A lo largo de 2015 en la prensa española se leyó que las elecciones del 20 de diciembre de 2015 encerraban el peligro de que un número excesivo de partidos llegase al parlamento en Madrid. Así, se haría imposible la formación de un nuevo gobierno y desestabilizase una democracia ya convulsa por las crisis económica, el independentismo catalán y la corrupción. El caso paradigmático del “pluralismo polarizado” que amenazaría a la Madre Patria tras el 20-D sería el de la malhadada República de Weimar. Sin embargo, el verdadero peligro para España es, en mi opinión, que se parezca cada vez más al régimen que precedió a la República de Weimar (1919-1933), la Alemania Guillermina, que fue gobernada por funcionarios, no por políticos. Eso es lo que espera a los españoles si la coalición que nazca de las elecciones no lleva a cabo una reforma profunda, pues lo peligroso sería que se continuase con décadas de burocratización de la política y de los partidos. La lealtad al mandatario y la tradición, no el mérito y la racionalidad, llevan a la burocratización de la política.

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Tal vez algunos lectores tengan como yo la impresión de que en los gobiernos y lo parlamentos españoles post-1978 ha habido cada vez menos “políticos” y más “funcionarios”. Según Max Weber, el funcionario ejecuta con su conocimiento especializado las ideas del político, que éste quiere llevar a la práctica; el político quiere poner “la mano en los radios de la rueda de la historia”. Para ello compite por apoyos, primero dentro del partido y luego ante el electorado, así como en el parlamento y, en particular, en comités especializados en los que se combina el conocimiento técnico con la habilidad para negociar. Los comités de investigación parlamentarios permiten el control de las minorías sobre los partidos grandes y la administración, siempre y cuando sean instituidos por una minoría de parlamentarios y puedan penetrar los secretos oficiales.

En España existe listas cerradas que sustituyen la competencia entre los candidatos de una formación por la obediencia a los líderes del partido, los cuales sitúan a sus más fieles secuaces, no a los mejores políticos, en los primeros puestos, usando su influencia para recompensar la lealtad (¿se acuerdan del “dedazo” mediante el cual José María Aznar nombró a Mariano Rajoy su sucesor?). El sistema electoral, que la Constitución proclama como proporcional en cada circunscripción, otorga un bono mayoritario al partido más votado en casi todas las provincias, resultando en un parlamento con escaso margen para las minorías. La financiación pública de los partidos les ahorra el tener que competir por el apoyo económico de sus seguidores. Las comisiones parlamentarias son inanes, dado que las pone en marcha el pleno, dominado por los grandes partidos, no por minorías. El “secreto oficial” impide que la opinión pública y las minorías parlamentarias examinen los (de)méritos de quienes trabajan en la administración y los grandes partidos.

No es fácil encontrar un país de aquellos llamados “serios” cuya legislación favorezca tanto la burocratización de la política como lo hace la nuestra. En Alemania, ejemplo recurrente, el Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias para asegurarse de que la representación es perfectamente proporcional, a pesar de que el fundamento textual para hacerlo es menos sólido que en España (la constitución alemana no incluye el término proporcional). En ese mismo país, las direcciones de los partidos tienen muy poco poder en la elección de candidatos al parlamento. Allí, la financiación pública que reciben los partidos está en relación al apoyo electoral, como en España, pero su importe  nunca supera a los ingresos que los partidos obtienen de donaciones y recursos propios. En Dinamarca y otros países escandinavos los comités parlamentarios son mucho más influyentes en la legislación y la fiscalización de la administración. Por último, la nueva ley de Transparencia está a años luz de la mexicana, no digamos de la británica.

Como consecuencia de esa burocratización, quienes dirigen los partidos son en gran medida “funcionarios”. Que Rajoy no hace política sino administra puede verse en los medios que emplea. Para un político, el conocimiento racional, especializado sirve para sopesar qué visiones pueden hacerse realidad, cuál es la manera de lograrlas, y cuáles serán las consecuencias, queridas o no, de perseguir un objetivo de una manera u otra. Este conocimiento se atesora en las universidades, la administración y las empresas. En vez de usarlo para perseguir una política racional, Rajoy toma posición frente a problemas complejos, como el cambio climático, recurriendo a verdades de Perogrullo, que desembocan en que no existen posibles cursos de acción sino sólo una vía que es la que dicta el “sentido común”, es decir, la tradición, “lo que siempre ha sido”, no el conocimiento racional. Así las ideas nuevas se vuelven irrelevantes para la política del funcionario.

En su respuesta al independentismo catalán, Rajoy una y otra vez ha insistido en la aplicación de la ley, el recurso a los tribunales etc., porque el burócrata aplica el ordenamiento jurídico. Sin embargo, para el éxito de la política es necesario entender cuándo “los reglamentos, las órdenes o la obediencia militar o burocrática (…) no son los medios”. La determinación de Rajoy no hacer política llega a su paroxismo cuando elude presentarse a la sesión de investidura que el Rey Felipe VI le propuso el 22 de enero. En realidad, no querer exponerse a un fracaso en una votación invalida para hacer cualquier política merecedora de ese nombre.

Un caso tan extremo de funcionario metido a presidente del gobierno no es casualidad, sino el resultado de décadas de burocratización de la política española. La llegada al poder de Rajoy, al lado del cual Aznar es casi un hipster, sólo se explica por las características de las elecciones, los partidos, el parlamento y la administración establecidos después 1978. Dado que el funcionario no gobierna, el dominio ejercido por burocracias como los partidos políticos aumenta, así como su incapacidad para renovarse. Según Weber, la burocratización tiene un desenlace probable: acaba surgiendo un líder carismático al margen de las burocracias, el cual rompe la reglas del juego. Desde esa perspectiva, los españoles deberían saludar el ascenso de Ciudadanos y de Podemos. Justo al final de la era guillermina (1870-1918), en La ciencia como vocación, Weber ve llegar a los “pequeños profetas en sus aulas”. ¿Les suena?

Álvaro Morcillo Laiz trabaja en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en la Ciudad de México, y ha coeditado Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios empíricos y recepción (FCE, 2016).