En el temblor del 7 de septiembre de 2017 mis hermanos y yo nos tomamos de los brazos, sintiendo miedo, refugiados en una zona que creíamos era de seguridad, en el departamento de la Colonia Narvarte donde vivíamos. Me consolaba pensando que a un departamento construido apenas hace 10 años no le podía pasar nada. Cinco días después me operaron de la cadera, por lo que el 19 de septiembre estaba convaleciente, en muletas, en casa de mis papás, en Xochimilco, en una zona de tierra firme donde no suelen sentirse los temblores. El fatal día, a las 13:14 horas la tierra cimbró. Esta vez sólo pude agarrarme a las columnas, porque estaba sola. Estaba aterrada. No sólo por lo que sentía al verse mover la casa firme, sino porque también me preocupaba lo que podía ocurrir en nuestro departamento y en el resto de la ciudad.

Pasé ocho horas sin luz ni internet, y sin poderme mover, esperando a que todos en mi familia pudiéramos reunirnos. Me fui enterando por WhatsApp que el Tec de Monterrey, donde había estudiado la prepa, había colapsado; que mi hermana, médico intensivista, se ocupaba de los niños del Colegio Rébsamen; y que mi edificio estaba severamente dañado, con las puertas de la entrada en el suelo, las escaleras con grietas en forma de equis en cada piso, el adoquín del estacionamiento levantado por el hundimiento generado, muros con grietas y hoyos, y recargado tanto hacia el edificio del norte, que había colapsado parcialmente, como al del sur. Eventualmente investigué que mi edificio fue construido en 1966 y remodelado, llevándose a cabo cambios estructurales, sin reforzamiento. Luego de meses y muchos esfuerzos para realizar las revisiones técnicas y orientar a mis vecinos, logré que nuestro edificio fuera demolido.

En las dos semanas que duró la etapa de la emergencia, que se dio entre confusión, dolor y solidaridad, fui conociendo los daños en una de las zonas más afectadas, la Delegación Benito Juárez, donde 52 víctimas fallecieron, 11 inmuebles oficialmente colapsaron, y se cuentan 32 en riesgo alto de colapsar y 67 en riesgo alto.1 Por mi operación, no pude ayudar, como mi generación, organizando centros de acopio, o en las zonas más afectadas. Eventualmente me uní a las brigadas culturales de la UNAM. Así que decidí crear un grupo para damnificados en Facebook, sin saber que así cambiaría mi vida, al organizarme de otra manera vital, entre damnificados, que a un año del sismo, seguimos sin hogar.

Ilustración: Patricio Betteo

Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc

La etapa de emergencia pasó, pero los damnificados pasamos cada día fuera de nuestros inmuebles, esperando que alguna autoridad pudiera explicarnos qué hacer, y cada noche, velando por nuestras pertenencias, en los inmuebles deshabitados y sin luz. Vi desfilar a muchas autoridades, de la delegación y la Ciudad de México, e incluso candidatos electorales. Sin embargo, como a muchos de los inmuebles vecinos, a pesar de haber acudido a una decena de expertos, nos costó mucho trabajo obtener la certeza jurídica de un dictamen que explicara el nivel de riesgo que representaban los daños, y a partir de ahí, buscar recuperar nuestros hogares. No había coordinación entre niveles de gobierno, ni dependencias, ni una claridad en los procesos para cancelar hipotecas, ser indemnizados por los seguros, dejar de pagar la luz y el predial, acceder al apoyo para rentas, proceder a una demolición, etc.

Fue en este contexto que algunos damnificados decidimos formar en noviembre de 2017 el grupo de Damnificados Unidos de Benito Juárez, buscando inicialmente respuestas a nivel local. Sin embargo, esta delegación no atendió nuestras solicitudes para dictaminar los inmuebles faltantes, realizar estudios del subsuelo en nuestras colonias, ni ofreció acceso a recursos públicos para obras de rehabilitación o reconstrucción, siendo que había recibido 324.3 millones adicionales, a partir del 19-S. Decidió orientar 182.7 millones en algunas demoliciones, retiro de escombros, reparaciones de la vía pública y mantenimiento a edificios públicos afectados. También gastó 141.6 millones en gasto corriente, como refacciones de computadoras, tóner, papelería, productos de limpieza, aceite, artículos deportivos, llantas, letras monumentales, etc., en un momento en que las prioridades debieron quizá ser otras. Diseñó un programa para reconstrucción con capital privado, pero no resultó ser una solución para muchos. En mi caso, la constructora que ofreció apoyar realizando estudios estructurales que dictaminarían el destino de mi edificio, GDC Desarrollos, se retractó sin dar explicaciones.

A nivel Ciudad de México, se estaba gestando la respuesta del gobierno, con una Ley para la Reconstrucción, una Comisión para la Reconstrucción, un presupuesto en 2018 de 8,772 millones para reconstrucción, y la actualización de las normas de construcción. Así, con mi grupo de damnificados buscamos soluciones con el gobierno de la Ciudad de México. No obstante, no fuimos recibidos nunca por Miguel Ángel Mancera. Lo avanzando con el anterior Comisionado Ricardo Becerra quedó suspendido cuando renunció, junto con los subcomisionados Mauricio Merino y Katia D’Artigues, por el mal uso de los recursos. Esta inmolación valió para regresarle la facultad de autorización de los recursos, de la Asamblea Legislativa a la Secretaría de Finanzas, en base a los planes de acción de la Comisión.

Desde entonces, Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, que actualmente reúne 60 inmuebles en ocho delegaciones, donde vivimos cerca de cuatro mil personas, seguimos luchando por concluir la dictaminación de nuestros inmuebles y llegar a soluciones para reconstruir y rehabilitar nuestros hogares, sin créditos, ni redensificación2 (una política que representa un riesgo financiero, pero sobre todo, puede tener implicaciones nocivas para la ciudad, sobre todo en términos de la sobrexplotación del agua). Al mismo tiempo, buscamos contribuir a una política de reconstrucción, centrada en las personas, bajo los principios de equidad, justicia, y no discriminación, en beneficio de todos los damnificados de la ciudad, para recuperar los derechos a la vivienda, seguridad urbana y protección civil.

Hemos preferido dialogar y trabajar conjuntamente, pero no fue hasta que bloqueamos Insurgentes y Xola en mayo pasado, que logramos restablecer mesas de trabajo con el actual Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí, y funcionarios de otras dependencias, donde hemos avanzando en la dictaminación y acceso a recursos para los inmuebles a rehabilitar. Sin embargo, sigue pendiente la reconstrucción de inmuebles .

La reconstrucción de vivienda no fue una prioridad, ni para el legislativo, ni para el ejecutivo. El gobierno tardó nueve meses en crear un fideicomiso para la reconstrucción y rehabilitación de multifamiliares (excluyendo la vivienda unifamiliar y comercios). Personalmente presenté una iniciativa ciudadana para que todo lo disponible en el presupuesto 2018 fuera direccionado a este fideicomiso, la cual fue suscrita por los diputados Dunia Ludlow, César Cravioto y José Alfonso Suárez del Real. Sin embargo, las reglas actuales del fideicomiso dejarían a la mitad de camino a muchos inmuebles, además de no contar con mecanismos de fiscalización social.

Así que buscamos trabajar desde junio con el actual Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, para crear y aprobar una iniciativa que destine 1,090 millones al Instituto de Vivienda, la única agencia gubernamental que puede construir, y en menos de un año. La iniciativa no se  discutió por la Asamblea Legislativa, como prometió el  Presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, con quien dialogamos durante tres mese . Esperamos que el primer Congreso de la Ciudad de México logre reasignar los recursos todavía disponibles a la reconstrucción de vivienda de damnificados. 

Nosotrxs, #ReconstrucciónTransparente

También me uní al movimiento Nosotrxs, coordinado por Mauricio Merino, para formar el colectivo #ReconstrucciónTransparente, que busca exigir la transparencia de los recursos, la priorización de las necesidades de reconstrucción y la creación de mecanismos anticorrupción. Nosotrxs abogó por un Fondo Único de Reconstrucción que permitiera el seguimiento de los recursos. Sin embargo, aunque éste se contempló en la Ley para la Reconstrucción, se siguieron etiquetando recursos a dependencias, haciendo más difícil la transparencia sobre su destino.

Una primera investigación dio cuenta de 43 solicitudes a la Secretaría de Finanzas, para asignar recursos de 2018 a dependencias y delegaciones, sin base a prioridades justificadas por la Comisión de Reconstrucción, y sin destinarse en muchos casos a tareas de reconstrucción o atención a damnificados. Una segunda investigación explicó que a mediados del ciclo fiscal, la Secretaría de Finanzas informó que de los 6,017 millones aprobados en los planes de acción por la Comisión para la Reconstrucción sólo podía verificarse el ejercicio de 4.5% (286.3 millones). A la fecha, seguimos sin conocer el ejercicio del gasto de 2018. El gobierno ha decidido inyectar 2,500 millones adicionales al Fideicomiso de Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda, sin mejorar sus reglas de operación, ni transparentar lo antes aprobado en el presupuesto 2018.

A un año del sismo, miles de damnificados perdimos nuestro hogar y no tenemos aún certeza jurídica ni acceso a recursos. El censo no está concluido. Oficialmente se cuentan 1,070 inmuebles afectados con diferentes niveles de daño (ver nota 1), aunque sabemos que muchos más inmuebles no están contabilizados en este listado. El objetivo no es sólo un buen conteo y atención a quienes lo necesitan, sino también la identificación y mitigación del riesgo para todos los ciudadanos. Por ello, el 19-S es de una naturaleza pública, y la reconstrucción de la vivienda un problema social por atender.

Los miles de damnificados que perdimos nuestro hogar, pensamos y nos movemos por ello desde hace un año. Vivimos entre la angustia, desesperación, estrés, dolor y abandono. Muchos seguimos arriesgando nuestras vidas viviendo en los inmuebles dañados, porque no tenemos a dónde ir. Hemos dejado de trabajar por dedicarnos a la reconstrucción de nuestras viviendas, y no hemos podido normalizar nuestras vidas. Entre lo más difícil está la invisibilidad, de autoridades que sólo prometen, pero también a ojos de la sociedad civil que alguna vez nos tendió la mano. Las elecciones fueron más importantes, y no sólo la atención se desvió, sino posiblemente también los recursos para la reconstrucción. Hoy requerimos la presión de la sociedad civil para exigir a las actuales y entrantes autoridades poner a la ciudad de pie.

 

Vania Salgado


1 Información solicitada ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, y obtenida el 28 de agosto de 2018, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2 Esta política, plasmada en la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México, vislumbra el aumento de hasta 35% de las viviendas, niveles o metros cuadrados de construcción originales, en un inmueble multifamiliar afectado por el 19-S. La constructora, y propietarios que ponen el terreno como colateral, solicitan un crédito para financiar el proyecto. Lo adicional se vende a precio de mercado, al ciudadano común y corriente.