No hacemos referencia aquí al costo exacto que tendrá la Asamblea Constituyente de la CDMX porque son muchas las cifras que se han manejado; en todo caso, cientos de millones de pesos. Tampoco parece necesario aludir al magno retroceso histórico-político que representa la manera (léase, designación partidaria y “dedazo”) en que serán elegidos 40 de los 100 futuros “representantes” en dicha asamblea. Al respecto, véanse los dos textos que el historiador Alfredo Ávila publicó hace algún tiempo en este mismo espacio. Desde un punto de vista histórico, sin embargo, no está de más hacer alusión a la inveterada costumbre latinoamericana de redactar constituciones con una soltura asombrosa. Que durante los procesos emancipadores hispanoamericanos que tuvieron lugar hace dos siglos se haya dado en la América española lo que se puede denominar una “explosión constitucional” (sobre todo durante el lustro que va de 1811 a 1816) se entiende en la medida en que sus habitantes estaban haciendo todo lo posible por echar a andar lo que, para 1824, serían siete nuevas naciones (cuyo número iría aumentando paulatinamente).

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Lo que ya no resulta tan comprensible es que a lo largo de 200 años los países latinoamericanos hayan seguido redactando documentos constitucionales como si éstos fueran a refundar las sociedades cada vez que uno de ellos era promulgado. Cabe pensar que el irresistible encanto que, por distintos motivos, ejercen estos documentos sobre los políticos de la región tuvo algo que ver con este empeño de algunos políticos capitalinos por convocar a un constituyente para redactar una carta magna para la CDMX. ¿Era indispensable este constituyente? A decir del jurista Diego Valadés, para nada: “La Constitución local pudo muy bien haberse hecho [haber sido elaborada] por la Asamblea Legislativa recién elegida. El decreto de reformas constitucionales de enero de 2016 pudo establecerlo así.” (“Asambleas constituyentes”, Reforma, 15 de marzo, 2016). Dejamos que los lectores saquen sus propias conclusiones sobre esta cuestión. El punto al que queremos llegar es otro.

En sociedades en las que las leyes han sido burladas consistentemente durante muchísimo tiempo, pensar que las constituciones, por sí solas, van a cambiar las cosas o contribuir de manera significativa a que cambien, tiene un nombre: “fetichismo constitucional”. Más aún cuando dicha constitución no es el documento que regirá la vida nacional, sino que se trata de un texto de naturaleza local (con todas las implicaciones y limitaciones que esto conlleva). En cualquier caso, la proliferación de leyes y particularmente su incumplimiento lleva, de modo inevitable, a que los ciudadanos identifiquen a las leyes con la ficción.

En nuestra opinión, pocas cosas son tan dañinas para una democracia liberal como las ficciones legales. México y prácticamente todos los demás países de América Latina (con la consabida excepción cubana) tienen muy poco tiempo de considerarse y ser consideradas como democracias liberales; una especie de pasaporte para poder viajar por ese viejo y elusivo sueño latinoamericano: la “occidentalidad”. No obstante, emplear la expresión “democracia liberal” para referirse a México (y a otros países de la región por supuesto) y convertirnos así en uno más de los convidados de Occidente, tiene mucho de simulación. Basten tres ejemplos muy recientes para mostrar los niveles de ficción que soportamos con estoicismo en este país.

El protagonista del caso llamado #LordFerrari era ya emblemático de esa ficción legal que vivimos incluso antes de los eventos del viernes pasado, cuando se descubrió tanto el cadáver del escolta involucrado en una golpiza a un ciudadano como una carta que incrimina a su patrón. Dejemos de lado, por un segundo, el escabroso hallazgo del viernes pasado. #LordFerrari es en realidad un señor que responde al nombre de Alberto Sentíes Palacio, cuya identidad surgió a la luz pública después de que sus escoltas golpearan al ciudadano aludido. En pocos minutos, la imagen y las placas del vistoso Ferrari rojo del señor Sentíes Palacio se volvieron famosas en internet y de ahí el apodo que recibió en las redes sociales. Lo que pasó después de guarura-golpea-ciudadano-y-huye es representativo del mundo ficticio que habitamos en lo que a las leyes se refiere. Apenas se supo la identidad del patrón de esos golpeadores, la autoridad se vio forzada a reconocer que Sentíes tenía desde 2012 al menos tres cuentas pendientes con la justicia. Era buscado (es un decir) por sendas acusaciones de fraude. ¿Quién que tiene denuncias penales se pavonea en un Ferrari rojo? La respuesta es sencilla: cualquiera que sabe que el sistema legal es de chocolate, es decir, que para los ricos y los poderosos las leyes son pura verborrea. Pregúntenle si no al señor Raúl Libién Ortega, mejor conocido con el expresivo mote de #Lordmelapelas; tan elocuente respecto al punto que queremos destacar aquí: en México, las leyes solamente se aplican a quienes no disponen de ciertos recursos económicos, de ciertos “conectes” y, en los dos casos referidos, de guaruras que creen que pueden hacer lo que les venga en gana, siempre y cuando cuenten con la venia de sus empleadores.

Otro ejemplo de la ficción legal en que vivimos tiene que ver con los animales. De buena fuente sabemos que entre el grupo de notables que redacta en estos días la propuesta de constitución capitalina, al menos una integrante planteó que sería esencial plasmar en esa carta los derechos de las mascotas y otras especies. De tiempo atrás, la CDMX vive capítulos esquizoides en el tema de los derechos de los animales. Pionera en esta materia, la capital desterró los circos con elefantes, camellos, caballos, changos, loros, tigres, leones, etc. Esa supuesta preocupación por los animales tiene un monumental mentís en la Plaza de Toros México, que este año ha tenido algunas de las corridas más exitosas de los últimos años. ¿Es necesario agregar que los toros son maltratados y sacrificados en el mismo territorio donde se prohíbe que un tigre salte a través de un aro? Por un lado, circos pobres condenados a morir; por otro, el circo de los ricos sigue moviendo millones. ¿Cambiará o perpetuará esta situación la nueva constitución capitalina?

Una tercera estampa de la simulación legal en la que vivimos la protagonizó la periodista estadounidense-chilanga Andrea Noel, quien el 8 de marzo (día de la mujer, por cierto) fue víctima de un ataque sexual a plena luz del día en una calle de la colonia Condesa. En esa fecha, un individuo la empujó por la espalda para luego jalarle el calzón. Andrea ha denunciado no sólo el ataque que sufrió, sino la inoperancia y la selectividad de los servicios de procuración de justicia en casos de violencia sexual. En otro más de los avatares en que se manifiesta la ficción referida, la periodista ha dejado en claro que ella recibió de la autoridad un trato deferente y diferente. El ruido que a través de las redes provocó su caso le evitó pasar por la doble victimización que padecen las mujeres que llegan a un ministerio público a denunciar, por su propio pie y sin padrino, una agresión de género.1 La ciudad que internacionalmente presume derechos de avanzada no respeta a sus mujeres en la calle, en el transporte y mucho menos en nuestras delegaciones y ministerios públicos.

Los ejemplos que acabamos de mencionar debieran ser suficientes para adoptar una actitud escéptica respecto a la Asamblea Constituyente que se está cocinando en la CDMX. Una precisión: de las pocas cosas rescatables que percibimos en este proceso cabe destacar a los candidatos independientes que, contra viento y marea, están tratando de alcanzar un lugar en dicha asamblea. Esos jóvenes y no tan jóvenes representan algunas de las escasas luces en medio de ese penumbroso Estado de derecho que tenemos en México. Cabe añadir que su intento por alcanzar un lugar en la Asamblea se ha dado en contra de un montaje político que quiso marginarlos. La apuesta de estas ciudadanas y estos ciudadanos no surge de la ingenuidad, sino de una vocación democrática. Defienden intereses, sin duda, pero intereses ciudadanos surgidos de preocupaciones ciudadanas. Estos candidatos asumen el reto para intentar demostrar que se puede reformar la democracia incluso si unos, los instalados en el poder, intentan cerrar la puerta a otros, los nuevos participantes. Otra cosa es si sus propuestas lograrán llegar al texto definitivo de un documento local que está programado para ser promulgado en coincidencia milimétrica con el centenario de la Constitución federal, es decir, el 5 de febrero de 2017…2

Pedimos una disculpa a los lectores por repetir algo tan elemental y tan trillado, pero la ficción legal mexicana comienza por la incapacidad del Estado por proporcionar seguridad a sus ciudadanos. No es necesario decir más a este respecto, pues las experiencias de miles de mexicanos vejados, extorsionados, secuestrados y muchas veces asesinados están ahí, a la vuelta de la esquina del hogar de cada quien, cuando no en la propia casa.

En un contexto como el que hemos esbozado aquí, ¿por qué proceder a elaborar un documento constitucional que está viciado de origen en lo que se refiere a cualquier noción que se tenga de la representación democrática, que costará demasiado dinero y que difícilmente contribuirá a reducir la ficción legal en la que vivimos? Es más, cabe plantear que en el contexto actual del país no hará sino reforzar ese simulacro legalista que existe en la cabeza de muchos mexicanos (capitalinos y no capitalinos). Eso sí, el tinglado constituyente dará mucho de qué hablar, ocupará incontables titulares, distraerá la atención de la ciudadanía, proporcionará material para pomposos discursos y, last but not least, servirá para que, en su momento, Miguel Ángel Mancera se adorne con una vestimenta de estadista que, sobra decirlo, no le va y no le ha ido desde el instante mismo en que se convirtió en Jefe de Gobierno de la CDMX.

Roberto Breña es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

Salvador Camarena es periodista. De lunes a viernes publica la columna “La Feria” en El Financiero.


1 “Sin padrino” significa una o varias de las siguientes opciones: una cierta cantidad de dinero disponible en la bolsa, un apellido “de sociedad”, un abogado poderoso, la capacidad para hacer una llamada a alguien influyente o, por último, una notoriedad en las redes. Por otro lado, vale la pena echarle una ojeada a los comentarios que lo sucedido a Noel ha provocado en las redes sociales para calibrar la enorme distancia que todavía tenemos que recorrer como sociedad en lo que se refiere a cambiar la mentalidad de muchos hombres mexicanos respecto a la mujer. De hecho, pese a sus loables objetivos, el servicio de autobuses exclusivo para mujeres denominado “Atenea”, que proporciona el gobierno de la CDMX, es una buena muestra de dicha distancia. Lo mismo se puede decir, por supuesto, de los vagones de metro exclusivos para mujeres. Al respecto, puede verse lo que escribió Carlos Puig. Hablando de simulación y de este mismo medio de transporte, ¿qué tal los “baños de pueblo” que escenificaron hace unos días los diputados priístas, encabezados por su coordinador, con motivo de la contingencia ambiental?

2 Al respecto, cabe anotar aquí otro tipo de “fetichismo constitucional”: el que consiste en aferrarse a un documento constitucional por motivos puramente histórico-ideológicos, incluso cuando ese documento ha dado repetidas muestras de no ser el más adecuado para el país en cuestión. Es, por supuesto, el caso de México. Hasta el 10 de julio del año pasado, la Constitución de 1917, “producto de la Revolución Mexicana”, había sido objeto de ¡642! reformas. Esta cifra debiera bastar para saber que un documento redactado cuando estaba teniendo lugar la Revolución Rusa no es el más indicado para enfrentar el siglo XXI. Pero no, ahí está nuestra venerable constitución, como la Puerta de Alcalá, “viendo pasar el tiempo”. Por supuesto, en buena lógica con lo que planteamos en esta contribución al blog de Nexos no creemos que una nueva constitución sea una panacea (ni mucho menos), pero sí creemos que este tipo de fetichismo constitucional es un lastre mental que debiéramos desterrar en cuanto las condiciones del país sean otras (más favorables, por decirlo de algún modo). Por lo pronto, el esfuerzo de reordenación y consolidación que llevó a cabo recientemente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos permitiría contar con un documento con una serie de cualidades que, paradójicamente, reflejan bien las enormes limitaciones del documento actual: menos extenso, sin duplicaciones, sin inconsistencias terminológicas, sin defectos en la regulación institucional, sin disparidades temáticas, sin ubicaciones deficientes y, finalmente, sin errores de actualización.