El día de hoy se llevó a cabo una discusión histórica en la Primera Sala de la Suprema Corte. Cuatro de los cinco ministros –Jorge Pardo votó en contra– aprobaron un proyecto que concede el amparo a un grupo de personas para cultivar y consumir marihuana con fines recreativos.

1

(Para un resumen puntual y bueno de lo que se discutió, así como sus efectos inmediatos, vale la pena leer este texto de Juan Zavala.)

Es cierto que este amparo no tiene como consecuencia la legalización. Sólo cuatro personas podrán cultivar y consumir por lo pronto, y eso con las salvedades impuestas por la ley. La compra, por ejemplo, sigue penada, por lo que las semillas para cultivar siguen sin poder comerciarse; el grupo de personas que interpuso el amparo, cuyo acrónimo es SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante), tendrá que pedir un permiso especial a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para poder importarlas desde el extranjero. Es posible que se lo nieguen, lo cual llevaría a un siguiente amparo.

Lo relevante de esta decisión es que uno de los tres poderes –el mismo que dio luz verde al matrimonio gay– pone en la mesa una discusión necesaria en el país. Es cierto, la sentencia no obliga a nada –ni siquiera a que el congreso legisle; tampoco a que el ejecutivo modifique sus criterios respecto a cómo se enfrenta al consumo de drogas–, pero abre una puerta importante.

Desde que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declarara la guerra contra las drogas en 1971, el enfoque hacia ellas en México ha sido criminal. En tiempos recientes, cuando nuestro presidente, Felipe Calderón, declaró su propia guerra contra las drogas, la visión fue exclusivamente punitiva. Atacar a los cárteles, atacar a los distribuidores y encarcelar a los consumidores. La única excepción que se hizo fue despenalizar en cantidades menores, aunque, para efectos prácticos, el consumidor seguía cometiendo un delito.

El resultado de esta política, sobra decirlo, no ha sido positivo. Más de 80,000 muertes relacionadas con el narcotráfico desde 2006, y ninguna baja en el consumo. (De hecho, en Estados Unidos ha aumentado la demanda por heroína, entre otras drogas, lo cual ha hecho que estados como Guerrero produzcan más). Es momento para replantearlo y la sentencia de hoy es un buen punto de partida.

De hecho, aunque da la impresión de ser de dientes para afuera, tanto el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, como su consejero jurídico, Humberto Castillejos, explicaron en una conferencia de prensa posterior a la sesión de la corte que así será. Incluso hablaron de un “debate amplio”. El presidente también se mostró abierto, pero a discutir “sobre la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas”.

Con independencia de la postura del gobierno federal, la sociedad debe discutir el tema de las drogas y la guerra que por tanto tiempo se ha librado en contra de ellas. Por lo menos para proponer soluciones distintas ante un problema que por décadas, ningún político ha sabido o querido resolver.

La Redacción