En México, la difamación dejó de ser delito hace casi 10 años. En el transcurso de una década, los estados de la república han aprobado la despenalización de la difamación, la calumnia y la injuria. Como suele ser costumbre, el populista Distrito Federal, conocido ahora como la populista CdMx, fue la primera entidad en suprimir los delitos contra el honor, en 2006.

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Con una política de este tipo, hubiese sido inimaginable el precedente que sentó la Corte británica en 2013 al sentenciar como difamatorio un tuit de Sally Bercow, esposa del vocero de la Cámara de los comunes en Inglaterra, quién había dado a entender con una ironía –dirigida a sus 56,000 seguidores–, que el político y empresario, Robert Alistair McAlpine podría ser, como ya había lanzado la BBC, un pedófilo. El error de Bercow fue haber dado por cierta y haber hecho un copypaste de una información equivocada de la BBC, que había confundido al político con un homónimo de éste. El daño estaba hecho. La sentencia, sin embargo, dejó un precedente implacable: si usted difama vía red social, puede ser demandado, tal y como sucede con un medio de comunicación tradicional.

En México se ha optado por permitir el escarnio, la difamación y la amenaza anónima, antes que inhibir lo que para muchos es un diamante en bruto o un cuerno de marfil: la libertad de expresión. De dónde viene este diamante, bajo qué condiciones se sustrajo, a quién se agredió o se mató para conseguirlo, es asunto que a los defensores a toda costa de ese diamante les tiene sin cuidado. 

Estos “luchadores” no dudarían en defender la libertad que tuvo el ex novio de la napolitana Tiziana Cantone, en colgar en la red un video sexual suyo sin su consentimiento. Cantone demandó a Google y a otros buscadores, incluidos Facebook, así como a decenas de páginas pornográficas, el retiro del video. La batalla judicial de Cantone duró un año. Su martirio y las burlas en la red (se comercializaron playeras con una frase que ella decía en el video), también. La justicia dictaminó la orden de que se retirara el video de la red, pero la obligaba a pagar 20,000 euros por los costos legales. Cantone optó por la muerte; se suicidó a mediados de septiembre. Hay quienes optan por el “todo vale”.

Otros países europeos han dado pasos en sentido inverso. En España, una conocida cuenta de Twitter (@masaenfurecida), con 157,000 seguidores decidió cerrar en junio pasado luego de que la red social le exigiera un número telefónico para verificar su identidad. Su autor –o autores–, aun cuando no se le perseguía legalmente, prefirió desaparecer antes que dar la cara y decir quién se escondía detrás de las peroratas enardecidas de su cuenta. Solicitar los números telefónicos de quienes manejan las cuentas de Twitter es una política de la compañía iniciada en febrero de 2015, cuyo objeto es evitar los comportamientos abusivos y el acoso a través de la red social. 

La prensa no es ajena a esta tendencia. Al margen de que algunas versiones online de periódicos y revistas han decidido no permitir comentarios anónimos de sus lectores, la defensa talibánica de la libertad de expresión y el anonimato ha encontrado oponentes de peso en los propios medios de comunicación.

El caso más emblemático es quizá el de Denis Robert, un periodista de investigación francés que ha desenmascarado a cuatro anónimos de Twitter de los llamados Golden corbeaux (“cuervos dorados”), las cuentas dedicadas a intoxicar con todo tipo de difamaciones, violencia, amenazas e improperios en la red social. Una vez desenmascarados, los autores no tuvieron el menor prurito para amenazarlo con “romperle la cara” y surgió el debate ocioso de si Robert tenía o no el derecho de desenmascarar a los usuarios que se esconden tras el velo electrónico.

Robert sabe lo que hace: ha sido demandando más de medio centenar de veces a raíz de su libro Revélation$, publicado en 2001, donde denunció el funcionamiento de la cámara de compensación internacional Clearstream, y en el que acusa a su fundador y su vicepresidente de borrar todo rastro de información de transacciones sensibles. Los acusados demandaron al periodista por difamación, entre otros supuestos delitos.

La acusación más seria en su contra era de robo: Robert se había hecho con información bancaria de la manera no más ortodoxa. El triunfo del periodismo volvió a ser implacable: el tribunal de justicia francés lo exoneró gracias a la aplicación correcta del sentido de libertad de expresión: el tribunal justificó el robo de la información bancaria porque lo robado fue considerado un asunto de interés general, materia fundamental del periodismo.

¿A qué viene todo lo anterior escrito? A las amenazas que el Estado y una red social cualquiera, sea Facebook o Twitter, permiten, no persiguen y, en ocasiones, alientan, contra los periodistas incómodos, como ha sido el caso de Héctor de Mauleón, a quien por segunda vez se le amenaza en Twitter desde cuentas que podrían ser verificables y, por tanto, perseguidas. ¿De quién es responsabilidad desenmascarar a los difusores de terror y amenazas de muerte vía Twitter, vía Facebook, vía telefónica? Sin duda, del primer involucrado: la red social; seguido de ello, de los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos: el Estado; y, tercero, de los propios periodistas que deberíamos de estar haciendo, como Robert, lo más posible por difundir los mayores datos posibles de quienes se esconden detrás de sus teléfonos celulares y computadoras.

Juan Manuel Villalobos