En enero de 2010, Joaquín Villalobos publicó un artículo en la revista Nexos en el que busca desmitificar lo que él llama doce mitos de la guerra contra el narcotráfico y, desde la primera frase se olvida de una verdad que transformó la historia política de México: entre 1910 y 2010 ocurrió 68. También pasa por alto que la pax priista no sólo estuvo sustentada en la negociación con los narcos, sino que existieron amarres y estructuras informales que permitieron al hegemón controlar el territorio por medio de caciques y leales.

Más allá de dichos olvidos, y buscando la médula del artículo de Villalobos: ¿por qué declarar una guerra contra un enemigo difuso como el narcotráfico? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que asumir los costos de esta guerra cuando no está claro cuál es el objetivo del conflicto armado? El que “la droga no llegue a tus hijos” es un buen principio y funciona bien como eslogan publicitario pero no justifica los costos sociales de una confrontación como la que estamos viviendo.

A Villalobos se le olvida decirnos que no era la única solución: había propuestas integrales que contemplaban la prevención y la contención con argumentos más acordes a la realidad mexicana. Aquí 11 respuestas a los doce tabús de Villalobos:

1.No se debió confrontar así a los narcos. Porque la estrategia de pegar primero y averiguar después funciona para los narcotraficantes, no para un estado de derecho democrático; porque faltó planeación integral; porque se requiere una revolución creativa como la de Bogotá, Medellín, Cali o Sicilia.[1] La planeación integral empieza por un diagnóstico sobre las causas: exclusión social, pobreza, justicia lenta y elitista, entre otras; y efectos: violencia, dinero rápido, poder sin contrapesos, para después proponer alternativas de vida y desarrollo generativo. Villalobos dice que había un “monstruo real, fuerte y peligroso” ante el que había que actuar con “determinación y velocidad” porque “sin ganarle terreno a los carteles no puede pensarse ni en la reconstrucción de instituciones ni en planes integrales”. El argumento puede hacerse a la inversa: no tiene caso ganarle terreno a los narcotraficantes sin una estrategia integral que resuelva las causas sociales del problema.

2.México no se está “colombianizando”, se está “tijuanizando”. ¿Estado fallido? Estamos regresando a un Estado bronco, en el que impera la violencia (que se genera en ambos lados) por encima de la Ley. El crimen organizado mexicano no busca el control político territorial, sino que se alía y corrompe para trasegar droga sin necesariamente conquistar y gobernar territorios.[2]

3.El intenso debate sobre la inseguridad no ha protegido a quienes trabajan en los medios de comunicación. Existen varios periódicos en el norte que ya no hablan de narcotráfico. Nada más en 2009 hubo 12 periodistas asesinados. México es tan peligroso como Irak, Pakistan o Somalia para quienes ejercen el periodismo.[3] Los peligros de ser periodista en México tienen mucho que ver con cubrir temas de seguridad.

4.Los muertos y la violencia demuestran que estamos en una guerra. Aunque es cierto que en la lógica militar el Estado tiene las de ganar, en un Estado democrático lo militar no se puede superponer a lo social. El ejemplo, otra vez, Colombia: la revolución social dice basta e inventa nuevas formas de convivencia donde sólo había violencia. Las personas vuelven a empoderarse de las calles y se desarrollan proyectos en las colonias más pobres para dar opciones y esperanzas.[4]

5.En tres años no se ha planteado una estrategia integral. Al optar por la estrategia de guerra, ninguno de los otros intentos por resolver el problema del narcotráfico ha figurado en la lista de prioridades de los gobiernos panistas. Villalobos nos presenta las cifras de decomisos e incautaciones que prueban de manera contundente que la prioridad se ha puesto en una sola estrategia: la guerra. No nos explica, otra vez, que no era la única solución y que se plantearon estrategias más completas, que incluían programas sociales y culturales y a las que no se les ha dado mayores recursos.

6.Los ataques de los narcos prueban que son poderosos, y que mientras se consuma droga, seguirá habiendo sicarios y capos. El poder de los narcotraficantes emana de tres factores: el producto que comercian tiene una demanda creciente e inelástica (cambios en el precio no modifican cambios en la demanda), generan grandes cantidades de dinero en poco tiempo y se alían y corrompen a ciertos sectores de la clase política. Y ahora además diversifican sus negocios y trafican armas y personas.

7.¿Qué fue primero? ¿La pobreza y la corrupción o el crimen organizado? Mientras no exista una política de desarrollo incluyente, que empodere a las y los ciudadanos, se seguirán combatiendo los síntomas, no las causas.

8.El narcotráfico, como cualquier actividad ilícita requiere, para su éxito, de la complicidad de algunos servidores públicos. Villalobos afirma de pasada que, a diferencia de Colombia, “el fenómeno delictivo en México es comparativamente joven”. Lo anterior no tiene bases en la realidad: el fenómeno del narcotráfico empieza, en la mayoría de los países del mundo, después de la prohibición de principios del siglo XX. Desde entonces, el narcotráfico ha florecido ahí donde se ha tolerado.[5]

9.La estrategia debería dirigirse a la despenalización y uso prudente de las drogas: lo demás es una pérdida de vidas, recursos y tiempo. Existen, por lo menos, tres opciones para enfrentar el problema del narcotráfico: enfrentarlo como un problema de seguridad e imponer prohibiciones y penas; despenalizar el consumo de drogas y verlo como un asunto de salud pública y/o regresar la libertad de decisión a las y los ciudadanos. El gobierno federal ha optado únicamente por la primera.

10.La participación del ejército es negativa. Un remedio que combate los síntomas, no las causas. Convertir el problema en uno de seguridad nacional aleja la posibilidad de la participación ciudadana.

11.Se requiere de una estrategia común que incluya a todas y todos los mexicanos para solucionar el problema de las drogas. El Estado debe escuchar las voces que critican su estrategia y replantearla desde una visión integral, creativa y participativa; con una estricta claridad en las funciones y responsabilidades de cada parte.

Lo que incluye estrategias frescas para mejorar las opciones y calidad de vida de las personas.

El Estado no puede limitarse a una guerra contra un enemigo difuso. Habría que recuperar la congruencia en las políticas de seguridad y plantear políticas que aprovechen las energías sociales para regenerar la confianza entre las y los ciudadanos, sin seguir descuidando el desarrollo social, educativo y cultural. El ejemplo de Colombia está ahí para quien quiera imitarlo.

Diego de la Mora Maurer. Investigador del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

[1] Entre 1989 y 1993, la tasa de homicidios se redujo 43% en Medellín; entre 1994 y 1997, 37% en Cali, y entre 1991 y 1995, 16% en todo Colombia. Entre 1991 y 1998 hubo 29% menos homicidios en dicho país. Pablo Casas Dupuy y Paola González Cepero, Políticas de seguridad y reducción del homicidio en Bogotá: mito y realidad, Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en línea: www.seguridadydemocracia.org (consultado en enero de 2010).

[2] Ver: Fernando Escalante Gonzalbo, ¿Puede México ser Colombia? Violencia, Narcotráfico y Estado, Nueva Sociedad, No. 220, marzo-abril 2009. Disponible en línea: http://www.nuso.org/revista.php?n=220 (consultado en enero de 2010).

[3] Darío Ramírez “Periodistas asesinados: no pasa nada”, El Universal, 5 de noviembre de 2009. Disponible en línea: http://www.cencos.org/es/node/22045 (consultado en febrero de 2010).

[4] Ver: Cómo vamos Bogotá, disponible en línea: http://www.bogotacomovamos.org (consultado en febrero de 2010) y Cómo vamos Medellín, disponible en línea: http://www.medellincomovamos.org (consultado en febrero de 2010).

[5] Luis Astorga describe lo que ocurría a mediados del S. XX: “El gobernador de Sinaloa (1945-1950), general Pablo Macías Valenzuela, extitular de la Secretaría de Guerra y Marina (1940-1942), fue calificado por [la prensa del Distrito Federal] como “uno de los cabecillas de la banda de traficantes en drogas”, “gobernador cabecilla”, “gobernador traficante”, y “rey de la adormidera”[…] La acción estatal contra las drogas será caracterizada con lenguaje de inspiración religiosa y militar: “cruzada”, “lucha”, “batida”, “combate”, “guerra”, y “campaña”. Luis Astorga, “Tráfico de Drogas Ilícitas y Medios de Comunicación”, Ponencia preparada para la Conferencia Internacional Medios de Comunicación: guerra, terrorismo y violencia. “Hacia una cultura de la paz”, Universidad Iberoamericana, México, D.F., 5-6 de mayo de 2003. En línea: http://catedras.ucol.mx/transformac/iberoponencia.pdf (consultado en febrero de 2010).