Con las elecciones terminaron las campañas y empezó el largo periodo de transición de gobierno. Cada día sabemos un poco más sobre cuáles serán las prioridades a partir de diciembre. Lo más urgente parece ser restaurar la confianza en las instituciones, cerrar brechas de desigualdad, restituir el tejido social. En este limbo de nuestra vida pública aún es pronto para tener claro cómo se logrará todo esto, pero entre los temas que se han mencionado, se ha hablado muy poco de tecnología. Mi impresión es que durante las campañas se banalizó el asunto y ahora nadie quiere hablar del internet de las cosas, de Big Data o de las “benditas redes sociales”, como en algún momento se refirió a ellas López Obrador.

Ilustración: Patricio Betteo

Este silencio es preocupante. Necesitamos un plan en el país y parecería que no hay un proyecto de política digital, ni una propuesta concreta de diseño institucional para coordinar el desarrollo y adopción de tecnología desde el gobierno (véase la Posdata). Empezar a hacer de esto una conversación del interés público es necesario en este momento, porque al Estado le corresponde impulsar las condiciones para promover que los beneficios del desarrollo tecnológico sean incluyentes. A todos nos corresponde ser parte del diálogo para que la innovación se haga de manera responsable. No tenemos que ser del gremio de científicos de datos, expertos técnicos en las tecnologías de la información y comunicación (TIC); somos usuarios y estamos inmersos en dinámicas económicas y sociales que se transforman de manera profunda y acelerada. A todos nos conciernen las consecuencias que el uso de la tecnología —o la falta de acceso a ella— tiene en nuestra vida diaria.

Tal vez el silencio es una oportunidad y armar la agenda de política digital bien podría ser un ejercicio en el que participen los ciudadanos, la academia y la industria convocados por el nuevo gobierno. Para ello podemos partir de los avances del gobierno saliente, algunas pistas del gobierno que entra y algunas guías generales orientadas al desarrollo sostenible. A raíz de la reforma en telecomunicaciones de 2013, el artículo 6 de la Constitución establece que el Estado es responsable de garantizar el derecho de acceso a las TIC, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Como parte de las condiciones necesarias para ejercer este derecho destacan la infraestructura —que permita la competencia efectiva entre quienes prestan los servicios— y las habilidades digitales —para que la población se integre a la sociedad de la información.

Las pistas que ha dado el próximo gobierno versan sobre las continuidades en telecomunicaciones y los cambios en la agenda de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Por un lado, sabemos que se buscará fortalecer la reforma de telecomunicaciones, impulsar la red compartida para llevar servicios de banda ancha a todo el país, involucrar a las comunidades en la gestión de estos servicios y ampliar la cobertura y acceso a internet. Por otro lado, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) será prioridad crear un ecosistema informático nacional para desarrollar y aplicar tecnologías inteligentes, con una visión práctica para solucionar los problemas más apremiantes del país.1

Entre las guías, tenemos la “Agenda Digital Nacional 2018, beneficios digitales para todos” —que la industria TIC en México desarrolló y entregó a los candidatos, durante el periodo de campaña— y la “eLAC 2020” —que los representantes de 23 países suscribieron en abril pasado, en la reunión sobre la sociedad de la información que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde hace quince años. Las dos agendas digitales consideran como prioridades fortalecer la infraestructura y desarrollar habilidades para ampliar el acceso a las tecnologías emergentes. Es decir, ambas reconocen oportunidades y retos de política pública que resultan de los avances tecnológicos. Este reconocimiento está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (más concretamente con objetivo número 9, titulado “Industria, innovación e infraestructura”).2

Además de impulsar la economía basada en datos, la política digital debe considerar cómo el gobierno puede aprovechar las tecnologías emergentes. Para transmitir, almacenar y procesar información de manera segura hoy no es necesario hacer grandes inversiones en infraestructura informática, que se tenga que ensamblar y anclar en un espacio físico, o en licencias de programas de software y su mantenimiento, —hay plataformas de cómputo en la nube y servicios que se adaptan a cargas de trabajo—; algunos procesos, en los que participan múltiples actores para intercambiar información, pueden articularse sin un coordinador central y aun así dar un resultado confiable —lo que se conoce como Blockchain—; los tomadores de decisiones y los ciudadanos pueden contar con información personalizada, de manera inmediata, basada en evidencia a partir de grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados —es decir, inteligencia artificial.

Entre los avances y ejemplos de innovación del sector público a partir de tecnología destacan los siguientes elementos. Hoy casi cinco mil trámites del gobierno federal se pueden hacer por medio de la ventanilla única nacional; además, se ha fortalecido la fiscalización para combatir la evasión fiscal y se ha agilizado el comercio exterior, entre otros procesos clave. El gobierno de Estonia ha explorado el potencial de algunas tecnologías y hoy es líder en proveer servicios en línea tanto a sus ciudadanos como a individuos de otros países, gracias a un registro único de identidad digital. La información del gobierno de Portugal se ofrece en formatos abiertos, de acuerdo con su marco regulatorio nacional de interoperabilidad digital. En Uruguay se ha logrado coordinar de manera efectiva una estrategia de gobierno digital, que se traduce en ahorros, al operar de forma transversal y evitar duplicidades entre dependencias públicas. Emiratos Árabes Unidos tiene una estrategia para procesar documentos en transacciones federales por medio de Blockchain, y así aumentar la transparencia y eficiencia. En el ámbito regional, la Comisión Europea ha desarrollado medidas sobre inteligencia artificial para aumentar la inversión público-privada e impulsar la competitividad de los países miembros.

Con los ejemplos no se trata de hacer un fetiche de la tecnología, únicamente son herramientas que facilitan la innovación. Más allá de instalar un aparato nuevo para automatizar procesos manuales y digitalizar la burocracia, las tecnologías emergentes sirven para repensar los procesos de las instituciones y generar nuevos y mejores servicios para los ciudadanos. Por eso la transformación digital representa retos para las organizaciones complejas, no solo para el gobierno. Requiere flexibilidad para experimentar con las posibles soluciones; además de astucia y paciencia para permitir que convivan sistemas tradicionales y emergentes, o que coincidan fenómenos análogos y digitales. Todo esto puede generar resistencias, pues ocurre dentro de un marco regulatorio rígido.

Lo que sí es único de los gobiernos es que tienen los recursos y la escala para fungir como catalizadores y para adoptar nuevas herramientas de manera precoz. Sin embargo, para que funcione una política digital necesita alianzas dentro y entre las instituciones públicas, así como puentes con las empresas, la academia y la sociedad civil. Dado que la transformación digital es un proceso de innovación, no puede ocurrir en aislamiento. Generar asociaciones público-privadas permitiría crear sinergias, sumar recursos y compartir riesgos para pilotear y escalar proyectos de base tecnológica. Si las empresas y las autoridades educativas trabajan en conjunto, podrían orquestar un plan integral de formación y empleabilidad en sectores estratégicos, que no dependa de salarios bajos, especialmente de cara al proceso de sustitución de mano de obra que está ocurriendo. También en dos vías, involucrar a los ciudadanos como co-creadores de políticas públicas y servicios permitiría abrir el gobierno, acercar las instituciones públicas a las personas (ciudadanos y funcionarios) y poder confiar más entre los ciudadanos y entre éstos y el gobierno. Entonces, la colaboración no es un inconveniente, es una funcionalidad de la transformación digital (It’s not a glitch, it’s a feature).

Si bien al gobierno le toca gestionar este proceso de innovación, los ciudadanos queremos participar en el diseño, implementación y evaluación de la próxima política digital, desde nuestras comunidades o gremios, también como usuarios. Si todavía no hay agenda digital ¿por qué no convocar a un ejercicio colaborativo? Un mecanismo así (crowdsourced), serviría para dar voz a múltiples puntos de vista, garantizar que la tecnología aumente las capacidades humanas (y no las sustituya), promover el acceso equitativo a la información y el conocimiento, tener claros los parámetros de la responsabilidad de quienes extraen valor de los datos; además de pensar las tecnologías emergentes como una fuerza sostenible e incluyente, como habilitadoras de la Cuarta Transformación. Quedamos en espera de una convocatoria para trabajar en conjunto.

 

Andrea Escobedo Lastiri

Posdata: El anuncio del 6 de agosto de la creación de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es una buena noticia; el nombramiento de la Mtra. Salma Jalife a su cargo es alentador. ¡Bienvenidas la experiencia y la diversidad!


1 María Elena Álvarez-Buylla Roces, “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por MORENA”, junio2018.

2 Las metas del objetivo 9 son las siguientes: desarrollar y modernizar infraestructura para que sea asequible, equitativa, sostenibles y resiliente; promover una industrialización incluyente y sostenible; aumentar el acceso a servicios financieros y propiciar que las pequeñas empresas se integren a las cadenas de valor; promover que se adopten tecnologías y procesos industriales limpios; fomentar la innovación con recursos públicos y privados, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales; garantizar un entorno normativo propicio para la diversificación industrial; aumentar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y proporcionar acceso masivo a Internet.