Perplejos ante la crisis a la que nos han llevado unos y otros, muchos ciudadanos se preguntan si las personas que están al frente del Gobierno, de la Generalitat, en las bancadas del Parlament y del Senado, son las que deberían ser. Es decir, si reúnen las cualidades, “pasión, sentido de la responsabilidad y de la proporción”, que deberían tener quienes “meten las manos entre los radios de la rueda de la historia”. Al proponer en La política como vocación las cualidades que debería tener un político, Max Weber distinguió también entre decisiones que toma de acuerdo a una ética de convicción y de acuerdo a una de responsabilidad. Esta distinción, y otra entre los medios y fines, pueden arrojar luz sobre nuestra tesitura actual, aunque sea muy distinta a la de enero de 1919, durante la República Soviética de Baviera: ciertos políticos y partidos están actuando de acuerdo a una ética de convicción, sin prestar atención a las consecuencias. En realidad, el futuro de España y de Cataluña depende de que alguien acepte ser responsable.


Actuar de acuerdo a una ética de convicción significa que un político considera que una acción es un fin en sí misma, por lo que no le interesan las consecuencias ulteriores. Puede ser que estén pensando en los miembros de la CUP que están en el Parlament y posiblemente en gran parte de ERC, incluido Junqueras. Él nunca admitiría que no le importa lo que una DUI le haga a la economía catalana, pero la falta de cuidado en sopesar las consecuencias de una hipotética independencia para las finanzas del país hace pensar otra cosa. Más curioso es el caso de la CUP. No sólo porque parecen políticos de convicción puros sino porque se asemejan a los “dictadores de la calle”, como Weber llamó al espartaquista Karl Liebknecht y al cabecilla de la República Bávara de los Soviets, Kurt Eisner. En la CUP, la obsesión es con el carrer como remedio contra la ausencia de una mayoría de independentistas y ahora contra el 155. En vez de buscar la revolución para llegar al socialismo, la CUP demanda de Puigdemont la DUI para poder alcanzar la república, aunque afortunadamente rechaza la violencia como medio para proclamarla. Esta contradicción es clave. Cuando se persigue un ideal “sólo de acuerdo a la ética de convicción, el mismo puede quedar descreditado porque faltan la responsabilidad por las consecuencias, pues el que actúa no es consciente de que están en juego poderes diabólicos”. Luego se verá cuáles son, pero déjenme explicar por qué pienso que los cuperos actúan de acuerdo a la ética de convicción: cuando uno de los colaboradores de Eisner fue procesado tras la derrota de la revolución, Weber prestó declaración ante el juez a favor de su antiguo alumno, Ernst Toller, a quien describió así: “Absoluta pureza en las intenciones, combinada con un inusitada ingenuidad y desconocimiento de las realidades políticas y económicas”. Toller podría haber redactado uno de los planes económicos de Junqueras, pero no parece que fuera un rufián, ¿o sí?

Podría pensarse que Mariano Rajoy es un político que frente al independentismo ha actuado de acuerdo a la ética de responsabilidad. A ello daría pie su machacón énfasis en la “seriedad” de su gobierno, así como sus acusaciones de que el independentismo es una “quimera”, un “delirio” etc. Las continuas invocaciones a la constitución, la ley y el Estado de derecho, que son la única “narrativa” sobre el conflicto ofrecida por Rajoy, también las asociamos a una ética de la responsabilidad. Pues bien, yo pienso que, muy al contrario, esas invocaciones son un intento de evadir su responsabilidad por decisiones tomadas de acuerdo a convicciones que ni siquiera la mayoría de sus votantes, no digamos de los españoles, comparten con Rajoy.

Dejo de lado todo lo sucedido antes del 21 de octubre, día en que Rajoy y su gobierno eligieron como objetivo la restauración del orden legal mediante la aplicación del 155. En la subsiguiente rueda de prensa, Rajoy afirmó que “el Presidente del Gobierno, si el Senado así lo decide, tendrá que convocar elecciones…”. Nótese que es el senado, no él, quien decide, como si la mayoría en dicha cámara no la tuviese su partido. Asimismo, Rajoy afirmó que «Hemos llegado hasta aquí porque el Govern ha liquidado la ley y ha intentado imponer una legalidad paralela». No es que esto sea falso, pero la Generalitat no actúa en el vacío sino respondiendo a decisiones tomadas por su rival, el gobierno, o a la ausencia de ellas. Según Rajoy, no ha habido decisiones, por lo que no puede haber responsabilidad por su parte. Sigan atentos, por favor.

Para analizar mejor la decisión de aplicar el 155 CE es conveniente aclarar qué significa diferenciar entre el fin y los medios. El político actúa de acuerdo a una ética de la responsabilidad si persigue un objetivo que considera apropiado, no uno moralmente bueno. Apropiados deben ser, por cierto, no sólo el propio objetivo sino también los medios a emplear. Asimismo, deben serlo las consecuencias del objetivo y de los medios elegidos, aunque sean no queridas. Apropiado, por cierto, significa para la ética de la responsabilidad que el político está dispuesto a dar la cara por lo que está haciendo.

Las medidas tomadas al amparo del 155 CE aspiran a cesar al president y los consejeros de la Generalitat, que quedará sujeta a las directrices del gobierno, al igual que TV3. Así será hasta que se celebren elecciones al Parlament, que mientras ve limitadas algunas de sus facultades. En mi opinión, las medidas carecen del sentido de la proporción esperable de un político. Están tomadas, más bien, de acuerdo a la convicción de Rajoy, de que el cuestionamiento de la dichosa unidad de España hace merecedora a la Generalitat de un escarmiento. Peor aún, las consecuencias del 155 no parece que hayan sido bien sopesadas, como no lo fueron el O1.

Una de las dificultades imaginables es que los funcionarios catalanes no acepten órdenes de sus nuevos superiores. Sin embargo, no todos los funcionarios son activistas y su profesionalismo podría llevarles a obedecer, aunque sean independentistas o simplemente rechacen el 155. En la República Federal Alemana había un gran número de funcionarios que habían trabajado para el régimen nacionalsocialista y en España las administraciones del franquismo, para bien o para mal, no fueron depuradas al llegar la democracia. En todo caso, se confía en que en Cataluña las medidas disciplinarias basten para que la Generalitat funcione. En realidad, el independentismo puede recurrir a numerosas medidas pacíficas a las que el Estado, particularmente uno gobernado por el PP, sólo sabrá responder recurriendo a los medios coercitivos del Estado, por ejemplo, si, simplemente, unos cientos de indepes se encierran en una sede de la Generalitat (o de TV3). La CUP y otros independentistas, a pesar de su ética de convicción, estarán “poderes diabólicos” cuyo uso por el Estado tendrá consecuencias no queridas, pero muy graves y previsibles, y no sólo para la percepción del España en el extranjero.

En suma, Rajoy ha elegido como medio un 155 que posiblemente requiera medios inaceptables desde el punto de vista ético, pero que revelan qué piensa: es mejor usar la coerción para defender la unidad de España que reunirse con quienes quieren romperla. Las consecuencias probables, por no escribir seguras, son la total deslegitimación del Estado en Cataluña y medidas coercitivas contra numerosos ciudadanos. Llegado el caso, Rajoy tratará de argumentar que la deriva autoritaria es responsabilidad de los independentistas, quienes subrayarán su renuncia a la violencia. Hoy, el futuro de Cataluña y España depende de que Puigdemont, cuando comparezca ante el Parlament actúe de acuerdo a la ética de la responsabilidad.

Álvaro Morcillo Laiz es coeditor de Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios empíricos y recepción (FCE y CIDE, 2016) y Wolfensohn Family Member en el Institute for Advanced Study en Princeton.

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