En un acto considerado intempestivo aun dentro de la crisis política que se ha vivido en Brasil este año, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció este miércoles (2 de diciembre) su decisión de aceptar la solicitud de impeachment, o juicio político, contra la presidenta Dilma Rousseff, presentado por los juristas Miguel Realle Júnior, Hélio Bicudo y Janaína Paschoal en octubre pasado.

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Este pedido de impeachment, el número 28 presentado contra la presidenta en lo que va del año, basa sus argumentos en la responsabilidad fiscal del gobierno de la presidenta Rousseff por las llamadas “pedaleadas fiscales”, que son maniobras contables usadas por el gobierno federal para presuntamente transferir recursos de bancos públicos para el pago de programas sociales sin solicitar aprobación para el aumento de deuda al Congreso, tanto en éste, como en su anterior mandato.

Después de que Cunha aceptó el pedido de impeachment, la presidenta Rousseff salió a declarar que las acusaciones en su contra son “inconsecuentes e inconsistentes”, asegurando que siempre ha actuado conforme a la ley y pidió a la población tranquilidad y confianza en las instituciones públicas.

La decisión de Cunha de dar curso a dicha solicitud se venía postergando y fue sorpresivo que lo hiciera antes del receso legislativo, que inicia el 22 de diciembre. Lo abrupto del anuncio se atribuyó al hecho de que unas horas antes la bancada del Partido de los Trabajadores (PT), el partido de la presidenta, dio a conocer que votará a favor de que se abra una investigación en el Consejo de Ética de la Cámara que podría llevar a la remoción del cargo de Cunha, por haber mentido al negar la existencia de cuentas en el extranjero durante su testimonio ante una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). 

Eduardo Cunha está siendo investigado por la justicia brasileña, acusado de haber recibido sobornos en el esquema de corrupción descubierto por la Operación Lava Jato, y por tener cuentas no declaradas en Suiza, según denunció la Fiscalía General de la República al Supremo Tribunal Federal. 

Desde su inicio como presidente de la Cámara, en febrero de este año, ha tenido una relación compleja e impredecible con la presidenta Rousseff, lo cual ha implicado arduas negociaciones con el legislativo en cualquier iniciativa de interés del gobierno. Cunha anunció el 17 de julio pasado su ruptura con el gobierno de Rousseff, y acusó a su administración y al procurador Rodrigo Janot de conspirar para incriminarlo en el escándalo por prácticas de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Esto ha dificultado mucho la acción gubernativa durante el primer año de este segundo mandato de Rousseff. 

El gobierno está buscando desarrollar el proceso del impeachment con la mayor celeridad posible, pues considera que en estos momentos cuenta con el suficiente apoyo para que no prospere el pedido en la Cámara de Diputados; y está gestionando que se suspenda el receso parlamentario que inicia el 22 de diciembre, para  intentar resolver este asunto cuanto antes. 

La oposición, por su parte, buscará que el proceso se alargue y se retrase la votación en la Cámara hasta después de Carnaval, con el objetivo de movilizar a la sociedad que está a favor de la destitución de la mandataria y ejercer presión ante el congreso para obtener los votos necesarios para que proceda.

La base aliada del gobierno tiene la mayoría en ambas Cámaras; sin embargo, no se puede asegurar el apoyo total de su principal partido aliado, el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el cual se ha distanciado de la mandataria desde el inicio de su segundo mandato y al cual pertenece el propio Eduardo Cunha.

El PMDB es, sin duda, uno de los partidos con mayor representación en todo el territorio nacional y ha formado parte de la base aliada del PT desde la primera elección del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Actualmente, es el partido al que pertenece el vicepresidente Michel Temer, así como los presidentes de la Cámara, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. El PMDB es, además, la primera fuerza en el Senado (19) y la segunda en la Cámara de Diputados (66), detrás del PT (70). Además cuenta con titulares en siete ministerios: Minas y Energía, Agricultura, Turismo, Aviación Civil, Salud, Ciencia y Tecnología, y Puertos.

La Constitución brasileña define someramente los crímenes de responsabilidad, pero la descripción concreta y el procedimiento a seguir están consagrados en la Ley No. 1079 (originaria de 1950). Esta norma es coloquialmente conocida como la “Ley del Impeachment”.

De acuerdo a lo que estipula esta ley, la Cámara ya anunció que el lunes (7 de diciembre) se creará una Comisión Especial, que elaborará un dictamen sobre si procede o no deliberar sobre el asunto. El Plenario de la Cámara de Diputados deberá votar con un mínimo de dos terceras partes de sus miembros (342) para que pueda proceder la denuncia. Si esto ocurriera, en ese momento se considerará decretada la acusación y se retiraría a la presidenta provisionalmente del cargo. En caso de que la Cámara de Diputados apruebe por esa mayoría la acusación, el proceso pasa al Senado, que tiene un plazo de 180 días para juzgarlo. Una eventual condena requeriría también un mínimo de dos terceras partes de los votos del Senado (54). El presidente del Supremo Tribunal Federal presidiría en el Senado el proceso de destitución del mandato. 

Si bien la popularidad de la mandataria, según las últimas encuestas, está en niveles muy bajos, el propio Eduardo Cunha tiene también una imagen muy negativa en la opinión pública por las diversas acusaciones de corrupción que pesan en su contra. La forma y las circunstancias en las que Eduardo Cunha anunció la aceptación de este pedido provocaron que los defensores del gobierno de Rousseff lo cataloguen como un acto de venganza personal. Por lo que su liderazgo en el proceso del impeachment de inicio ya es controvertido. 

Por las implicaciones que tiene para un país con un gobierno electo por el voto popular, el impeachment requiere bases legales sólidas, para evitar convertirse en un arma de doble filo que pueda ser usada como medio para acceder al poder sin la legitimidad del voto. Por esta razón, las instituciones del Estado brasileño deberán probar una gran fortaleza para que el país pueda superar este importante capítulo de su historia, con la convicción de haber actuado irrestrictamente dentro de los límites de su propia Constitución. 

La Redacción