Durante los últimos 14 años el tema de la transparencia se ha convertido en uno de los ejes centrales de cualquier estrategia de las democracias constitucionales; sin embargo, se calcula que alrededor del 66% de las leyes a nivel internacional fueron aprobadas del 2000 al 2010. Esto supone no sólo cambios en la cultura política, sino que afectan a toda la estructura gubernamental de manera transversal; es decir, se incorpora sistemáticamente a todas las normas, políticas, programas, procesos y proyectos del Estado.

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En México, no fue sino hasta el 2002 que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Posteriormente, en el 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto fue lanzada para proveer una plataforma internacional para aquellos países con el compromiso de rendir cuentas por parte de sus gobiernos, a hacerlos más abiertos, más transparentes y a que mejoraran su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Desde entonces México es parte de esta Alianza donde los países, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. 

Dentro de este contexto, el 22 de septiembre de 2014, en el Senado de la República se lanzó la Alianza para el Parlamento Abierto en México como una plataforma de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, legisladores, y el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como órgano garante de acceso a la información. El Parlamento Abierto busca de manera sostenida que los órganos legislativos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, con el objetivo final de tener parlamentos receptivos, innovadores y eficientes, pero también y posiblemente más importante, de tener una ciudadanía más participativa que permita a través de la libertad de expresión, construir sociedades mejor informadas y que se tomen mejores decisiones. 

En ese sentido, uno de los casos paradigmáticos en la Cámara Alta fue el procedimiento del nombramiento de los integrantes del nuevo organismo garante del derecho de acceso a la información pública. Cabe señalar que derivado de la Reforma Constitucional del 2014 al artículo sexto, la Junta de Coordinación Política emitió un acuerdo donde se establecía dicho procedimiento, y posteriormente, emitió una convocatoria abierta a distintas instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y a la sociedad en general, a que se propusieran ciudadanas y ciudadanos mexicanos para ocupar alguno de los siete cargos de comisionado del INAI. 

Asimismo, y atendiendo a los principios de Parlamento Abierto, la Cámara de Senadores, a través de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, segunda, acordaron el formato y los horarios de las comparecencias de las personas propuestas, las cuales fueron públicas y transmitidas por el Canal del Congreso. De igual forma, las ciudadanas, los ciudadanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil, hicieron llegar propuestas, preguntas u opiniones para las y los candidatos, que pudieron aplicarse durante el desahogo de las comparecencias, sin limitantes a su libertad de expresión. 

La parte fundamental de todo este procedimiento –y que es precisamente la representación de cómo el derecho de acceso a la información y la transparencia son pilares fundamentales de la libertad de expresión–, fue el acercamiento y las pláticas con distintas personalidades con amplio reconocimiento en materia de transparencia y así buscar la consolidación de un Comité Técnico de Acompañamiento que tenía el propósito de apoyar a esas Comisiones, emitiendo sus opiniones como cuerpo colegiado de manera libre, sobre: 

  1. la evaluación de los perfiles de las personas que se inscribieron como candidatas al proceso de selección, en función de los criterios establecidos por las comisiones del Senado;  y 
  2. sobre la calidad del propio proceso de selección y designación, mediante un informe que se publicó luego de que dicho proceso concluyera.

Resulta importante señalar que estos 10 expertos fueron distinguidos académicos, excomisionados del mismo órgano garante, así como distintos ciudadanos miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Incluso, al final del procedimiento, el Colectivo por la Transparencia a nombre de todas las organizaciones de la sociedad civil integrantes, expresaron un profundo reconocimiento por el compromiso, la apertura y la sensibilidad de este Senado de la República para la integración del pleno del nuevo INAI. 

Finalmente, las Comisiones Unidas presentaron al pleno, la propuesta de los candidatos a comisionados para el organismo autónomo el 30 de abril de 2014, y posteriormente, el Comité de Acompañamiento elaboró y presentó su informe final del proceso de la designación de los Comisionados del INAI en mayo de 2014. 

Este caso no sólo sentó un precedente ejemplar dentro del Poder Legislativo en los procedimientos de designación y nombramientos, dentro del marco del Parlamento Abierto, sino que también refleja como a través de un procedimiento transparente, la sociedad civil representado por el Comité de Acompañamiento, ejerció su libertad de expresión. Se debe recordar que el parlamento abierto no es únicamente la publicación de información, sino la apertura que permite la interacción ciudadana por medio de la libertad de expresión.

Carlos Bonnin Erales es director general de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.