¿Qué pasaría si las instituciones religiosas intervienen en temas sociales con el apoyo de los poderes del Estado mexicano? Ésta fue la pregunta que el diputado y líder del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Erick Flores Cervantes, formuló desde la tribuna del Congreso de la Unión al iniciar su periodo como legislador. Desde aquél momento, Flores respondió que ello no significaría que se violente el “mal entendido laicismo de nuestra cultura política”; al contrario, afirmó que la participación de las instituciones religiosas ayudaría a resolver los problemas sociales del país. Así fue como el Partido Encuentro Social inició su participación en el Congreso con el carácter de partido nacional. Como una agrupación que considera un error haber sacado a dios de la vida pública, pero que –a pesar de la fe cristiana de sus dirigentes– trabajará por los intereses de la sociedad mexicana. Al menos así se presentó.

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Formalmente Encuentro Social establece como obligaciones del partido la defensa de los principios históricos constitucionalmente establecidos como el Estado laico; sin embargo, aboga por la venida de dios a la vida pública. ¿Es posible reconciliar estas dos cuestiones? La respuesta a esta pregunta involucra, utilizando las palabras de Julieta Lemaitre Ripoll,1 un fraude a la discusión democrática.2 Para explicar este engaño es necesario partir de lo que implica el pensamiento laico. Para Michelangelo Bovero, la laicidad significa la libertad frente a los dogmas.3 En otras palabras, es el derecho a “pensar de manera diferente” frente a lo que se cree irrefutable.4 En el caso del Partido Encuentro Social, su trabajo legislativo contraviene este principio fundamental del Estado mexicano al tratar de imponer un orden moral objetivo basado en dogmas.

El objetivo del PES, como lo expresan sus legisladores en las exposiciones de motivos de sus iniciativas, es proteger a la familia y desarrollar acciones para recuperar los valores en la sociedad. La forma en que las y los diputados de Encuentro Social desarrollan sus argumentos utiliza el lenguaje de los derechos humanos, pero la interpretación que hacen de los mismos no obedece a las técnicas que le son propias. Como señala Lemaitre Ripoll,5 las normas de derechos humanos dependen de documentos, de momentos históricos específicos y de contextos políticos concretos. Sin embargo, quienes conjuran a dios en el debate público han aprendido a defender posiciones religiosas en términos de derechos humanos recurriendo al derecho natural que no depende de la historia ni toma en consideración los contextos políticos.6 Por ejemplo, la separación del Estado y las iglesias es un principio histórico –así reconocido en el artículo 130 de la Constitución Federal–, pero los fieles cristianos honran el llamado a santificar al Estado a través de su participación como forma de materializar el orden moral objetivo de su fe, argumentando estar actuando con base en su libertad religiosa.

En este punto es donde radica el fraude a la discusión democrática. En el Estado laico no hay cabida a verdades irrefutables. La discusión requiere la posibilidad de que una persona sea convencida por otra pues en el ejercicio de las libertades habrán de darse contradicciones en las que es necesario equilibrar los intereses encontrados para llegar a soluciones justas. El problema de plantear un orden moral dogmático –que se funda en creencias religiosas– es que no existe espacio para pensar de una “manera diferente” ni para formular nuevas interpretaciones desde otras perspectivas a las establecidas por el dogma, por ejemplo desde el desarrollo del conocimiento científico.

La tensión entre el Estado laico y la defensa de un orden moral dogmático puede identificarse en las iniciativas del PES. La iniciativa de reforma al artículo 4° de la Constitución Federal –suscrita por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, quien promueve marchas contra el matrimonio igualitario en Jalisco–, propone lo siguiente: i) el derecho humano a ser definido por su naturaleza y no por la cultura; ii) el reconocimiento del matrimonio como una institución fundamental de carácter social definida original, etimológica y naturalmente como la unión entre un hombre y una mujer para salvaguardar la perpetuidad de la especie humana; iii) el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas, de conciencia y de religión; iv) prohibir, con base en la laicidad del Estado, que la educación obligatoria desvirtúe la idea de matrimonio propuesta, y v) la obligación de proteger la vida desde la fecundación hasta el término de su ciclo natural. En la exposición de motivos de esta iniciativa, que además cuenta con el respaldo de integrantes de todos los partidos políticos y del Frente Nacional por la Familia, puede identificarse el uso de argumentos de derechos humanos para justificar cada una de las propuestas, como por ejemplo el interés superior del niño o el derecho a la vida. Sin embargo, en el propio texto se reconoce que el marco de derechos que plantean es producto de la “sindéresis que el hombre mismo hace de su realidad y de su naturaleza. El Derecho Natural, entendido como las normas derivadas de la racionalización de la realidad misma […] se convierte en la única brújula válida, comprobable y objetiva que nos puede llevar a ese Estado de Derecho”.

Esta iniciativa de reforma plantea que sólo existe un conjunto de normas objetivas que de alguna forma le son reveladas al hombre, que no pueden ser cuestionadas y que no permiten que la actividad humana se aparte de ellas si se quiere preservar el Estado de Derecho. Es decir, establecen un dogma conforme al cual debe configurarse todo el Estado. Además de esta iniciativa que atenta contra el matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la muerte digna, el PES ha presentado otras propuestas para completar su modelo dogmático.

La misma diputada Norma Edith Martínez Guzmán presentó una iniciativa para suprimir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló el contenido de este derecho al resolver los casos sobre identidad de género, el matrimonio igualitario y el consumo recreativo de mariguana. No obstante, desde el orden moral que defiende el PES las decisiones de la Corte no tienen sentido. Como dice la iniciativa “el hipotético derecho al libre desarrollo de la personalidad supone la ‘proclamación constitucional de que siempre que se respeten los derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses’”. Es decir, la libertad de las personas no sólo está restringida por la libertad de los demás, sino que su conducta debe obedecer a un orden moral superior objetivo –como sería una religión– que el PES asume que existe. En esta propuesta, la diputada cuestiona además que el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad contraviene el derecho de los padres a imponer sus creencias a sus hijos porque le daría el derecho, por ejemplo, a un niño de 11 años “a disponer de [su] persona y cuerpo en el ámbito privado”. Conforme a las propuestas del PES, sería un escándalo que las personas puedan disponer de su libertad. El extremo de esta iniciativa está en que el Partido Encuentro Social propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en los delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, los cuales en el Código Penal Federal son: corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, trata de personas y pederastia.

Más aún, la estrategia legislativa del PES no se restringe a configurar derechos en apego a su orden moral dogmático y a restringir la libertad de las personas. La proclamación de sus dogmas también requiere sancionar a las personas que contravengan sus ideas, así como desmantelar a las instituciones que han procurado los derechos que se oponen a su moral. En otra de sus iniciativas, el PES propone que se considere como material pornográfico a todo aquel que tenga como finalidad la educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de trasmisión sexual y el embarazo adolescente, aun cuando esté aprobado por la autoridad competente. Asimismo, propone modificar el procedimiento para dificultar la aprobación de las Normas Oficiales Mexicanas y restringir la participación de la sociedad civil en su elaboración –este tipo de normas ha servido para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción de un embarazo en casos de violación–, restringir la facultad de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos de emitir recomendaciones generales sobre un tema que además haya impugnado en la Suprema Corte a través de una acción de inconstitucionalidad y modificar el procedimiento para la elección y remoción de la persona que presida el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual ha emitido diversas resoluciones y comunicados en contra del discurso de odio difundido por jerarcas religiosos y organizaciones como el Frente Nacional por la Familia.

Finalmente, el PES presentó una iniciativa para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, así como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que las asociaciones religiosas –en especial las iglesias evangélicas, de acuerdo con el texto de la iniciativa– puedan poseer y administrar concesiones de radio y televisión. De esta forma, las iniciativas del PES tienen la finalidad de ajustar el marco normativo para establecer un orden moral único conforme a sus creencias, limitar la libertad de las personas para cuestionar ese orden moral, contar con medios para difundir sus ideas y controlar a las instituciones del Estado que tienen como finalidad la protección de los derechos de todas las personas.

¿Qué pasaría si las instituciones religiosas intervienen en temas sociales con el apoyo de los poderes del Estado mexicano? En el trabajo legislativo del Partido Encuentro Social se advierte la amenaza que encierra esa pregunta. El peligro de que la fe tome forma de normas y de políticas públicas radica en que sus dogmas no admiten cuestionamientos. La libertad frente a las creencias de los demás no tiene sentido en un Estado en el que un ente superior es quien dicta las normas. Quienes ostentan una verdad revelada –que no admite cuestionamientos– rechazan el principio fundamental de la democracia: las mayorías deben ser escuchadas y las minorías protegidas para garantizar la libertad de todos los individuos de ser quienes decidan ser y no quienes les impongan ser.

José Manuel Ruiz Ramírez


1 Abogada que ha estado comprometida mucho tiempo con los derechos sexuales y reproductivos, y que ha estudiado los movimiento que los promueven y los que se oponen a ellos.

2 Julieta Lemaitre Ripoll, “Laicidad y resistencia”, Colección de Cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad, número 6 (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013), p. 36. En adelante: Julieta Lemaitre Ripoll, “Laicidad y resistencia”.

3 Michelangelo Bovero, “El pensamiento laico”, Debate Feminista, vol. 9 (marzo 1994), p. 18.

4 Íbid.

5 Julieta Lemaitre Ripoll, “Laicidad y resistencia”, p. 35.

6 Íbid.