Soy funcionario público. Con seguridad, la plaza que ocupo será una de las afectadas por la política de austeridad recientemente anunciada por Andrés Manuel López Obrador. A continuación, explico las razones por las que, en términos generales, celebro que así sea y algunas de las reservas que tengo al respecto.

Como servidor público, estoy totalmente de acuerdo con la idea de reducir, de manera progresiva y proporcional, los sueldos de los funcionarios de mayor nivel. Dentro del sector público, esta propuesta ha generado un agitado debate. No obstante, fuera de nuestro círculo las opiniones parecen estar menos divididas: reducir los privilegios de la alta burocracia se presenta como algo de sentido común. La propuesta fue uno de los grandes aciertos de la campaña de AMLO. Como tal, su éxito no puede medirse sólo en términos de racionalidad económica. El monto —y el destino— que genere una política de austeridad salarial en la Administración Pública (APF) es importante, pero lo fundamental es el mensaje que manda, su potencia como símbolo.  Luego de un gobierno al que se le ha criticado su desconexión con la realidad, el Presidente electo parece decir con esta iniciativa que tiene los pies en la tierra. El soundbite de su campaña lo resumía a la perfección: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Sinceramente, si alguien no comprende esta idea no entiendo qué hace en el servicio público.

Ilustración: Estelí Meza

Veámoslo en perspectiva: un Director de Área en la APF —el cargo más bajo que sería afectado por la reducción salarial— hoy puede llegar a ganar bastante más en un mes que una familia mexicana promedio en tres meses, según la última ENIGH realizada por el INEGI (2016). De acuerdo con la misma encuesta, si dividiésemos al país en diez partes en función de su ingreso, ese mismo Director de Área puede ganar —por sí solo— más que el promedio de las familias más ricas del país. Uso deliberadamente como ejemplo a un Director de Área, un “mando medio” cuyos ingresos palidecen frente a los de un Director General y a quien un Subsecretario ni siquiera le contestaría el teléfono. Con el perdón de mis colegas, defender que estos sueldos son los de alguien de clase media muestra un profundo desconocimiento de la desigualdad de nuestro país o una cínica indiferencia hacia la misma. No son precisamente las cualidades más deseables en un servidor público.

Ser funcionario no puede ser un voluntariado, como parecen exigir algunos críticos desde fuera, pero tampoco debería ser una opción atractiva para quien tienen como prioridad hacerse rico, como insinúan algunas reacciones desde dentro. Comprendo la inquietud por la probable pérdida de trabajadores valiosos ante la reducción salarial, pero lo que más me preocupa es que el principal incentivo de los empleados públicos para no marcharse a la iniciativa privada sea su sueldo.

En la burocracia hay abusos que, por sí mismos, explicarían el atractivo de las medidas de austeridad de López Obrador. El patrimonialismo (ver los recursos públicos como un botín privado) es un mal del que no está exenta ninguna dependencia o nivel de gobierno. En este sentido, algunos de los privilegios que el próximo gobierno pretende eliminar —como los automóviles nuevos, el uso de subalternos para labores de índole privada o la asignación de escoltas a funcionarios cuya labor no entraña ningún riesgo salvo los propios del sedentarismo— son prácticas que espero se vayan para nunca volver.

Sin embargo, hay prestaciones que merecerían una discusión diferente. Entre las medidas anunciadas el pasado 15 de julio se encuentra la eliminación de una serie de beneficios que reciben los funcionarios a partir de cierto nivel, como un seguro de gastos médicos privado a una tarifa preferencial y un esquema de ahorro especial en caso de renuncia o despido (seguro de separación).

A poco de que se piense, estas prestaciones difícilmente pueden ser definidas como lujos en sí mismas: si en nuestro contexto aparecen como tales es por la precariedad laboral en la que vive la mayoría de los mexicanos. Podemos discutir si un funcionario (o cualquier trabajador) merece el sueldo que percibe, pero no si debería tener derecho a una atención médica de calidad o a una red de protección si pierde su empleo. Por ello, me gustaría que la propuesta de austeridad no solo sirviera para generar ahorros presupuestarios o satisfacer un reclamo popular, sino que se utilizara como una oportunidad para comenzar una discusión sobre los temas que están detrás de dichos “privilegios”.

¿Se elimina el seguro de gastos médicos privado de los funcionarios? Perfecto, pero hablemos sobre la urgencia de mejorar el servicio de nuestras instituciones públicas de salud y retomemos el proyecto de la cobertura universal. ¿Desaparece el seguro de separación? De acuerdo, pero volvamos a poner sobre la mesa la necesidad de que todos los trabajadores mexicanos tengan un seguro de desempleo, para que nuestro sistema de seguridad social deje de estar incompleto.

El resultado de estas medidas no puede ser solamente una igualación a la baja para que quienes antes vivían en el privilegio sientan lo que padece la mayoría (aunque a algunos seguramente nos haga falta), sino el comienzo de un esfuerzo para que lo que antes era visto como un lujo accesible para pocos, el día de mañana se convierta en un derecho disfrutable y exigible por todos.

En el plan de austeridad también hay medidas con las que no concuerdo. Una de ellas es la reducción del 70 por ciento de la plantilla de trabajadores de confianza. La iniciativa me parece criticable por draconiana (por donde se vea, despedir a más de 200 mil personas es difícilmente justificable), pero también porque establece una falsa equivalencia entre trabajador de confianza y alto funcionario. Cuando entré al servicio público hace años lo hice ganando alrededor de 10 mil pesos y sólo con las prestaciones mínimas. El puesto que ocupaba era, sin embargo, de confianza. Hoy hay miles de casos similares.

Lo mismo ocurre con los lineamientos que establecen que este conjunto de trabajadores trabajará de lunes a sábado y cómo mínimo 8 horas diarias. Todo empleado del gobierno sabe que uno de los mayores problemas de la administración pública mexicana es que favorece las jornadas extensivas sobre la productividad. Tengan o no trabajo, no es extraño que los empleados de confianza dejen sus oficinas hasta bien pasada su hora oficial de salida o que no soliciten todas las vacaciones a las que tienen derecho por temor a ser vistos como irresponsables en un sistema que a veces parece premiar la ineficiencia. Institucionalizar esta tendencia, además, hará imposible la ya de por sí difícil conciliación entre vida personal y profesional, por no hablar de las labores de cuidados, que recaen desproporcionadamente en las mujeres. Entiendo la urgencia de dar resultados, pero hasta para transformar a México habrá que descansar.

Por último, creo que en la política de austeridad propuesta por el próximo gobierno hay cosas que hacen falta. En primer lugar, una revisión del trabajo de los funcionarios “de base”. En la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado hay también prácticas cuestionables y abusos: la herencia de plazas, para acabar pronto. Considero, además, que una política de austeridad en la APF que no incorpore una negociación para impulsar medidas análogas en los otros dos poderes y órdenes de gobierno está condenada al fracaso. Si hay una figura que en el imaginario colectivo representa el privilegio y la ostentación a costa del erario no es el funcionario (por más “fifí” que este sea) sino el diputado o el senador. Para regenerar nuestro sector público, limpiar la casa debería ser solo el comienzo.

Sobre todo, creo que la gran ausente en las medidas planteadas es la dignificación del servicio público.

En la administración pública siempre ha habido personas de méritos dudosos. No obstante, son la excepción: la inmensa mayoría de los trabajadores al servicio del Estado que he conocido son mujeres y hombres honestos, preparados y responsables, con un profundo compromiso con México y una firme vocación de servicio. En los últimos años, estos trabajadores no lo han tenido fácil: los escándalos de corrupción han devaluado su profesión en términos de algo que, no por ser inmaterial, vale menos que el dinero: la reputación. 

Muchos de estos funcionarios están a favor de un cambio en la vida pública nacional, incluso si este va en contra de sus intereses particulares más inmediatos. Lo menos que estos trabajadores esperan de la política de austeridad del próximo gobierno es que no venga acompañada de una campaña que por momentos parece estigmatizarlos, sino de un esfuerzo para dignificar su labor.

 

César Morales Oyarvide
Politólogo y funcionario público. Las opiniones de este texto son personales y no representan a ninguna institución de la Administración Pública Federal.