El viernes 1 de junio de 2018, el Congreso de los Diputados de España aprobó una moción de censura en contra de Mariano Rajoy. Se trata de una medida prevista en la Constitución, pero inédita. En un día y medio, los diputados de distintas formaciones políticas presentaron sus puntos de vista y discutieron a favor y en contra de la moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español. No me referiré aquí a las razones de la salida de Rajoy y del Partido Popular del gobierno. Tras una sentencia judicial que directamente culpó a ese partido de formar parte de una trama de corrupción, era previsible que algo así sucediera. También es explicable la posición a favor de la moción que han tomado los partidos: para Sánchez, es una oportunidad de gobernar e intentar ganar apoyo popular con miras a posicionar al PSOE como el referente de izquierda entre la ciudadanía; para los nacionalistas catalanes es una oportunidad de negociar y abrir el diálogo con el Estado español; para el PNV, garantizar los recursos que se habían negociado en los presupuestos; para Podemos, sacar a los conservadores del poder y buscar llevar a cabo sus principales demandas, condicionando el apoyo al nuevo gobierno. En contra de la moción: Rivera sabe que sería criticado por apoyar una moción en alianza con los nacionalistas regionales y que de haber ido a elecciones en este momento Ciudadanos tendría muchas posibilidades de ganar. Mientras tanto Rajoy ha preferido pasar a la oposición desde donde podrá atacar a un gobierno de izquierdas sostenido por una muy frágil y condicionada alianza. Además, el PP sabe que, de haber elecciones en este momento, sería rebasado por C’s.


Ilustración: Patricio Betteo

Dadas estas consideraciones, los grupos parlamentarios empezaron a negociar desde el momento mismo en que Sánchez anunció la presentación de la moción de censura. De hecho, desde antes del inicio de las discusiones del jueves se sabía ya cuál era el sentido de los votos. Esto quiere decir que, para decidir el voto de este viernes, la discusión parlamentaria ha sido inútil. No deja de ser extraño, porque uno de los términos más empleados para designar a los congresos o cámaras es, precisamente, parlamento, el lugar en el que se habla, se discute y se toman decisiones a partir de los argumentos razonables que se presentan o, en el peor de los casos, por el convencimiento que consiguen los parlamentarios con una mejor retórica. En la práctica, ni una ni otra cosa suceden; al menos en este caso las decisiones estaban tomadas desde antes. ¿Para qué mantener entonces el ritual parlamentario? Una posible razón es para dar legitimidad a las negociaciones previas. Desde la perspectiva de una democracia liberal es inaceptable que las decisiones más importantes del gobierno se tomen de espaldas al público, en corrillos o reuniones en las que participan unos cuantos. De tal suerte, presentarse después en la asamblea a exponer sus posiciones puede ser un modo de obtener legitimidad. Sin embargo, no parece que este objetivo se consiga, pues los votos acordados no se mueven un ápice de lo previsto en las negociaciones previas. En el caso de lo sucedido en España, el debate parlamentario sirvió para mostrar las posiciones ante el público no para legitimar la moción de censura sino con miras a las siguientes elecciones.

Esto nos haría pensar que se ha desvirtuado el acto de parlamentar en los parlamentos, que se han traicionado los fundamentos mismos que dieron origen a las asambleas representativas. Sin embargo, no parece que en otras épocas hubiera sido diferente, ni en España ni en nuestro país ni en otras partes del mundo. En México, según Carlos María de Bustamante, el 12 de diciembre de 1823 el diputado Servando Teresa de Mier dio un discurso tan razonable y emotivo en contra del artículo 5 del proyecto de Acta Constitutiva que todos los constituyentes lo aplaudieron de pie, pues le daban la razón. A la hora de votar, sin embargo, las negociaciones previas que dirigió Miguel Ramos Arizpe y los intereses de los representantes regionales se impusieron: el artículo 5 que confería la soberanía a las antiguas provincias se aprobó con abrumadora mayoría. La experiencia más reciente en nuestro país muestra exactamente lo mismo, con el agravante de que en términos generales los discursos de nuestros legisladores no tienen ya la calidad retórica y argumental que el padre Mier ni se les suele poner mucha atención, ni siquiera por los demás diputados.

Queda la certeza de que es inevitable que las decisiones se acuerden previamente a las sesiones de las asambleas y que muchas se hagan de modo discreto y a partir de los intereses personales y partidistas. En México, mecanismos como el parlamento abierto han permitido abrir un poco la construcción previa de algunas leyes, pero hasta ahora ha sido de forma insuficiente y lo seguirá siendo mientras no se promueva de forma institucional y obligatoria, y no haya interés ciudadano en seguir lo que hacen sus representantes.

 

Alfredo Ávila
Historiador, autor de En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México.