El 10 de abril se conmemora el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Este año se cumplen 99 años de la cobarde emboscada en Chinameca, Morelos, en la que fue asesinado. A su muerte, los seguidores del caudillo afirmaban que “esos miserables habrán asesinado al hombre, pero no han podido matar la idea”.1 El talento político de Zapata le permitió constituir en sólido núcleo, intelectualmente armado y de amplia convocatoria que conformó el Ejército Libertador del Sur. Esta fuerza social, política y militar, expresó no solamente las demandas de los pueblos y comunidades despojadas, sino de los campesinos pobres y sin tierras.

Ilustración: Ros

La lucha zapatista fue materializada en el anhelo de Tierra y Libertad que fue retomada por el constituyente de 1917 y dio lugar al artículo 27 de aquella Constitución.2 El fundamento de este artículo es la soberanía inmanente de la comunidad nacional para decidir, no sólo sus estructuras políticas y legales, sino su sistema económico, dentro del cual reviste importancia especial el derecho de propiedad.  Con la inclusión de este precepto en la carta magna, se consolidó una nueva teoría constitucional mexicana que ve a la ley como instrumento reformador de las estructuras económicas y sociales.

La parte agraria del artículo 27 parte del supuesto general de que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación; ella tiene el derecho de transmitir dichos bienes a los particulares en propiedad privada, pero ésta queda sujeta a las modalidades que dicte el interés público y, en todo caso, al derecho del Estado para regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.

Este concepto le dio al Estado nuevas responsabilidades en el campo económico y social.  El poder público quedó encargado de procurar a la nación una nueva estructura agraria y, como consecuencia, un nuevo orden económico. Si tomamos en cuenta que el mismo artículo 27 reglamentó la cuestión de los bienes del subsuelo, tendremos que concluir que dicho precepto sentó las bases de un nuevo sistema económico en donde la acción pública regula y coordina la de los particulares, para procurar que su actividad se encuadre con los intereses generales del país.

El propio artículo 27 supeditó la capacidad de los extranjeros, para adquirir tierras y concesiones de explotación de recursos naturales, a su incondicional sumisión al orden jurídico mexicano.  Con ello se incorporó también al texto constitucional de 1917 el nacionalismo económico que caracterizó al movimiento revolucionario y que fue fundamental para encauzar el desarrollo económico del siglo XX y el principio de la integración nacional.

Fue el General Lázaro Cárdenas el gran impulsor del legado de Zapata. La Reforma Agraria que impulsó y que fue vigente hasta 1992 reconoció y tituló o dotó de tierras a comunidades y a ejidos.  El reparto agrario sumó alrededor de 104 millones de hectáreas, poco más de la mitad del territorio nacional.  Lo prolongado de esta gran etapa de la Reforma Agraria, si bien permitió un reacomodo suave del balance del poder y el surgimiento pacífico de un México industrial y urbano, enfrentó obstáculos estructurales que fueron creciendo a lo largo del tiempo.

La etapa anterior culminó con una serie de reformas en 1992 que pueden leerse como un desmantelamiento del Estado revolucionario. El artículo 27 fue reformado para dar paso a un sistema en el que la tierra comunal y los ejidos pudieran dirigirse a un esquema de propiedad privada. Este tránsito ha sido lento y doloroso para la nación: intentos de captura de las grandes empresas a las juntas ejidales, la corrupción de las asambleas, la enajenación de tierras sin consentimiento de sus dueños, el despojo permanente. Lo anterior, aunado a la desatención de la autoridad a la política agraria, a los problemas que implica la complejidad de sus procesos, el envejecimiento de los ejidatarios, y el contexto de violencia del país nos pone ante una realidad que es urgente atender.

Los seguidores de Zapata ubicaban la lucha en “contra el poder del oro de los caciques engreídos, de los magnates corruptos, de los latifundistas capaces de todas las infamias, en su inicua pugna contra el derecho del humilde y contra la justicia de los de abajo”.3 El centro de la lucha de Zapata era la igualdad ante la ley que significaba que los derechos de cada uno fueran ejercidos independientemente de su origen o posición social. El zapatismo es, por eso, una lucha por la dignidad de los pueblos.

Zapata sabía que era imposible la justicia para el campo con las estructuras sociales, económicas e instituciones heredadas del Porfiriato. Por eso, nunca se conformó con pequeños cambios, con una visión gradualista; al contrario, luchó hasta su muerte para transformar su realidad. “Reforma, Libertad, Justicia y Ley”4 los cuatro elementos que sintetizan su ideario deben de seguir siendo nuestra guía para transformar a México. Como entonces, hoy sabemos que es imposible el cambio si mantenemos las mismas instituciones que en los últimos 30 años han mantenido la pobreza, la exclusión de los pueblos indígenas, la pérdida del poder adquisitivo del salario, que han perpetuado un acuerdo corrupto en el que la ley y el Estado sólo es accesible para los ricos y poderosos.

La sociedad en su conjunto, los campesinos y los indígenas merecen una revisión a fondo del acuerdo que hay con Estado. Éste debe ser garante de equidad y de acceso a una vida mejor. A los 99 años de su asesinato, recordemos ese espíritu inquebrantable de cambio con el que vivió Zapata para que nos oriente en el camino para construir un país a la altura de las aspiraciones de su pueblo.

 

Román Meyer es arquitecto y urbanista, encargado de la política de desarrollo agrario, territorial y urbano en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.


1 Manifiesto de los jefes zapatistas sobre la muerte de Emiliano Zapata, 15 de abril de 1919. En  Pereyra, Jaina (coord.) Los discursos que nos dieron patria. Tomo II. Senado de la República.

2 El artículo 27 fue aprobado por unanimidad de los 150 diputados constituyentes, presentes en la sesión de la madrugada del día 30 de enero de 1917.

3 Op. Cit. Nota 1.

4 Plan de Ayala, 28 de noviembre de 1911.