El proceso electoral de 2018 será objeto de análisis y estudio por un buen tiempo: sus resultados, la modificación del sistema de partidos, la composición del Congreso, la alternancia en las gubernaturas, presidencias municipales y distritos electorales (locales y federales), darán mucho material para los científicos sociales, analistas políticos y las charlas de café. Ahora bien, además de los resultados que arrojó, la complejidad organizativa y los demás eslabones que componen el proceso electoral, hay que destacar uno de los que adquirieron una importancia nodal para la legalidad y legitimidad de cualquier elección: la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos y candidatos.

Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

No hay que perder de vista que, en el 2018 además de la elección presidencial y la renovación del poder legislativo federal (diputados y senadores), se celebraron elecciones en 30 entidades de las cuales en 9 se eligieron gobernadores (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán). En consecuencia, estuvieron en disputa un total de 3,4061 cargos a nivel federal y local, lo que implicó el registro de 17,696 candidatos, a quienes el Instituto Nacional Electoral (INE), por medio de su Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), está  revisando sus informes presentados. La fecha límite para su entrega fue el 30 de junio, a partir de ese momento la autoridad cuenta con 37 días para realizar su tarea de fiscalización bajo las siguientes etapas y fechas:

Tabla 1. Etapas y fechas para la revisión de informes de campaña

10 días

5 días

10 días

6 días

6 días

10 de julio de 2018

15 de julio de 2018

25 de julio de 2018

31 de julio de 2018

6 de agosto de 2018

Entregados los informes de gastos de campaña, la UTF contará con 10 días para revisar la documentación presentada

La UTF revisará los ingresos y egresos e informará a los partidos la existencia de errores u omisiones y los prevendrá para que en 5 días presenten las aclaraciones.

Después del último informe, la UTF contará con 10 días para emitir el dictamen consolidado y el proyecto de resolución

La Comisión de Fiscalización contará con 6 días para aprobar los proyectos emitidos por la UTF.

Una vez aprobados por la Comisión de Fiscalización se someterán a consideración del Consejo General los proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable de 6 días.

Fuente: INE

Además de la revisión de los informes, la UTF tiene la obligación, por un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),2 de investigar y resolver las quejas en materia de fiscalización que se presenten durante el periodo electoral. Esto con el objetivo de contar con la certeza de que ningún contendiente haya incurrido en un rebase de los topes de gastos de campaña y por lo tanto no se tenga que anular la elección.

Lo anterior se debe a que esta elección se dio bajo los cambios implementados por la reforma política de 2014, en la que se puso especial atención en las capacidades de fiscalización de la autoridad electoral, el caso Monex puso en evidencia las debilidades del sistema electoral para evitar la utilización de dinero prohibido durante las campañas. Por lo que se aumentaron las responsabilidades de la autoridad electoral para la revisión de los ingresos y gastos de los partidos las campañas, tanto para cargos federales y locales, pero probablemente el cambio que define el modelo de fiscalización son las causales de nulidad contempladas en la Constitución.

El artículo 41 Constitucional en su apartado D numeral VI, la Ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Como se puede observar, las causales de nulidad se vinculan directamente con el uso de recursos prohibidos con fines electorales. Según la propia Carta Magna, estas faltas se deben acreditar de manera objetiva y material, y se consideran determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% en el caso de rebase de topes de campaña.

Con este modelo el INE ha venido revisando los ingresos y gastos que realizan los candidatos independientes, los partidos y sus abanderados. En 2015, en lo federal y lo local se analizaron 5,333 informes de campaña. Para el año 2016, el Instituto fiscalizó 14 elecciones, lo que implicó la observación de 9,899 informes y en 2017 se revisaron 3,621 informes de campaña.

Es así como la fiscalización se convierte en un factor que abona a la confianza, al brindar certeza al electorado del origen y aplicación de los recursos utilizados durante la campaña, labor que se complementa con la investigación de las denuncias que se presentan en este periodo. Muestra de ello es lo acontecido en 2017 durante el proceso electoral de Veracruz, particularmente en el municipio de Camarón de Tejeda, se logró acreditar un rebase de los topes de gastos de campaña por parte del primer lugar por un 334.76% y la diferencia con el segundo lugar fue de 4.26%.

Bajo el mismo tenor, la elección de gobernador en el estado de Coahuila estuvo a punto de ser anulada, dado que la autoridad electoral comprobó que el candidato ganador (PRI) no reportó gastos vinculados a propaganda en la red social Facebook, el pago a representantes generales y de casilla, así como las erogaciones para solventar la producción y post producción de 84 videos rebasando el tope de gastos de campaña en un 10.52% y la diferencia entre el primero y segundo lugar era de menos del 5%. Es decir, se había configurado el escenario para la anulación. Sin embargo, la autoridad que califica al final si estas nulidades proceden es el TEPJF, el cual ordenó al INE descontar $1 millón 461 mil 600 pesos, con esto se eliminó el factor determinante considerado en la Constitución, por lo cual el rebase apenas alcanzó el 1.61%, por lo que dicho proceso no fue anulado.

Como lo ilustra el ejemplo anterior, el INE al revisar los informes de campaña o la investigación de las quejas en materia de fiscalización detecta conductas o delitos que conlleven al rebase de los topes de gatos de campaña, es el TEPJF la instancia que tienen la última palabra para decidir si se anula o no una elección. Recientemente, esta autoridad jurisdiccional determinó un criterio de interpretación sobre la nulidad por rebase de topes de gastos el cual establece que, si la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5% se presume la determinancia y la carga de la prueba corresponde a quien pretenda desvirtuar la nulidad; en contraste, cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea igual o mayor al 5% corresponde a quien pretenda la nulidad demostrar la determinancia de la irregularidad.3

Con todos estos elementos, la UTF se encuentra revisando los informes de campaña que a nivel federal contienen un total de 146,809 operaciones a nivel federal y 369,388 en el plano local, además de investigar un total de 3684 quejas que han presentado los partidos y candidatos. Asimismo, se están analizado los ingresos y gastos que reportaron los partidos y candidatos, tal como se pueden apreciar en la gráfica 1:

Gráfica 1. Ingresos y egresos reportado a nivel federal y local durante el proceso electoral 2018

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Si bien la elección presidencial no se encuentra en el escenario de anulación, al menos no por un posible rebase de los topes de gastos de campaña, dado que la diferencia entre el primero y segundo lugar supera por mucho el porcentaje marcado por la Constitución, a nivel local las cosas son muy distintas. Según los resultados preliminares que arrojan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) son alrededor de 500 cargos los que se mantiene en vilo debido a que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5%, tal como se observa en la tabla 2:

Tabla 2. Cargos en los que la diferencia entre el 1er y 2do lugar es de hasta 5%

Entidad

Gobernador

Presidente Municipal

Diputado Local

Otro

Total

Aguascalientes

0

0

5

0

5

Baja California Sur

0

1

1

0

2

Campeche

0

3

7

3

13

Chiapas

0

35

5

0

40

Chihuahua

0

0

3

0

3

Ciudad de México

0

4

3

0

7

Coahuila

0

8

0

0

8

Colima

0

5

3

0

8

Durango

0

 0

8

0

8

Guanajuato

0

9

2

0

11

Guerrero

0

29

7

0

36

Jalisco

0

 0

7

0

7

Edo. Mex.

0

39

3

0

42

Michoacán

0

25

8

0

33

Morelos

0

9

1

0

10

Nuevo León

0

12

10

0

22

Oaxaca

0

0

1

43

44

Puebla

1

75

5

0

81

Querétaro

0

1

4

0

5

Quintana Roo

0

3

0

0

3

San Luis Potosí

0

18

8

0

26

Sinaloa

0

4

3

0

7

Sonora

0

10

3

0

13

Tabasco

0

3

0

0

3

Tamaulipas

0

9

0

0

9

Tlaxcala

0

0

2

0

2

Veracruz

0

0

5

0

5

Yucatán

1

23

0

0

24

Zacatecas

0

17

6

0

23

Fuente: elaboración propia con datos de los PREP de los OPLE.

Particularmente para elección a gobernador se han presentado dos casos en los que la diferencia entre el ganador y el perdedor es menor al 5%; en Puebla la candidata de la coalición integrada por el PAN, PRD y MC obtuvo la victoria con un margen del 3.82% frente al abanderado de la coalición conformada por Morena, PT y PES. En Yucatán la coalición del PAN y MC ganó con el 2.99% frente a la integrada por el PRI, PVEM y Panal; además de estos casos, en la gráfica 2 se pueden observar por entidad, cuantas elecciones tienen un resultado arroja una diferencia que va del 1% al 5% entre el primero y segundo lugar:

Gráfica 2. Porcentaje de diferencia entre el primero y segundo lugar por entidad

Fuente: elaboración propia con datos de los PREP de los OPLE.

Como se puede observar, Puebla es la entidad que encabeza las elecciones más competidas, a diferencia de Baja California Sur o Tlaxcala que presentan menos casos, sin embargo, en todos los estados en los que hubo elecciones se presentó una competencia reñida y suyo resultado es hasta del 5% de diferencia. Es muy probable que los resultados de estas elecciones se lleven a la arena del Tribunal, buscando su invalidación por diversas causales, incluyendo el rebase de los topes de gastos de campaña o el uso de recursos prohibidos.

De tal forma que depende de la fiscalización electoral cerrar con broche de oro este proceso, cuyo saldo ha sido satisfactorio para la ciudadanía y sobre todo para una democracia que está en vías de consolidación. Después del 6 de agosto, se conocerán las faltas en las que incurrieron los partidos y candidatos, así como las multas de las que serán objeto y sobre todo cuantas elecciones fueron anuladas debido a los resultados de la fiscalización, lo cual será objeto de otro análisis.

 

Erika Estrada Ruiz
Abogada.

Edwin E. Ramírez Lemus
Politólogo.


1 Calendario Electoral 2018, INE, URL: https://goo.gl/QxK41U, (Consulta: 9 de julio de 2018).

2 Para mayores referencias se puede consultar la siguiente dirección URL: https://goo.gl/Bii2KM. (Consulta: 9 de julio de 2018)

3 Para mayores referencias consultar la siguiente URL: https://goo.gl/6GKEcY.

4 Procedimientos administrativos sancionadores correspondientes a los procesos electorales federal y locales 2017-2018, dirección URL: https://goo.gl/m26EYK, (consulta: 9 de julio de 2018). Es pertinente aclarar que esta cifra es con corte al mes de junio, por lo que es muy probable que el número de quejas en materia de fiscalización en estos momentos haya aumentado, dado que, la Unidad recibirá estos procedimientos hasta el 22 de julio de la presente anualidad.