Uno de los supuestos básicos que subyace a todo régimen que se precia de ser democrático es que las elecciones proporcionan a los ciudadanos la oportunidad de sancionar o recompensar a los políticos por su desempeño, por lo que podríamos esperar que, si los ciudadanos desaprueban la corrupción, aquellos regímenes donde los ciudadanos tienen más poder para seleccionar a sus líderes presenten niveles más bajos de corrupción. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Hoy día, no existe evidencia concluyente de que los países democráticos sean incluso menos corruptos que sus contrapartes no democráticos, aunque el hecho de recorrer un largo historial bajo elecciones relativamente libres, justas y competitivas esté asociado positivamente con niveles más bajos de corrupción.1 Si bien, en teoría, las prácticas corruptas deberían tener un considerable costo electoral para los políticos que ocupan cargos de representación política, con frecuencia, observamos distorsiones a esta suposición, es decir, los electores no suelen castigar a los políticos que utilizan la función pública para obtener beneficios privados. Y no es que la elección de políticos corruptos sea un rasgo exclusivo de los países en desarrollo, los cuales son caracterizados por débiles instituciones políticas y económicas, sino que también uno puede encontrarlo en los informes sobre democracias más consolidadas, tales como Estados Unidos, Japón e Italia.2 Entonces, ¿qué explica esta aparente incapacidad de los ciudadanos para castigar a los políticos corruptos?

Ilustración: Víctor Solís

Diversas respuestas han sido proporcionadas a esta pregunta. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que la presencia de un fuerte crecimiento económico puede desincentivar el castigo electoral de los políticos que son públicamente conocidos por sus prácticas corruptas.3 Por su parte, mientras que en los países más ricos, las personas pobres y con bajos niveles de escolaridad tienden a percibir niveles más altos de corrupción, en los países más pobres las personas pobres y con bajos niveles de escolaridad perciben menos corrupción.4

El hecho es que la evidencia acumulada sugiere que las normas sobre qué constituye el uso indebido de un cargo público – o corrupción – varían mucho entre las sociedades y países. De allí incluso la dificultad de encontrar una definición universalmente aceptada de lo que es y no es corrupción.5 Así, por ejemplo, con base en experimentos realizados en Australia, India, Indonesia y Singapur, Lisa Cameron et al. (2009) muestran que existe una gran variación en la propensión a castigar el comportamiento corrupto en todas las culturas: desde la moderna democracia australiana hasta el autoritarismo modernizante de Singapur, las personas que residen en países con alta corrupción, determinados por los índices de corrupción existentes, muestran una mayor tolerancia a la corrupción que los residentes en países con baja corrupción.6 Por otro lado, las reglas electorales que adoptan los países también pueden tener diversos efectos sobre la corrupción. Así, los sistemas electorales mayoritarios están asociados con niveles de corrupción más bajos que los proporcionales, porque fomentan la alternancia en el gobierno y promueven una competencia política mucho más intensa. La evidencia con respecto a la representación proporcional sugiere que los sistemas que utilizan listas cerradas están asociados con más corrupción que aquellos que emplean listas abiertas. A su vez, la magnitud del distrito también puede jugar un papel importante, especialmente dentro de los sistemas proporcionales. Bajo los sistemas proporcionales de listas abiertas la corrupción aumenta con la magnitud del distrito.7

Por lo tanto, lo que sabemos sobre cómo los votantes hacen rendir cuentas a los políticos por su desempeño pasado es más complicado de lo que se suele suponer. En una excelente revisión de esta literatura, los economistas Andrew Healy y Neil Malhotra (2013, p. 289) han tratado de teorizar las condiciones que conducen a la falta de castigo electoral de la corrupción a través de un proceso donde identifican cuatro etapas.8 En primer lugar, los votantes observan cambios en su bienestar individual o en el bienestar social, debido, por ejemplo, a la implementación de una política focalizada. En segundo lugar, los votantes atribuyen la responsabilidad de este cambio en el bienestar a quienes ocupan cargos de representación política, por lo que los electores ajustan sus evaluaciones y expectativas sobre el desempeño de estos funcionarios que son popularmente electos. En tercer lugar, estas atribuciones conducen a los votantes a modificar sus decisiones sobre por quién votar. En cuarto lugar, sus votos se traducen en resultados electorales específicos que incentivan a los funcionarios a modificar su comportamiento. De este modo, en teoría, emitir un voto con base en evaluaciones sobre la corrupción percibida – lo que constituye un voto retrospectivo –, es probable que tenga lugar cuando ninguno de estas etapas se quiebre. No obstante, es posible que los votantes emitan sus votos a favor de políticos corruptos – sabiendo de antemano los casos de corrupción en los cuales están implicados tales políticos –  porque esperan que los beneficios generales del mandato de un político en el cargo sean mayores que los costos asociados con la corrupción. O también, en los países donde la corrupción es generalizada, los votantes pueden carecer de los incentivos adecuados para castigar las prácticas corruptas porque los partidos de la oposición probablemente son igualmente corruptos mientras ocupan cargos de representación política. Entonces, ¿cómo salir de esta trampa?

En la primera etapa de adquisición de información, los votantes deben observar la corrupción. Esto no siempre es sencillo porque los funcionarios públicos electos que se involucran en prácticas corruptas tienen fuertes incentivos para ocultar información o tratar de influir en los medios o en el poder judicial para que no se denuncien o procesen sus actividades ilícitas. Además, en algunos países la corrupción es una práctica tan común, que un escándalo más de corrupción, no hará una diferencia mayor en las decisiones de voto individuales. Lo que sabemos hasta ahora es que las personas aprenden más sobre la corrupción a través de la experiencia personal o la percepción indirecta, principalmente a través de los informes de los medios. Por ejemplo, en un estudio sobre los efectos de los informes de auditoría publicados sobre las prácticas de corrupción en municipios brasileños, aleatoriamente realizados, Ferraz y Finan (2008) muestran que la divulgación de información aumenta el castigo electoral de la corrupción. Los investigadores se aprovecharon del hecho de que el gobierno brasileño seleccionó municipalidades al azar para realizar informes de auditoría. Su evidencia sugiere que los resultados de la auditoría tuvieron efectos significativos en el desempeño electoral de los titulares de cargos públicos y que estos efectos fueron mucho más pronunciados en los municipios donde una estación de radio local estuvo presente para divulgar esta información.9

En la segunda etapa, la atribución de la culpa, las personas tratan de atribuir la responsabilidad por casos de corrupción y, en consecuencia, ajustan sus evaluaciones y expectativas de desempeño sobre los funcionarios públicos electos. La investigación hasta ahora ha demostrado que la atribución de culpa dista mucho de ser directa y, muy a menudo, está plagada de los prejuicios de los electores. Es decir, mientras que los votantes tienden a atribuir eventos o resultados positivos a su grupo predilecto, absuelven al grupo preferido de culpa por eventos o resultados negativos. El concepto de claridad de la responsabilidad es utilizado ampliamente en la literatura sobre rendición de cuentas (accountability) para explicar la variación entre contextos. El argumento básico es que los sistemas políticos que hacen difuso el poder entre múltiples actores (en particular, los partidos) oscurecen las líneas de responsabilidad, lo que dificulta a los votantes evaluar y sancionar a los funcionarios en el poder por su mal desempeño.

Pero incluso si la información es suficiente y de alta calidad, y la culpa es atribuida correctamente, los votantes aún pueden deliberadamente decidir no castigar a los políticos corruptos. ¿Por qué? Los votantes consideran una gran variedad de factores cuando deciden por quién emitir su voto, y la corrupción puede no ser un tema destacado en una campaña electoral específica; incluso si los votantes consideran importante valorar la corrupción, podrían estar dispuestos a negociarla por algún tipo de beneficio material, no precisamente programático de largo plazo. La idea es que los resultados electorales deberían incentivar a los titulares de cargos públicos a ajustar sus acciones. En tal sentido, el castigo electoral de la corrupción debería conducir a los funcionarios públicos a involucrarse en menos prácticas corruptas, ya que temen las sanciones del electorado. Pero si el nivel general de corrupción no disminuye, es mucho más probable que candidatos corruptos ingresen y/o participen en la arena política, lo que disuade aún más a los votantes de castigar la corrupción.

Por ejemplo, Solaz y De Vries (2017) diseñaron experimentos de laboratorio para examinar si la falta de castigo electoral promueve que los candidatos se involucren en una mayor corrupción. Su evidencia sugiere que cuando los candidatos anticipan bajos o nulos costos electorales por el mal desempeño, debido a la presencia de fuertes lealtades partidistas, los políticos tienen fuertes incentivos para involucrarse en prácticas corruptas.10 Esta evidencia respalda en gran medida la idea de que la falta de competencia electoral puede engendrar mayor corrupción.

En particular, la evidencia experimental de campo recientemente realizada en México subraya una posible relación causal entre la corrupción y la participación electoral. Chong et al. (2015) asignaron al azar la extensión y el tipo de información que los votantes recibieron sobre casos de corrupción de distintos políticos en varios distritos electorales. Encontraron que los votantes respondieron a la información no precisamente castigando a los políticos corruptos, sino alejándose de las urnas de votación.11 Aunque los votantes pueden no aprobar la conductas corruptas, moralmente desdeñarlas, lo cierto es que los electores deben sopesar sus evaluaciones de corrupción en comparación con otras decisiones personales, las cuales, pueden estar en permanente conflicto. Como bien argumentan Keefer y Khemani (2005), los ciudadanos a menudo se movilizan más fácilmente para exigir beneficios privados, ineficientes, tales como subsidios o empleos en el sector público a través del patronazgo, que para exigir bienes públicos más ampliamente benéficos, tales como mejoras a la calidad de la provisión de bienes públicos.12

Por eso que es tan importante la coordinación para desencadenar una respuesta en el comportamiento de los votantes. Chang et al. (2010) sugieren que, para coordinar la sanción electoral por actividades corruptas continuas, los votantes necesitan una señal de coordinación. Muestran que la corrupción quedó impune en Italia antes de la operación “Mani puliti”, en la cual, las investigaciones judiciales que se originaron en Milán implicaron a miles de políticos, incluidos cinco ministros (Chang et al., 2010, p. 180). La extensa cobertura de los medios luego de la operación “Mani puliti” redujo la incertidumbre de los votantes sobre las acciones de sus conciudadanos, lo que permitió a los votantes italianos coordinarse y romper con años de tolerancia a la corrupción.13

 

Héctor Sebastián Arcos Robledo es politólogo por la Universidad de Guanajuato.


1 Por ejemplo, véase Daniel Treisman (2007), “What Have We Learned About the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-National Empiricial Research”, Annual Review of Political Science, vol. 10, pp. 211-44.

2 Andersen y Tverdova (2003). “Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies”, American Journal of Political Science, vol. 47, núm. 1, pp. 91-109.

3 Para una revisión más amplia tanto a nivel individual como contextual, véase Marko Klašnja, Andrew T. Little y Joshua A. Tucker (2016), “Political Corruption Traps”, Political Science Research and Methods, pp. 1-16.

4 Kentaro Maeda y Adam Ziegfeld (2015), “Socioeconomic Status and Corruption Perceptions Around the World”, Research and Politics, vol. 2, núm. 2, pp. 1-9.

5 Aquí me refiero a la corrupción política, el abuso de la función pública para obtener beneficios privados, a diferencia de la corrupción burocrática, la cual, involucra a servidores públicos no electos. Véase World Bank, Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank (Washington, D.C.: The World Bank Group, 1997).

6 Véase Lisa Cameron et al. (2009), “Propensities to Engage In and Punish Corrupt Behavior: Experimental Evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore”, Journal of Public Economics, vol. 93, núm. 7, pp. 843-51.

7 Para una revisión completa de estos temas, véase Eric C. C. Chang y Miriam A. Golden (2007), “Electoral Systems, District Magnitude and Corruption”, British Journal of Political Science, vol. 37, núm. 1, pp. 115-137.

8 Véase Andrew Healy y Neil Malhotra (2013), “Retrospective Voting Reconsidered”, Annual Review of Political Science, vol. 16, pp. 285-306.

9 Véase Claudio Ferraz y Frederico Finan (2008), “Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil’s Publicly Released Audits on Electoral Outcomes”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 123, núm. 2, pp. 703-45.

10 Véase Héctor Solaz y Michiel De Vries (2017), “Does In-Group Priming Increase Corruption Among Politicians?”, Working Paper, Universidad de Essex.

11 Véase Alberto Chong et al. (2015), “Does Corruption Information Inspire the Fight or Quash the Hope? A Field Experiment in Mexico on Voter Turnout, Choice, and Party Identification”, The Journal of Politics, vol. 77, núm. 1, pp. 55-71.

12 Véase Philip Keefer y Stuti Khemani (2005), Democracy, public expenditures, and the poor: Understanding political incentives for providing public services, World Bank Research Observer, vol. 20, núm. 1, pp 1–27.

13 Véase Eric C. C. Chang, Miriam A. Golden y Seth J. Hill (2010), “Legislative Malfeasance and Political Accountability”, World Politics, vol. 62, núm. 2, pp. 177-220.