Con 61 votos a favor y 20 en contra, el Senado brasileño puso fin al mandato de Dilma Rousseff y a los 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se necesitaban 54 votos (dos tercios del Senado) para aprobar la destitución definitiva de la mandataria, quien había estado separada de su cargo desde el pasado 12 de mayo, cuando el Senado decidió instaurar el proceso que llevaría al juicio político en su contra.

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La etapa de juicio propiamente inició el pasado 25 de agosto. Seis días de sesión y más de 60 horas de trabajo después, finalmente llegó el día de la votación, que constituyó el último y esperado capítulo de un largo proceso de impeachment que comenzó el 2 de diciembre de 2015, manteniendo a Brasil dividido y en suspenso por casi nueve meses.

Durante la sesión de hoy, el Senado inesperadamente determinó dividir la decisión en dos votaciones, por solicitud de aliados de Rousseff. Primero se votó sobre su destitución al haber sido encontrada culpable de “delitos de responsabilidad” configurados por usar maniobras contables para transferir recursos de bancos públicos para el pago de programas sociales sin solicitar aprobación del Congreso para aumentar la deuda, y mejorar la apariencia de la cuenta pública, maniobras que fueron llamadas “pedaleadas fiscales”. 

La segunda votación decidió si Rousseff sería inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años, como consecuencia de haber sido encontrada culpable de un crimen de responsabilidad. En esta votación no se obtuvo un mínimo de 54 votos para que hubiera sido aprobada la inhabilitación, sino sólo 42, por lo que se decidió mantener los derechos políticos de Dilma Rousseff.

A pesar de que la tendencia prácticamente irreversible hace meses indicaba que sería destituida, la primera mujer electa presidente de Brasil decidió aguantar hasta el final y soportar todas las fases. Su resistencia era más simbólica que práctica, como lo demostró en la presentación de su defensa ante los 81 senadores y la maratónica sesión de preguntas y respuestas que le siguió, que estuvo enfocada a dejar claro que no aceptaría jamás el veredicto y que se sentía juzgada no solo injusta sino antidemocráticamente, que a influir en los senadores para impedir su remoción del cargo.

Durante más de 12 horas, Rousseff negó insistentemente los cargos y denunció el juicio como un “golpe a la democracia” que pretende proteger los intereses de la élite económica y deshacer los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de brasileños. Por su parte, sus rivales la culparon de la peor recesión económica en generaciones, del desempleo creciente y del masivo escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Su abogado defensor, el exministro de Justicia, José Eduardo Cardozo argumentó una y otra vez que las denuncias son improcedentes pues las operaciones que se analizaron son legales y no representaron gastos adicionales, sino que fueron, más bien, una reasignación de recursos. Además de que la presidente Rousseff no participó de manera directa en esos procesos, sino que los decretos que se cuestionan formaron parte de la actividad ordinaria del gobierno, con la participación de diversos órganos técnicos.

Las razones para acreditar el delito de responsabilidad fueron siempre más políticas que jurídicas. A Rousseff se le juzgó y condenó, más que por las llamadas “pedaleadas fiscales”, por un mal control fiscal de los gastos que se considera que agravó la crisis económica del país y, a su vez, provocó un descontento social creciente durante su gestión. Esto fue mermando su popularidad y agravó su situación la poca habilidad mostrada para formar alianzas entre los congresistas y los senadores, en un Congreso hostil, voluble y pulverizado en decenas de partidos. Los mismos parlamentarios que, con despecho y rencor, la juzgaron y hoy la condenaron, antes bloquearon muchas de sus iniciativas encaminadas a mejorar la economía, lo que hubiera podido cambiar su destino. El carácter férreo, rígido, austero y gerencial de Rousseff no funcionó en ese ambiente.

El PT sale del poder habiendo colocado temas sociales en la agenda prioritaria del país, lo que difícilmente podrán soslayar gobiernos posteriores. Desde la oposición, podrá recuperar la defensa directa de banderas históricas que tenía que negociar por concesiones que exigía el ejercicio del gobierno (derechos laborales, desarrollo social, reducción de las desigualdades). Lula sigue siendo el político más popular de Brasil, pese al desprestigio general de la clase política, y no se descarta que pueda presentarse en las siguientes elecciones como candidato. Si no logran prosperar las diversas acusaciones en su contra.

No habría sido posible llegar a este desenlace sin la labor de un personaje oscuro, por decir lo menos: el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien el 2 de diciembre de 2015 decidióaceptar la solicitud de impeachment. Esta decisión la tomó exactamente el mismo día que la bancada del PT, el partido de Rousseff, dio a conocer que votaría a favor de que se abriera una investigación en el Consejo de Ética de la Casa que podría llevar a la remoción del cargo de Cunha, por haber mentido al negar la existencia de cuentas en el extranjero durante su testimonio ante una Comisión Parlamentaria de Investigación.

Eduardo Cunha está siendo investigado por la justicia brasileña, acusado de haber recibido sobornos en el esquema de corrupción descubierto por la Operación Lava Jato, y por tener cuentas no declaradas en Suiza, según denunció la Fiscalía General de la República al Supremo Tribunal Federal. La gran paradoja es que Rousseff, a la que nadie ha podido acusar de llevarse un solo real, sale hoy del poder tras ser condenada y Cunha aún no ha sido juzgado y sigue gozando del fuero de diputado, aunque tuvo que renunciar al cargo de presidente de la Cámara.

Como consecuencia de la destitución de Rousseff, Michel Temer, quien había fungido como presidente interino desde el pasado 12 de mayo, tomó posesión oficialmente como presidente unas horas después de la votación, antes de viajar a China para la reunión de jefes de Estado y Gobierno del G20.

Originario del estado de Sao Paulo, Michel Temer tiene una vida dedicada al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual se afilió en 1981 y que presidió durante los últimos 15 a{nos. El PMDB es el partido con mayor representación y capilaridad en todo el territorio nacional, a pesar de nunca haber ganado una elección directa a la Presidencia. Su característica ha sido la maleabilidad para formar parte de los gobiernos en turno, también formó parte de la base aliada del PT desde la primera elección del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hasta su rompimiento con el gobierno de Rousseff en marzo de este año.

Temer enfrenta el enorme reto de impulsar una economía que acumula seis trimestres consecutivos contrayéndose. Los inversionistas esperan que adopte medidas de austeridad para contraer el gasto público y controlar la tendencia alcista del déficit presupuestario, que ha alcanzado niveles récord y costó a Brasil perder el grado de inversión de las calificadoras de deuda el año pasado. No es un desafío menor, sobre todo considerando que deberá tomar medidas impopulares, contando con una popularidad de apenas 13%, sin la legitimidad del voto directo, con un gabinete ampliamente criticado por la falta de mujeres y negros, que incluye a diversos políticos investigados, procesados o condenados.

Al terminar la votación en el Senado, Dilma se dirigió al país y citó una frase del libro O povo brasileiro de Darcy Ribeiro: “Detestaría estar en el lugar de quien me venció”. En efecto, los retos del actual gobierno no sólo serán reactivar la economía o lograr las complicadas reformas estructurales; en realidad, el problema de fondo será toparse con el infranqueable muro de la gobernabilidad (o su ausencia) que ha venido perdiendo el sistema político brasileño, especialmente con la fragmentación partidaria y las dudas sobre la legitimidad del proceso de destitución de Rousseff.

 La Redacción