Los jóvenes estamos llamados no solamente a votar el próximo primero de julio, sino a impugnar permanentemente las formas poco democráticas que puedan existir en el gobierno de cualquiera de los ahora candidatos.

El próximo primero de julio, millones de jóvenes saldremos a depositar nuestro voto en las urnas por primera vez en nuestras vidas. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el voto joven (personas menores de 34 años) representa el 30% de los 88 millones de mexicanos que estamos llamados a los comicios más grandes en la historia de México. A pesar de ello, se nos califica reiterativamente de ser perezosos, insensatos, apáticos y de estar desinformados. Se nos trata poco más que como consumidores de propaganda frívola. El testimonio que puedo dar de mi generación es que es, sin duda, el sector más crítico del electorado: el que analiza cautelosamente los programas electorales, las líneas maestras y propuestas de los candidatos, su equipo de trabajo, sus trayectorias y su sensibilidad hacia temas que nos son elementales, como el combate a la desigualdad, la educación, la innovación y la tecnología, o el apoyo a agendas progresistas como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto o la legalización de la mariguana para uso lúdico.

Ilustración: Patricio Betteo

Yo soy uno de esos 26 millones de jóvenes, y ya ha decidido qué recuadro marcaré en la boleta presidencial el domingo primero de julio. Mi voto será por Andrés Manuel López Obrador. No es ninguna sorpresa para quienes me conocen, pues, desde que construí una posición política, me considero una persona que suscribe causas de izquierda e, incluso, me incorporé hace algunas semanas a colaborar en el proyecto electoral del candidato de Morena desde la plataforma divulgativa de Abre Más Los Ojos, dirigida por Tatiana Clouthier, la coordinadora general de la campaña.

Optar por este proyecto no fue un gran dilema. Me queda muy claro que Andrés Manuel es el único candidato que representa una alternativa real y factible a la punzante desigualdad que arrasa paulatinamente con millones de vidas en nuestro país, y también el único que ha abierto un debate serio en torno a la paz; el que plantea poner fin a la absurda guerra contra el narcotráfico, iniciada por el PAN y continuada sin reparo por el PRI, con un saldo de más de 200 mil personas asesinadas y 40 mil desaparecidas. En caso de que Andrés Manuel se convierta en presidente de México, estoy profundamente convencido de que va a rescatar —literalmente— millones de vidas si soluciona estas dos problemáticas en un proceso que, evidentemente, será gradual y requerirá de mucha paciencia por parte de la sociedad. El primer paso es la voluntad política: tomar la decisión ética de optar por los grupos más vulnerables de la población, centrar la atención en los históricamente excluidos, y AMLO ya lo ha hecho.

Me entusiasman muchísimas cosas más del proyecto. Saber que el de Andrés Manuel será el primer gabinete paritario en nuestra historia, repleto de personas capaces y sensatas, como Olga Sánchez Cordero, ex ministra -liberal y feminista- de la Suprema Corte de Justicia; Héctor Vasconcelos, intelectual de probada capacidad; Graciela Márquez Colín, académica formidable, o de María Luisa Albores, quien ha trabajado de la mano con cooperativas indígenas en la sierra nororiental de Puebla para impulsar y fortalecer la economía solidaria. Me llena de tranquilidad ver que en el proyecto colabora también Gerardo Esquivel, sin duda, el economista que más investigación ha realizado recientemente en torno al combate de las desigualdes en México; de Alejandro Solalinde, un faro ético indispensable en una sociedad fragmentada y violenta; Marcelo Ebrard, un auténtico referente progresista, que impulsó la interrupción legal del embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, o saber, incluso, que Andrés Manuel busca proponer a María Elena Álvarez-Buylla —Premio Nacional de Ciencias 2017— como directora del Conacyt.

Concuerdo con las propuestas de Andrés Manuel que buscan retornar su protagonismo al olvidado campo mexicano y fortalecer la industria nacional sin dar la espalda al mundo. Suscribo que Olga Sánchez Cordero, posible encargada de Gobernación, se haya pronunciado a favor de abrir una amplia discusión en torno a una política de drogas alternativa en donde se deje de criminalizar al usuario y ya no se alimenten las arcas de los nefastos cárteles a través de la prohibición. Creo que es urgente recuperar la soberanía energética de México al mismo tiempo que nos sumamos a la transición energética. También me parece elemental elevar los salarios mínimos y ampliar la matrícula en las universidades públicas.

No tengo ninguna duda, pues, de que el proyecto de Andrés Manuel y las personas que lo conforman no solo es el único que puede resolver algunos de los problemas más graves que laceran hoy a la sociedad, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia, sino que hay una voluntad política auténtica por emprender una transformación social de fondo para construir un país en el que nadie se quede atrás: uno de libertades, de derechos y de bienestar. Sin embargo, tengo hondos cuestionamientos sobre la futura implementación de este ambicioso plan de gobierno, en caso de que Andrés Manuel efectivamente sea electo presidente por la mayoría de los mexicanos.

Cuestiono seriamente si AMLO podrá actuar con amplias facultades políticas para poner en marcha su programa de gobierno y todas sus promesas de campaña. No hablo de las facultades formales o institucionales. Esas se configurarán a través del juego democrático; por ejemplo, si el electorado le da mayoría en el Congreso o no (todo parece indicar que sí); o, de plano, ya están definidas: el poder presidencial (el poder de veto, de enviar iniciativas legislativas o el mando del ejército, por ejemplo) está limitado por los controles que establece la Constitución de forma clara. Me refiero, más bien, a las prácticas informales, a las reglas del juego no escritas; una suerte de neo facultades metaconstitucionales, como las describió Carpizo. Quisiera saber si Andrés Manuel no ha adquirido ya tantos compromisos políticos que tenga que gobernar amagado por decenas de voluntades. Ganar una elección presidencial es costosísimo. Implica tener los recursos (políticos y financieros, principalmente) para construir una estructura, movilizar y tener presencia mediática. Solo Andrés Manuel sabe si todas las transacciones de poder que ha realizado (con Manuel Espino, con Elba Esther, Carlos Lomelí, con el propio Monreal, y con todos los caciques y operadores medianos del territorio nacional) para costear su campaña le permitirán gobernar sin doblegarse ante los más insólitos intereses.

Toda organización política es una configuración compleja de relaciones de poder. La clave está en qué tan democrático es ese poder: de dónde emana su legitimidad, cómo se ejerce y cuáles son sus controles. Tal como lo describió hace unas semanas Jesús Silva-Herzog Márquez en una columna publicada en el periódico Reforma, si todos los pronósticos se cumplen, Morena conformará una nueva hegemonía. Eso quiere decir que el nuevo gobierno y su partido tendrán a disposición un sinfín de recursos jurídicos, institucionales, económicos y políticos para ejercer el poder; en pocas palabras: se conformará una nueva élite política y el Estado tendrá nuevos inquilinos. Tengo dudas de si la figura de Andrés Manuel será lo suficientemente poderosa para negociar con todos los grupos políticos dentro del partido (los viejos, los actuales y los que nacerán), para mediar con ellos y resolver todas sus contradicciones, conflictos y ambiciones. Si Andrés Manuel no rasura los dientes del tigre, este terminará por devorarlo todo.

La semana pasada, el escándalo de Layda Sansores fue una excelente oportunidad para que el candidato presidencial pusiera en práctica esa solución que tanto pregona: las escaleras se barren de arriba abajo, y su autoridad será suficiente para poner en orden a todo aquel que quiera enriquecerse a través de lo público. Lamentablemente, al interior de la campaña solo hubo silencio, cuando es evidente que la candidata por la Alcaldía de Álvaro Obregón incurrió en prácticas poco éticas en su función legislativa. Aprovecharse de lo público para beneficios particulares, aunque esté amparado por la ley, es corrupción: siempre. Se entiende que, a unos días de la elección, militancia y liderazgos cerraron filas en torno a Layda para no mostrar debilidad, pero este primer incidente es sumamente revelador si consideramos que Andrés estima la voluntad -más que las instituciones- como el remedio definitivo contra la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá que ser un contrapeso elemental el próximo sexenio y la exigencia por una Fiscalía independiente es una tarea que, como sociedad, no podemos abandonar.

Encuentro también que Andrés Manuel busca una solución sumamente cuestionable a una paradoja clásica de la democracia: la de la representatividad y la gobernabilidad. Si la democracia fuera un automóvil, la gobernabilidad estaría representada en el acelerador y la representatividad en los frenos. Un Congreso equilibrado y libre, en donde las distintas fuerzas políticas debatan proyectos de país con visión de Estado y logren consensos públicos, es una garantía elemental para una democracia funcional, porque privilegia la representatividad (la inclusión de la diversidad de fuerzas políticas) antes que la gobernabilidad (la concentración de poder). Entiendo que nuestro Congreso ha estado repleto durante las últimas décadas —salvo contadas excepciones— de políticos corruptos, mezquinos y ambiciosos que no están dispuestos a ver antes por el Estado que por sus particulares intereses. Sin embargo, tengo muchas dudas de si la solución que propone Andrés Manuel de otorgar la mayoría parlamentaria a la coalición Juntos Haremos Historia sin analizar los perfiles que concurren electoralmente sea lo más óptimo. Esto incluye votar al Partido Encuentro Social —abiertamente confesional— que se ha posicionado públicamente en contra de los derechos de la comunicad LGBT+, de los derechos de las mujeres y del Estado laico. Insisto en que esto es una paradoja pues, si no se logra la mayoría parlamentaria, el nuevo Ejecutivo encontrará en el Legislativo un dique a sus iniciativas, incluidas las más ambiciones, como la marcha atrás de las llamadas Reformas Estructurales de Peña Nieto (aunque para ello requeriría mayoría calificada, de cualquier manera). Sin embargo, otorgarle todo el poder a Morena y sus aliados en el legislativo puede poner en riesgo la diversidad política y el principio de representatividad.

Si bien es cierto que la restricción constitucional que evita que cualquier fuerza política acumule más de 300 diputados en el Congreso protege la diversidad política, yo, de forma particular, tengo una visión de la democracia más deliberativa que confrontativa; más de consensos que de rupturas; en fin: más de sumar, que de ganar por la mínima. Sé que a muchos compañeros en Morena no les agrada esta visión más liberal, o francamente tibia. Sin embargo, creo que, después de las elecciones, las distintas fuerzas políticas deberán de asumir una responsabilidad inédita por sumar y construir un proyecto de Estado para resolver las distintas encrucijadas que tienen a este país sumido en un auténtico terror. Si los otros partidos muestran cerrazón y mezquindad, concuerdo con que Andrés Manuel convoque a la ciudadanía a las calles para definir los asuntos más relevantes de la vida pública a través de consultas populares.

Tengo una última sospecha ante el triunfo de Andrés Manuel. Si las encuestas encuentran comprobación en las urnas, el nuevo presidente llegará respaldado de una legitimidad popular inédita en la historia de nuestra joven democracia: algo de celebrarse. Todavía más, con la mayoría parlamentaria, el gobierno tendría una multiplicidad de recursos a su disposición para echar a andar su programa político. Andrés Manuel podrá gobernar con tres poderes: con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el partido. Y su narrativa de construcción de un proyecto histórico -la Cuarta Transformación- va a tener una popularidad única emanada de una votación presumiblemente espectacular. Es decir: la mesa estará servida para la construcción de un proyecto -político e ideológico- de enorme magnitud. Andrés Manuel no será exclusivamente un administrador del Estado: será el líder de la Nación. Frente a esta espectacular marea, quienes existan políticamente en los márgenes de su proyecto, solo tendrán dos alternativas: la disidencia o la colaboración. Es evidente que la derecha resistirá desde el primer día de gobierno de Andrés Manuel, se reagrupará y buscará volver al poder en 2024. Sin embargo, me pregunto qué pasará con todas aquellas corrientes de izquierda -desde el indigenismo hasta las más liberales- que no concuerdan con el proyecto de Morena. ¿Podrán encontrar un espacio político para la construcción de un proyecto alternativo sin que sean descalificadas de reacción y de aliadas de la derecha? ¿Habrá posibilidad de otra imaginación política progresista distinta a la de Morena?

En fin. Quise exponer mis seguridades y mis dudas sobre el proyecto de Andrés Manuel porque creo que la democracia nos obliga siempre a pensar en clave de grises. Ni demonio ni mesías: sencillamente, un personaje con un liderazgo incuestionable que aspira a ser un punto de quiebre en la historia reciente de México. No tengo la menor duda de que Andrés Manuel es una persona honesta, trabajadora, reflexiva y humilde, con un profundo amor por este país. Yo votaré por él y su proyecto porque estoy convencido de que frenar a la derecha es una decisión de carácter hasta ético. En todos los espacios defiendo a su gabinete, al programa de nación que propone y cada una de las alternativas que plantea el régimen neoliberal y militarizado del PRI y del PAN. Eso no quiere decir que cierre los ojos frente a las contradicciones existentes en Morena o a las condiciones políticas que probablemente se generarán luego del primero de julio. Esta es, de alguna forma, una carta a toda mi generación: un llamado a impugnar permanentemente las formas poco democráticas que puedan existir en el gobierno de cualquiera de los ahora candidatos.

 

David Ricardo Flores es estudiante de Ciencia Política. Colaboró en la campaña de Pedro Kumamoto en 2015 y ahora lo hace con Andrés Manuel López Obrador a través de la plataforma Abre Más Los Ojos. Miembro de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate.


* Este texto representa exclusivamente la opinión del autor, y no la postura institucional de Abre Más Los Ojos, Morena ni la campaña de Andrés Manuel López Obrador.