El miércoles 13 de diciembre de 2017 a las 21:35 hrs., el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen de las comisiones de Gobernación y de Puntos Legislativos con la Ley General de Archivos, la última que falta para completar el mandato constitucional de 2014 en materia de transparencia y rendición de cuentas. La iniciativa presentada en noviembre de 2016 había ocasionado preocupación en la comunidad dedicada al cultivo de la historia, en especial porque en años recientes habíamos venido viendo cómo, con pretexto de la protección de datos personales sensibles (definidos en la ley correspondiente de manera muy ambigua como “los que afectan la esfera íntima de las personas”), en algunos archivos se impedía la consulta de documentos o se entregaban en copias testadas, sin importar la antigüedad de los mismos.

Por fortuna, las comisiones del Senado y, en particular la senadora Laura Rojas estuvieron abiertos a escuchar las propuestas que se les hicieron llegar. Junto con el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información organizaron foros y encuentros, además de los que hicieron otras instancias, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior y el Comité Mexicano de Ciencias Históricas (CMCH), entre otros.

A lo largo de 2017, representantes de las asociaciones Artículo 19, la Red por la Rendición de Cuentas, la Academia Mexicana de la Historia, el propio CMCH y colegas que asistieron a título personal, participaron en mesas de trabajo para sugerir cambios a la iniciativa. Se trabajó artículo por artículo en ocasiones en jornadas muy largas. El resultado fue satisfactorio en términos generales. Para empezar, se reconoció que los documentos de los archivos históricos son fuentes de acceso público y, por lo mismo, no sujetos a la protección de datos personales; se recuperó el procedimiento para que se pudiera realizar investigación en los archivos de concentración y administrativos, incluso si tienen información personal sensible, siempre y cuando se haga con fines académicos o el interés público sea superior, y se señaló explícitamente que la divulgación y máxima publicidad de la información contenida en los repositorios documentales es fundamental en la archivística mexicana junto con la conservación y la protección.

No me detendré en otros aspectos, como las transferencias documentales o las comisiones para la valoración documental. Se puede consultar el informe del CMCH acerca del dictamen aprobado en diciembre de 2017 en la página web.

Me interesa señalar que en el dictamen aprobado por el Senado se señala al AGN como cabeza del Sistema Nacional de Archivos y del Consejo Nacional que dictará los criterios archivísticos en el país, sin depender de la Secretaría de Gobernación, como establecía la iniciativa de noviembre de 2016. Según el mencionado dictamen, a partir del 1 de enero de 2019 el AGN será una entidad paraestatal no sectorizada y establece que en ese ejercicio fiscal se cambie el AGN al ramo 47 para que obtenga los recursos suficientes.

La inminencia de esta transformación institucional ocasionó que el Comité Académico Asesor del AGN ofreciera colaborar para que las secretarías de Estado involucradas en la asignación de presupuestos empezaran a trabajar en ello, aunque antes es preciso que la Cámara de Diputados revise el dictamen que se le envió y lo apruebe si lo considera conveniente. Pareciera que la Ley General de Archivos carece de importancia en estos meses de campañas electorales y definiciones políticas. Sin embargo, hay que señalar que precisamente la transparencia de la información pública es la mejor herramienta que tiene la ciudadanía para tomar decisiones adecuadas e informadas.

A lo largo de los meses de trabajo en 2017 hubo algunas voces favorables a mantener al AGN en el sector de la Secretaría de Gobernación o en someter al Sistema Nacional de Archivos al control político. Al final, los argumentos presentados por las asociaciones mencionadas y por varios colegas, que hicieron propios algunos senadores y las comisiones encargadas de elaborar el dictamen, vencieron las reticencias.

No me gustaría pensar que retrasar la discusión en la Cámara de Diputados sea la manera que se ha hallado para rechazar esos avances tan importantes en materia de transparencia. Los retrasos dejarían sin tiempo a las dependencias involucradas de transferir los recursos que el AGN debe ejercer a partir del 1 de enero de 2019, con lo que se daría la razón a las voces que deseaban mantenerlo sujeto al control político de la Segob con el pretexto de que en esa dependencia se contaba con el presupuesto necesario. Peor sería si el retraso se estuviera haciendo precisamente con ese objetivo.

Ha pasado mucho tiempo desde la reforma constitucional en materia de transparencia. Falta solo un paso. Hay que darlo ya.

 

Dr. Alfredo Ávila
Presidente de la Mesa Directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas