Durante los últimos años, en la medida en que se ha hecho evidente el fracaso de la guerra a las drogas declarada desde los Estados Unidos en la época del presidente Richard Nixon y que después avivaron Ronald Reagan y George W. Bush, no han sido infrecuentes las voces y plumas ilustradas que han planteado la necesidad de legalizar un mercado que a todas luces no puede ser suprimido. Premios Nobel de economía, escritores, analistas políticos, revistas como la prestigiada The Economist, policías retirados y en activo, jueces, fiscales, médicos, científicos, sacerdotes, padres de usuarios, consumidores, adictos, ex adictos filósofos en todo el mundo han reflexionado desde diferentes perspectivas sobre el absurdo de enfrentar el tema de las drogas como una guerra.

En países como México o Colombia, donde la guerra ha pasado de una fórmula retórica a convertirse en una realidad que deja un reguero de muertos, la cuestión de las drogas ha dejado de ser sólo una cuestión referida a los efectos que se quieren evitar sobre la salud o la conducta de los individuos, para convertirse en un problema tremendo de seguridad, por lo que el debate de la política de drogas se ha mezclado con el del combate al crimen organizado encargado de su comercio, pues las cantidades de dinero que implica ese tráfico hace que haya enormes incentivos para retar al Estado directamente con la violencia o penetrarlo a través de la corrupción o la intimidación. El tejido social de comunidades enteras se carcome y la violencia resultante de la lucha por el control de rutas y mercados se riega en pueblos y ciudades.

De ahí que en México la discusión no sea tanto qué hacemos con las drogas sino qué hacemos con el crimen organizado. Y si la discusión del tema de la guerra a las drogas tiene en otros países una dimensión esencialmente relacionada con los efectos sociales y de salud de las sustancias, aquí se ha centrado, con razón, en los efectos terribles del comercio clandestino de un mercado con alta demanda controlado por delincuentes asesinos. También desde esta perspectiva, la opción de legalizar, de crear regulaciones estatales para las drogas, aparece como una opción válida.

Así, no es extraño oír a políticos y policías, jueces y militares decir que “lo sensato sería legalizar, pero eso es imposible mientras no se haga en los Estados Unidos, por lo que no queda más remedio que seguir como vamos”, como si la única alternativa posible a la actual situación pudiera provenir de una súbita epifanía que iluminara a los políticos de la gran potencia y los llevara a diseñar una nueva política de drogas que se derramara en cascada por el resto del mundo. Evidentemente, la construcción de una nueva política hacia las drogas es una cuestión internacional, pero no por ello se debe esperar pacientemente a que sea la potencia hegemónica la que solita cambie el diseño actual. Por el contrario, mucho tienen que decir los países como México o Colombia, cuyos estados están siendo carcomidos por la existencia de un mercado clandestino de tal volumen que hace imposible que los agentes encargados de aplicar la prohibición no sean alcanzados por sus derramas económicas y de violencia, o Canadá, que tiene una actitud mucho más liberal frente al tema, con mejores resultados. Pero mientras oficialmente los países productores y de tránsito de las drogas sigan dando por buena la estrategia hasta ahora seguida, en efecto lo único que queda es esperar a la conversión milagrosa.

Es indispensable, por tanto, comenzar a pensar de una manera distinta. En primer lugar habría que evaluara cuál sería una medida de éxito de la estrategia hoy vigente de guerra a las drogas. Evidentemente, la guerra sólo se ganaría si se eliminara todo consumo de las actuales sustancias a las que se combate, desde la relativamente inocua mariguana hasta los tremendamente destructivos opiáceos inyectables. Se trata de un objetivo absolutamente imposible de alcanzar, incluso cuando fuera deseable, cosa que es dudosa. Por el contrario, la experiencia muestra que cuando la “guerra” ha afectado realmente la provisión de un producto en el mercado, de inmediato es sustituido por otro, por lo general más peligroso, con mayores daños colaterales, como en el caso de la cocaína en polvo, reemplazada en el mercado por la cocaína en piedra para fumar o inyectable, mucho más perjudicial para la salud y más adictiva.

¿Qué políticas respecto a las drogas deben sustituir, entonces, a la actual guerra? Lo primero que habría que hacer desde México es plantear una posición crítica en los foros internacionales frente a lo que hoy existe como consenso, creado a partir de las posiciones no sólo de los Estados Unidos, sino también de Rusia y otros países que se niegan a cambiar de estrategia, aunque la posición del gobierno de Obama no se tan inflexible como la de George W. Bush. Es indispensable que México busque en los organismos internacionales una reflexión sobre el tema que se mueva de la idea absurda de que es deseable y posible erradicar todas las drogas, para impulsar una nueva visión que aborde el asunto desde una perspectiva que busque la reducción del daño y políticas sensatas de disminución de la demanda sobre todo de las drogas más peligrosas a través de la prevención y la educación. La posibilidad de un cambio en la política mundial hacia las drogas que se oriente hacia una regulación estatal que acabe con los incentivos para que sean delincuentes armados los que controlen la oferta pasa por una posición activa de política exterior de los países de origen y tránsito, donde la acción de los grupos criminales tiene lugar y causa mayores estragos.

Al mismo tiempo, es indispensable que se comience a construir un modelo de regulación estatal del mercado de las drogas que se base en criterios científicos y de salud pública, de manera que se haga evidente que sería mucho más eficaz y socialmente menos dañina una regulación estatal que una en manos de los criminales.

¿Cómo serían los mercados de drogas regulados estatalmente? Como bien dice en el número de marzo de Nexos Steve Rolles, legalizar las drogas no significa simplemente ponerlas en los estantes de los supermercados o en máquinas expendedoras en las escuelas. Por el contrario, una regulación estatal bien diseñada haría que las drogas estuvieran menos disponibles para los niños y jóvenes de lo que hoy están, cuando en la ciudad de México, con todo y guerra, a ciertas horas de la madrugada es más fácil conseguir por teléfono una grapa de coca que un taxi seguro, o cuando todo mundo sabe en la universidad en la que trabajo dónde comprar al menos alguna de las drogas hoy fieramente combatidas por las fuerzas del Estado.

Con una regulación estatal bien diseñada los incentivos de los delincuentes para buscar nuevos adictos y ampliar sus clientelas cautivas se reducirían sustancialmente. Por ejemplo, si la heroína se dispensara a los adictos en ambientes seguros, con calidad adecuada y de manera gratuita, como se hace en algunas ciudades europeas, ¿para que querrían los narco menudistas enganchar niños y jóvenes? Si eso se acompañara de una buena estrategia de prevención, basada en información científica y clara, muy probablemente muchos de los males causados hoy por el mercado de los opiáceos inyectables disminuirían, pues no habría adictos en las calles asaltando o prostituyéndose para pagar sus dosis, habría menos muertes por sobredosis o por drogas contaminadas y no existirían los siniestros picaderos donde la degradación de los consumidores acaba por deshumanizarlos.

En México la regulación estatal del mercado tendría como objetivo central quitarle el negocio a los criminales, de manera que sus redes se debilitaran y el Estado pudiera atacarlos con mayor eficacia. La regulación estatal de las drogas no acabaría con el crimen organizado, ya que como bien le gusta recordar a Gabriel Zaíd, esos delincuentes no son especialistas en drogas sino en mercados clandestinos, así que seguro buscarán su reconversión a otros comercios prohibidos, pero sí les quitaría un mercado de varios miles de millones de dólares al año, uno de sus principales negocios hoy, y dejaría a muchos sin oportunidad de negocio, lo que los haría más vulnerables frente a la acción Estatal.

Con un crimen organizado mucho menos poderoso, el Estado mexicano tendría recursos también para emprender la necesaria modernización de sus sistemas de seguridad y justicia, sin la presión corruptora que tiene hoy el narcotráfico. Con mejores instituciones policiales y de justicia, las futuras amenazas de un crimen organizado reconvertido a otros comercios clandestinos sería mucho más fácil de enfrentar.

Un último apunte: muchas veces se oye el argumento de que con la legalización podría aumentar el consumo, pero ¿cuándo en México el criterio de la ilegalidad ha sido realmente eficaz para inhibir conductas? Sería mucho mejor usar todos los recursos tirados en una guerra sin final posible en fortalecer la capacidad técnica y profesional de las policías y del sistema judicial para reducir la impunidad. Sí es posible una regulación legal eficaz del mercado de las drogas y sí es posible comenzar a caminar políticamente hacia él. Eso sí, se requiere voluntad e independencia de criterio para influir en el cambio global que ello implica.

Jorge Javier Romero. Poliótologo e integrante del Colectivo para una Política Integral Hacia las Drogas.

Los días de hoy y mañana (22 y 23 de febrero) se lleva a cabo el seminario “Vientos de Cambio: la política de drogas en el mundo” en la Ciudad de México con la participación de especialistas de distintos países.