El pasado lunes 20 de octubre, los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina fueron golpeados, arrastrados, torturados, y quemados en una pira hecha de leña, papeles, y latas de refresco frente al palacio municipal de Ajalpan, un pequeño poblado al sureste del estado de Puebla. El espectáculo macabro, presenciado tanto por victimarios como por cientos de testigos, circula en las redes sociales y en medios nacionales e internacionales como símbolo inequívoco de la violencia que, en el nombre de la justicia, se convierte en instrumento de poder, exclusión y control social.

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El linchamiento de Ajalpan no es ni un incidente nuevo ni un caso aislado. Como historiadora y socióloga, he documentado cientos de linchamientos a lo largo del siglo XX mexicano e investigado las razones detrás de la persistencia de esta práctica hasta el día de hoy. Contrario a lo que suele pensarse, las razones detrás de estos actos no pueden reducirse a la coyuntura actual. En particular, no pueden atribuirse simplemente al aparente aumento en los niveles de criminalidad, al miedo al delito, o a la creciente desconfianza frente a las autoridades de procuración de justicia e inseguridad. 

La raíz histórica de los linchamientos es larga y profunda. Entre otras cosas, los linchamientos dan cuenta de un proceso de formación de autoridad en el cual la violencia se ha constituido en un medio legítimo –aún cuando sea ilegal– para ajustar cuentas, avanzar intereses políticos, y excluir a personas que se perciben como peligrosas o indeseables. En este proceso, y contrario al ideal weberiano, la autoridad no emerge como árbitro imparcial y pacificador de los conflictos sociales. Al contrario, la autoridad –personificada en jueces, policías, y alcaldes– se erige como un regulador parcial que hace uso de la violencia de manera discrecional, parcial, y fuera de lo que marca la ley. 

En la historia de la producción y reproducción de la violencia, sin embargo, la autoridad y las élites políticas no están solas. Como argumentaría el sociólogo Norbert Elias, el paulatino abandono de la violencia interpersonal y colectiva no depende sólo de una autoridad capaz y legítima; depende también de individuos y comunidades dispuestos a construir relaciones sociales donde la introspección y la auto-regulación prevalezcan sobre la agresividad y la reacción impulsiva. Los linchamientos en México son una expresión –quizás la más dramática– de cómo la violencia se ha logrado insertar al interior de las comunidades como un  mecanismo para resolver disputas, ventilar miedos, e imponer formas de castigo que privilegian la venganza y la exclusión sobre la ley, la reinserción o la reparación. 

En el linchamiento de José Abraham y Rey David se repiten las historias de cientos de personas que han sido víctimas de esta práctica tanto en Puebla como en otros estados de la república, incluidos Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, y Oaxaca. Se repiten la circulación de rumores infundados, la activación y contagio de miedos colectivos, la ira de los más y la vejación de los menos,  y el rotundo rechazo a una justicia procesal administrada por el Estado y percibida como inoperante e insuficiente. En el linchamiento de estos dos hermanos vemos a su vez la historia de comunidades, barrios, y pueblos que críticos de la autoridad y sus injusticias, se convierten en el espejo más fiel del abuso y la violencia del que han sido sujetos. Representada por algunos como una forma de “justicia popular” que desafía al Estado, el linchamiento es más bien un reflejo de la parcialidad y arbitrariedad de la autoridad y sus distorsiones en el ámbito local. 

En el linchamiento de Ajalpan observamos, como en muchos otros casos, la violencia como espectáculo. A la manera de las postales de linchamientos que circularon en Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, los victimarios de José Abraham y Rey David registraron con videos y fotografías su linchamiento y eventual muerte. En lugar de espanto u horror, escuchamos aplausos, voces de euforia y gritos apoyando la decisión de prender fuego a los cuerpos ya inermes. De acuerdo al sociólogo David Garland, los linchamientos en Estados Unidos se vivían como un carnaval, una ocasión para reunirse y celebrar la humillación y muerte de aquellos “otros” que eran vistos como una amenaza a la seguridad y el status quo. En México, cada vez son más los linchamientos en los que contamos con un registro visual y auditivo en el que asistimos a la euforia y el orgullo colectivo que generan estos hechos. En este caso, las víctimas no están marcadas por su raza o etnia, sino por su supuesta conducta delictiva. Así, presuntos secuestradores, asaltantes, y violadores se convierten en los “otros” que deben ser purgados y excluidos, no solamente mediante el asesinato sino mediante la tortura, la mutilación y la quema de los cuerpos.

El linchamiento de Ajalpan representa la “otra violencia,” de la cual poco se habla y se entiende. En el México de hoy nuestro entendimiento de la violencia se mueve entre dos polos: el de la violencia ejercida por el crimen organizado y el de la violencia ejercida por actores estatales en sus funciones de seguridad o en el abuso de las mismas. En medio, sin embargo, hay muchas otras violencias. Los linchamientos, una violencia que no obedece a razones económicas ni directamente políticas, una violencia “desde abajo” que reproduce la sinrazón y la arbitrariedad de los “de arriba,” y una violencia que nos muestra una sociedad en la que el castigo extralegal se ha convertido en el emblema –torcido y perverso– de la justicia, suele ser justificada como una reacción popular o rechazada como ejemplo de barbarie. En ambos casos, sin embargo, se deja fuera una interpretación más transparente y directa: el linchamiento no es más que el resultado de un largo proceso en el que el uso de la violencia extralegal se ha constituido como medio legítimo y tolerable de control y exclusión social por parte de autoridades, individuos y comunidades. 

Gema Santamaría es doctora en Sociología e Historia por la New School for Social Research y profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM.