El próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado dispuesto a abrir la discusión pública en torno a cuestiones trascendentales para el futuro de la nación y a que se realicen consultas populares para que sean las mayorías (el cincuenta más uno) quienes decidan el camino que tomaremos conjuntamente como sociedad frente a algunas disyuntivas muy concretas. Hasta el día de hoy, los virtuales secretarios Jiménez Espriú (Comunicaciones y Transportes) y Moctezuma Barragán (Educación) confirmaron que habrá consultas para definir si la construcción del nuevo aeropuerto continúa en su localización inicial y para modificar, en caso de que así se decida, la Reforma Educativa impulsada por el presidente Peña Nieto.

Todavía no se ha esclarecido si las consultas serán vinculantes o no, quiénes podrán votar, qué institución se encargará del proceso y las cualidades del procedimiento (desde la elección de las palabras exactas que se preguntarán en una hipotética papeleta hasta la instalación de casillas), y tampoco se ha aclarado si las consultas tendrán validez o si son siquiera factibles con el marco legal actual. Mucho se ha discutido, eso sí, sobre si es pertinente definir en las urnas proyectos que requieren de amplios conocimientos técnicos, como el del nuevo aeropuerto, o cuáles deberían de ser los límites de las consultas, pues Andrés Manuel ha reiterado que cuestiones como la despenalización del aborto podrían tener una resolución a través de este proceso, lo que alarma a diversos colectivos feministas, activistas y defensores de derechos humanos.

Hay una consulta pendiente en torno a un tema, que algunos considerarán marginal, pero que podría permitirnos avanzar en la construcción de una sociedad más libre y justa para todos los seres vivos: la abolición de las corridas de toros y de otros espectáculos crueles, como los palenques y las festividades populares en donde exista maltrato animal.

Ilustración: Víctor Solís

La agenda animalista es siempre relegada a una visibilidad mínima o inexistente en los partidos políticos. En nuestro país, un impostor partido verde -muy lejano a los partidos verdes europeos, casi antagónico- (el PVEM) dedica casi todos sus recursos y esfuerzos a proponer de forma demagógica la pena de muerte, cuando sus líderes tienen conocimiento (espero) de que eso contraviene el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, ratificado por México, país que, además, eliminó del texto de la Constitución la pena de muerte el 9 de diciembre de 2005. Su iniciativa (modificación a la Ley General de Vida Silvestre) de cero animales de circos falló en la implementación y fue más perjudicial que benéfica para estos seres vivos. Según información de Diario Milenio, de los 1298 animales de circo que fueron censados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 80 circos del país, el ochenta por ciento murió o se desconoce su paradero. Teresa Montero, médica veterinaria y comisionada técnica de SEMARNAT para supervisar este proceso, declaró en 2016 que “no más de 300 animales están vivos” y el resto “cayeron en manos de traficantes de especies y ahora están convertidos en tapetes”.

Los partidos de izquierda son, generalmente, quienes impulsan iniciativas de corte animalista, pues buscan reducir la opresión en contra de todos los seres vivos y optar siempre con preferencia por quienes se encuentran en una posición de desventaja, debilidad o asimetría: en este caso, los animales. El partido español Podemos considera en su programa político una Ley de Bienestar Animal para discutir “todos los espectáculos en los que se produzca confinamiento o maltrato de animales”; el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), también de España, tiene como prioridad “el fin de la tauromaquia y festejos populares en donde se utilicen animales”. Por su parte, Los Verdes de Alemania proponen modificar todas las deficiencias que puedan existir en la ley de aquel país y en la práctica para “fortalecer los derechos de los animales” y otorgarles condiciones apropiadas para las especies, es decir: “liberarles de sufrimiento innecesario”. Morena, si en verdad se asume como una organización de izquierda, debería de abrazar esta causa, como muchas otras en el mismo sentido: verificar que la experimentación animal con fines científicos se realice de acuerdo a protocolos internacionales, regular las condiciones en las que se desarrollan los animales que serán sacrificados para la industria alimentaria, exigirle a los zoológicos que cumplan la normatividad existente, abrir una discusión seria en torno a la caza “con fines recreativos” (otra actividad cruel e innecesaria) y erradicar la trata de especies.

¿Por qué realizar una consulta para decidir sobre este tema? Porque es una discusión de índole estrictamente moral. Hay una moral progresista que empuja hacia la abolición de la tauromaquia y una moral conservadora que busca mantener el maltrato en contra de los animales justificándose en la “tradición” y en la “cultura”. Como es difícil que estas dos posturas morales puedan llegar a un punto de acuerdo y son, más bien, antitéticas y excluyentes, la única forma de tomar una decisión con carácter general son las urnas. La democracia moderna -liberal, procedimental- es el sistema político más funcional (o eso ha demostrado la historia, hasta ahora) porque resuelve pacíficamente y de forma institucional los conflictos existentes en las sociedades plurales, diversas. Las sociedades son heterogéneas y los distintos grupos que la conforman están siempre en constante competencia por los recursos existentes (económicos, simbólicos, jurídicos, políticos, institucionales), por ello, las urnas permiten tomar definiciones sobre el futuro de las sociedades sin derramamientos de sangre. Aunque hay que aclarar que las consultas son una derivación -una ampliación, diría yo- de la democracia liberal, pues sus reglas permiten una participación más popular y con menos controles: el pueblo se erige como sujeto político para legislar, en lugar de esperar que representantes realicen la función de intermediación y produzcan leyes con el mandato popular que les fue dado; y hay que decir también que las consultas son útiles y pertinentes solamente para ciertos temas: no se va a decidir la política fiscal por consulta ni tampoco es deseable que los derechos humanos se sometan a estos procedimientos.

Es prácticamente imposible que progresistas y conservadores abracen la postura de la contraparte cuando de tauromaquia y otros espectáculos con animales se trata, y está bien. Insisto: para eso sirven las urnas. Que cada grupo defienda sus ideas a través del debate público y que sea la sociedad en su conjunto la que decida de forma libre si se van para siempre o se quedan las corridas de toros. Pero que quede claro: no hay manera “objetiva” o “científica” de generar una solución, porque estamos hablando de un problema moral. Es por ello que se tiene que recurrir a una consulta para generar una nueva moral colectiva —un acuerdo social— sobre lo que pensamos en torno a la tauromaquia.

Los defensores de la tauromaquia objetarán que se debería de prohibir entonces también el consumo de carnes animales para no caer en hipocresía. Son dos cosas radicalmente distintas torturar a un animal por diversión y darle muerte para obtener nutrientes de él. Nuevamente: es un asunto moral. Como sociedad hemos acordado culturalmente que es legítimo consumir animales; el mayor ejemplo de que es sencillamente un acuerdo social es que algunos grupos admiten el consumo de cierto tipo de carnes -de caballo, de perro o de serpiente- y otros no. Si consumimos cotidianamente carne de tipo animal es porque consideramos que es correcto realizarlo bajo un marco definido de principios: algunas organizaciones, de hecho, cuestionan que los animales para consumo humano se desarrollen en espacios precarios, sean engordados con crueldad y con métodos poco éticos. Sin embargo, en general, la gran mayoría de la sociedad admite que es legítimo el consumo de animales. No podría decirse lo mismo de la tauromaquia. Definamos, pues, si estamos o no dispuestos a tolerar el sufrimiento animal como entretenimiento.

Otro argumento en contra de una consulta para abolir la tauromaquia es que, aparentemente, no es un tema prioritario. Y es que jamás lo va a ser si no se posiciona mediáticamente: si no se lleva a la arena pública y ahí se resuelven sus complejidades éticas a través de un debate de ideas. Los derechos no son materia inaprensible o etérea que esté esperando a ser descubierta por algún ilustre legislador; son consensos sociales (morales) acerca de lo que consideramos admisible y de lo que no. Es por ello que hace algunas décadas el racismo era tolerado -y propiciado- abiertamente por el Estado o las mujeres no podían asistir a las urnas. Hubo grupos de la sociedad que denunciaron estas situaciones injustas y generaron un amplio debate público para que el Estado reconociera y garantizara derechos a favor de dichos grupos. No imaginemos la existencia de derechos como un pastel: no es que, si se le dan derechos a animales, se le tengan que retirar a otros sectores de la sociedad. Aunque sí hay que decir que se requiere un plan integral y estratégico para garantizar esos derechos, y no comprometer la capacidad operativa del Estado.

A partir de este punto anterior los conservadores podrían argumentar que el destino de los toros sería el mismo que el de los animales de circo: más sufrimiento y ningún aumento considerable de su bienestar. El problema de la iniciativa para prohibir la utilización de animales en los circos es que no se contempló dentro de la ley un plan de acción completo (recursos, seguimiento e implementación por parte de la SEMARNAT) para evitar que los animales perecieran en el total abandono. En caso de que la consulta para abolir la tauromaquia se realice y triunfe con la mayoría de los votos una postura favorable, el Congreso tendría que elaborar una iniciativa de la mano de especialistas para evitar la misma suerte de la iniciativa fantoche del Verde, realizada más por simular su condición de partido ecologista que para terminar genuinamente con el sufrimiento animal.

En fin. Escribo este texto porque estimo profundamente que la transformación política y social que México está realizando bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador hará justicia a muchos grupos históricamente desfavorecidos: a quienes viven en las periferias de las ciudades, a las personas migrantes, a las mujeres (espero que Olga Sánchez Cordero dialogue en serio con Andrés sobre la importancia de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres), a las personas homosexuales que son discriminadas por su libre decisión de a quién expresar su amor, a quienes están encarcelados por portación de mariguana, a quienes tienen sueldos precarios y a los pacientes con enfermedades dolorosas que no pueden terminar voluntariamente con su vida. Incluyamos a los animales como un grupo vulnerable, que sufre un sinfín de maltratos y que merece nuestro amor, respeto y empatía. Estemos a la altura. Imaginemos un país —un mundo— en donde todos y todas (y todas las especies también) convivamos de forma armónica, equilibrada, libre y pacífica.

 

David Ricardo Flores
Estudiante de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Miembro de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate.