Desde la semana pasada se hizo público el caso de Itzel Cisneros Mondragón, quien fuera estudiante del Doctorado en Literatura Hispánica del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL) de El Colegio de México y que fue expulsada del programa en agosto de 2015 por haber plagiado 18 pasajes de un artículo que fue publicado en la revista electrónica española Espéculo en mayo de 2011.1 El título del artículo que fue motivo de la expulsión es “Agustín de Salazar y Torres (poeta suelto, festivo; pero desde México trajo el gongorismo bien metido en el cuerpo)”. La autora de la tesis de licenciatura de donde fueron copiados los 18 pasajes es la ahora Dra. Raquel Barragán Aroche, quien presentó dicha tesis en la UNAM en junio de 2008 y que actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad. Como resulta evidente, el fraude académico fue cometido por Cisneros Mondragón cuando no era estudiante del Colegio. Sin embargo, y este es un aspecto crucial desde una perspectiva académica, ella incluyó el artículo en cuestión como parte del expediente que presentó en el concurso en el que participó para poder ingresar en el doctorado del CELL. 

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Cuando Raquel Barragán Aroche comunicó al editor de la revista Espéculo que en el artículo en el que Cisneros Mondragón aparecía como autora había muchos párrafos tomados directamente de su tesis de licenciatura sin darle crédito alguno a nadie y sin ninguna referencia bibliográfica, el editor, Joaquín María Aguirre Romero, hizo el cotejo correspondiente y decidió retirar el artículo del servidor de la revista. Éste es el motivo por el cual ya no aparece en el archivo electrónico de la misma.

Barragán Aroche también informó al director del CELL, el Dr. Rafael Olea Franco, y a la Junta de Profesores de ese Centro, sobre el fraude académico cometido. Esto derivó en una minuciosa revisión del caso por parte del CELL. La conclusión fue citar a Cisneros Mondragón para conocer sus argumentos. Una vez concluida esta reunión, en la que Cisneros Mondragón nunca negó haber cometido fraude académico, el director del CELL y la Junta de Profesores decidieron expulsarla del doctorado.

Cisneros Mondragón decidió entonces acudir a la autoridad judicial y recibió un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en contra de la decisión de la Junta de Profesores del CELL. El Colegio solicitó una revisión del amparo, sin embargo, éste fue confirmado en agosto del presente año por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México. A partir del 1° de septiembre, el proceso fue repuesto por el CELL y en un documento de 138 páginas, que acaba de ser entregado a las autoridades judiciales correspondientes, el director del CELL y la Junta de Profesores confirmaron su decisión de expulsar a Cisneros Mondragón.2 

Ésta es la relación de hechos, pero conviene señalar que el principal argumento del abogado de Cisneros Mondragón, el Lic. Eric Lara, es que la única institución facultada para determinar si una obra intelectual es producto de plagio es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). En otras palabras, El Colegio de México (o, para el caso, cualquier otra institución académica) no tiene potestad para decidir cuando alguno de sus profesores, investigadores o estudiantes incurre en fraude académico. Gerardo Martínez, el reportero que ha seguido el caso, se da perfectamente cuenta de lo que esto implica: “Este argumento abriría un debate sobre la competencia de las instituciones de educación superior para evaluar sus producciones académicas y sancionar posibles plagios”.

En cuanto a la reacción de Cisneros Mondragón para justificar su petición de amparo  (antes de conocer la segunda resolución del CELL), reproduzco las palabras que concedió vía telefónica a El Universal y que aparecen en su edición del 24 de octubre: “Al momento en que en la escuela se inició el proceso yo estaba en Europa y no me pude defender.” Y prosigue: “Una cosa es lo que subieron [a la página de Espéculo] y otra cosa es lo que yo escribí. En el momento en que lo escribí con otra persona sucedieron una serie de errores inesperados”.

Por lo que toca al abogado defensor de Cisneros Mondragón, el Lic. Eric Lara, éste concedió una extensa entrevista en el mismo periódico, la cual apareció en la edición del miércoles 26 de octubre. Me es imposible detenerme en todos los aspectos mencionados por el Lic. Lara, pero conviene insistir en su argumento central: “El Colmex está facultado para establecer si hay violaciones a los principios éticos o no. Pero no está facultado para establecer si hubo plagio”. En el mismo sentido: “No hay pruebas suficientes, ni siquiera presuntivamente, que acrediten la existencia de plagio. Éste debe estar dictaminado por una autoridad jurisdiccional o administrativa en una sentencia irrecurrible…. Si no hay una resolución de una autoridad competente que diga que existe un plagio, no podemos decir que Itzel faltó a los principios éticos. En el supuesto sin conceder, serían conductas que Itzel no desplegó dentro de El Colmex”. El Lic. Lara afirmó también que no es su interés dañar a nadie y que no es correcto tanto odio “por un supuesto artículo”. Al final de la entrevista, el Lic. Lara hace la siguiente afirmación: “Afortunadamente, contrario a lo que piensa el común de los mexicanos, todavía hay abogados que creemos en el Poder Judicial”. En la última oración de la entrevista concedida por el abogado defensor de Cisneros Mondragón, éste vuelve al punto central de todo este asunto: “Insisto: no hay plagio. Eso lo determina una autoridad jurisdiccional competente”.

No es mucho lo que puedo añadir a lo hasta aquí expuesto. Como profesor-investigador, creo que la simple posibilidad de que las instancias jurídicas pesen más que las instancias académicas cuando lo que se está dirimiendo son cuestiones académicas plantea un escenario desolador. Desolador para los profesores, para los investigadores, para las universidades, para las humanidades, para las ciencias sociales, para las ciencias duras y, en suma y sin temor a exagerar, para el futuro de México. Durante los últimos años hemos visto demasiados valores que muchos consideramos fundamentales ser trastocados de tal manera que terminan por ser irreconocibles o, en todo caso, por difuminarse. Ahora parece haberle tocado el turno a la academia universitaria. Cabe esperar que la comunidad académica mexicana levante la voz con firmeza ante lo que está sucediendo. 

Que las instituciones académicas están obligadas a obedecer escrupulosamente una serie de reglas cuando se trata de los derechos humanos es una cosa. Sin embargo, escudarse en el discurso de los derechos humanos y beneficiarse de los vacíos existentes en la legislación mexicana para atentar contra la honestidad intelectual es derruir uno de los pilares que sostienen a las universidades de este país (o de cualquier otro). Permitir o condonar el fraude académico es una de las vías más seguras para que decaiga la calidad académica de nuestras instituciones. Si el sistema universitario mexicano ya enfrenta de por sí una serie de problemas de diversa índole que merman su nivel, no permitamos que se añada un elemento que contribuiría no solo al descenso de los parámetros académicos, sino también de los parámetros éticos que deben regir la vida universitaria. 

A cada institución académica le toca revisar sus reglamentos de manera que los resquicios que permitan el fraude académico sean cada vez menores, así como otorgar y garantizar los derechos de todos los miembros de cada comunidad universitaria. Sin embargo, el motivo de esta nota va más allá del cumplimiento de los reglamentos universitarios en cada institución y de las garantías que estos reglamentos deben otorgar en lo que respecta a los derechos de profesores, investigadores, estudiantes y personal administrativo. El caso de Itzel Cisneros Mondragón le atañe al Colegio de México en primer lugar; esto es evidente. Sin embargo, invito a los lectores de estas líneas a reflexionar sobre las consecuencias que la decisión última que se adopte puede tener para todas las universidades de México si, como pretende el Lic. Lara, en un caso como el que nos ocupa un juez termina prevaleciendo sobre una Junta de Profesores. 

Roberto Breña es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.


1 El caso ha sido seguido muy de cerca por Gerardo Martínez, reportero de la sección cultural de El Universal. Hasta la fecha, yo tengo registrados cuatro notas y entrevistas dedicadas al tema (con las fechas de octubre 24, 25, 26 y 28). Los lectores interesados pueden acudir a ellas en el sitio de dicho periódico.

2 Los argumentos del Director, Rafael Olea Franco, se pueden ver aquí.