Este texto es una publicación conjunta entre Nexos y Oraculus.


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La incertidumbre es una característica esencial de la democracia. Como señala el politólogo Adam Przeworski, en las democracias “los actores saben lo que es posible y probable, pero no lo que sucederá”. La institucionalización de esta posibilidad de cambio, es decir de la incertidumbre democrática, requiere de tres cosas: (1) aceptar que cualquier contendiente puede ganar; (2) respetar y confiar en los resultados de la elección; y (3) tener certeza de que la oportunidad de competir se repetirá. Estos requisitos aún no se cumplen del todo en México. Buena parte de los electores desconfía de la integridad de los procesos electorales —es decir: no creen que los votos se respetan y cuentan correctamente. Según cifras de la edición más reciente del Barómetro de las Américas, México es uno de los países de la región con mayor desconfianza en las elecciones. Como se muestra en la Figura 1, sólo 26% de los mexicanos confía en los procesos electorales, apenas por encima de Colombia y muy por debajo Uruguay.

Figura 1: Confianza en las elecciones en el continente americano

La desconfianza expresada por los ciudadanos no es ninguna sorpresa si tomamos en cuenta el proceso de democratización del país. A pesar de que México sostuvo elecciones durante la mayor parte del siglo XX, su función como mecanismo legítimo para seleccionar representantes públicos lleva menos de tres décadas. El régimen de partido hegemónico permitía al PRI controlar el escenario electoral mediante la creación de partidos satélite y la organización de elecciones que daban “legitimidad” al régimen. En los años ochenta la creciente competencia electoral pujó por una democracia más auténtica. Pero no fue sino a partir de una reforma constitucional en la década de 1990 que se establecieron condiciones para organizar elecciones sin injerencia del ejecutivo. La celebración de elecciones cada vez más libres y justas permitió victorias de partidos de oposición a nivel municipal y estatal, culminando con la alternancia en la presidencia en el año 2000.

Sin embargo, las acusaciones de fraude electoral regresaron al debate público durante las elecciones presidenciales de 2006. La renovación del Consejo General del IFE sin la participación del PRD y la intención de desaforar a Andrés Manuel López Obrador —entonces Jefe de Gobierno del DF y líder en las encuestas— crearon un ambiente de desconfianza electoral. Felipe Calderón ganó con un margen de apenas 0.56%. El rechazo de López Obrador a los resultados y la resistencia del Tribunal Electoral al recuento de votos minaron la confianza construida durante la década anterior. Según encuestas publicadas tras la jornada electoral, uno de cada cuatro votantes cuestionó la integridad de la elección. Pero esta desconfianza se distribuyó de forma desigual entre los simpatizantes de los dos candidatos: mientras que 40% de quienes apoyaron a López Obrador expresó que las elecciones no fueron libres y justas, sólo 10% de quienes votaron por Calderón afirmaron lo mismo.

Las elecciones de 2012 marcaron el retorno del PRI a la presidencia y los alegatos de fraude se mantuvieron en el lenguaje político. Los candidatos perdedores, Josefina Vázquez Mota (del PAN) y Andrés Manuel López Obrador (del PRD), denunciaron irregularidades en el financiamiento de la campaña del PRI y cuestionaron sus prácticas de patronazgo y compra de votos. Sin embargo, ambos candidatos tomaron caminos distintos tras la derrota electoral. Vázquez Mota y el PAN reconocieron el resultado de la elección. La coalición de López Obrador presentó una demanda en contra del PRI ante el Tribunal Electoral. El tribunal ratificó los resultados y 60% de los mexicanos consideró que el proceso había sido libre y justo.

Las experiencias electorales de 2006 y 2012 sugieren que no todos los ciudadanos  confían en las elecciones de la misma manera. De hecho, las evaluaciones ex-post (es decir, después de que se anunció el resultado de la elección)sobre la integridad del proceso distan mucho de ser imparciales, pues reflejan sesgos de identidad partidista, preferencias electorales y, de forma más general, el contexto social del individuo. En otras palabras, las percepciones sobre la “limpieza” de una elección tienden a estar sesgadas por el resultado mismo de la elección.

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Con el fin de entender mejor la variación en la confianza en las elecciones, en un artículo publicado recientemente en Electoral Studies exploramos los diferentes factores que afectan la percepción de la elección como un procedimiento justo. Para ello analizamos tres encuestas representativas a nivel nacional levantadas en diferentes etapas de la elección presidencial mexicana de 2012, y complementamos la información con datos sobre las características de las demarcaciones electorales en las que votaron los entrevistados. Con esto logramos identificar el efecto del contexto político y social de diferentes votantes en la confianza y percepción de integridad de los procesos electorales.

Para estudiar los factores que afectan la confianza en las elecciones consideramos tres  argumentos: el partidista, el institucional y el contextual. El argumento partidista propone que el votante evalúa la integridad de la elección en función de si su candidato ganó o perdió. Esta explicación sugiere que los individuos tenemos aversión a perder y usamos sesgos cognitivos cuando el resultado no es el que esperábamos. En otras palabras, no importa el desempeño del árbitro, siempre evaluaremos su trabajo diferente si nuestro equipo perdió o ganó. En el caso concreto de nuestro estudio, la hipótesis que planteamos es que los votantes que apoyaron a un candidato perdedor son más proclives a deslegitimar la elección que los que apoyaron al ganador.

Ahora bien, no todos los votantes que apoyaron a candidatos perdedores van a evaluar la elección de la misma forma. Un segundo mecanismo sugiere que los simpatizantes de partidos sin experiencia en el gobierno tengan mayor probabilidad de expresar desconfianza en las elecciones. Esto se debe a que los actores que no han tenido oportunidad de gobernar tienen mayor desconfianza e incertidumbre sobre cuándo se les dará la oportunidad de gobernar. Para el caso de la elección presidencial de 2012, dos hipótesis se desprenden de esta lógica: la primera es que en cada etapa de la elección, los simpatizantes de López Obrador tienen una percepción negativa de la integridad del proceso electoral. La otra es que aquellos que apoyaron a Vázquez Mota expresan desconfianza en las elecciones solamente después de la celebración de los comicios y una vez que se dan a conocer los resultados.

El argumento institucional se centra en las características de la administración electoral. Esta explicación sostiene que la confianza de los votantes depende de las medidas institucionales que aseguran la integridad de la elección. Para verificar esta hipótesis, nos enfocamos en la presencia de dos factores relevantes: los observadores electorales y los representantes de partidos políticos. Ambos actores son ahora parte de la rutina electoral y aseguran que los votantes tengan certeza de que su voto sea correctamente contabilizado. En consecuencia,  el argumento institucional sugiere que los votantes tienen mayor confianza en la integridad del proceso electoral en las casillas donde los observadores electorales y representantes de partidos están presentes.

La última explicación alternativa considera el perfil sociodemográfico y el contexto geográfico de los votantes. Esta hipótesis está basada en la literatura que vincula confianza institucional a factores como edad, género, educación y condiciones socioeconómicas. En nuestro estudio también consideramos la posibilidad de que la confianza en la elección se vea afectada si el individuo pertenece a una minoría partidista en su comunidad. Por ejemplo, es factible que quienes apoyan a un candidato distinto a Peña Nieto confíen menos en la integridad del proceso electoral si en su geografía inmediata existe un alto número de simpatizantes del PRI.

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Para poner a prueba la validez de estas explicaciones en el contexto mexicano, analizamos la información de tres encuestas levantadas antes, durante y después de la elección presidencial de 2012. Mientras que las encuestas pre- y post-electorales se preguntaron a la población en general, la encuesta levantada el día de la elección solamente tomó en consideración a las personas que acudieron a las urnas. Nuestro análisis se enfoca en dos preguntas específicas: (1) En su opinión ¿qué tan limpias cree usted que serán (fueron) las elecciones presidenciales? y (2) ¿En general, qué tanto confía en que su voto será respetado y tomado en cuenta  en el resultado final de la elección?

Como se muestra en la Figura 2, los ciudadanos tienen un alto nivel de desconfianza en el proceso electoral. Más del 40% de los encuestados evalúan las elecciones como poco o nada limpias. Esta evaluación es constante en el tiempo, mostrando distribuciones de respuestas bastante parecidas antes y después de la elección. Por su parte, uno de cada cinco votantes que acababan de salir de la casilla tiene poca o nada de confianza de que su voto se vaya a computar de manera correcta.

Figura 2: Percepciones de integridad electoral antes, durante y después de la elección

Para analizar la variación en estas respuestas utilizamos distintas características de los votantes que representan su simpatía con algún candidato y sus características sociodemográficas. También incluimos variables sobre la localidad del entrevistado, si su sección electoral es rural o urbana y la presencia de observadores electorales y funcionarios partidistas el día de la elección. Finalmente, para entender mejor la presencia del PRI en la sección electoral del encuestado, interactuamos la votación del PRI en la elección presidencial anterior con la preferencia electoral del individuo en 2012. Nuestras estimaciones se basan en un modelo de regresión logística multinivel con efectos aleatorios por localidad, municipio y estado.

Consistente con nuestra hipótesis partidista, encontramos una relación heterogénea en las predisposiciones de integridad electoral tanto en la encuesta de salida como en las encuestas pre y post electorales. Los votantes de López Obrador tienen percepciones negativas sobre la integridad electoral antes, durante, y después de la elección, pero este pesimismo sobre la integridad del proceso se agrava aún más en la encuesta post-electoral, es decir una vez que los simpatizantes de López Obrador saben que su candidato perdió. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 3, de acuerdo con nuestras estimaciones de la encuesta pre-electoral, la probabilidad de que quienes votaron por López Obrador reporten que las elecciones “serán muy limpias” es aproximadamente ocho puntos porcentuales menor con respecto a la reportada por los simpatizantes de otros candidatos. En la encuesta post-electoral, esta brecha se amplía a más de 20 puntos porcentuales.

Figura 3: Efecto López Obrador en probabilidades de percepción de integridad electoral antes y después de la elección

Encuesta pre-electoral

Encuesta post-electoral

Por su parte, las percepciones entre los simpatizantes de Vázquez Mota antes y durante la elección no difieren de las de los simpatizantes de Peña Nieto. Es solamente después de anunciado el resultado electoral que los simpatizantes de la candidata panista expresan desconfianza en la integridad de la elección (ver Figura 4).

Figura 4: Efecto Vázquez Mota en probabilidades de percepción de integridad electoral antes y después de la elección

Encuesta pre-electoral

Encuesta post-electoral

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Generar confianza en las elecciones es un reto central para la consolidación de la democracia mexicana. Si bien la posibilidad de cambio político es latente elección tras elección (tanto a nivel federal como local), los niveles de confianza en las elecciones están por los suelos. Nuestro trabajo contribuye a entender mejor las diferencias entre medidas subjetivas y objetivas de integridad electoral. Vale la pena señalar que nuestro análisis no arrojó ningún resultado que apoye de forma significativa las hipótesis logísticas y de contexto. Lo que encontramos es que los factores clave para entender las percepciones de integridad electoral son, en buena medida, independientes de los aspectos logísticos o de la organización de los comicios. Sin embargo, esto no significa que la organización de las elecciones sea irrelevante para entender la conformidad de los votantes con los resultados y la satisfacción con el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Francisco Cantú es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Houston.
Omar García-Ponce es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, Davis.