, no debe traducirse en salidas fáciles, unívocas. 

México ha transformado profundamente su sistema político desde que empezó el Latinobarómetro. En 1995, todavía un partido hegemónico controlaba ambas Cámaras del Congreso y tenía la presidencia. Eso desapareció. Se han aprobado significativas reformas electorales en 1996, en 2007-2008 y en 2014. Sin embargo, el aprecio por la democracia y la confianza ciudadana no aumentan. ¿Qué necesitamos, otra reforma electoral? ¿Segunda vuelta para tener un presidente fuerte, que gane con más del 50% de los votos? ¿Acabar con los partidos y sustituirlos por candidatos independientes? ¿Desaparecer a los diputados de representación proporcional aunque así se castigue a las minorías políticas? ¿Algún otro atajo milagroso?

Propongo otra ruta y una hipótesis alternativa. La salida a la crisis de confianza en la democracia no la encontraremos dando otra vuelta a la noria electoral, aunque haya ajustes más que pertinentes en la materia. Mi hipótesis es que con tal nivel de desigualdad, de estancamiento económico, de insatisfacción en el día a día, de pesimismo en cómo irá la economía familiar, no crecerá el aprecio al gobierno, a los partidos, al parlamento, a la democracia. Ya es hora de preguntarnos por los resultados de la democracia, más que por los resultados electorales. O, recordando a Clinton, quizá es tiempo de asumir que: “es la economía, ¡estúpido!”.

Ciro Murayama es economista y consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.