“En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. «Seguro que fue un sueño —insistían los oficiales—. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz».

El texto citado que describe al Macondo del surrealismo mágico de García Márquez, vale para esbozar la grave crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde el día 18 de abril, fecha en la que se extendieron las protestas lideradas por estudiantes universitarios y jubilados, en respuesta al decreto presidencial sobre la reforma del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social que establecía un aumento en las cotizaciones patronales y laborales, y una reducción del 5% de las pensiones de los jubilados, en una población empobrecida que recibe como media, una pensión que oscila entre 60 y 155 dólares al mes.

Recuerdo cómo llegaron las primeras noticias de lo que sería el despertar de un pueblo, que venía siendo objeto de una ola de agravios provocados por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa —además de vicepresidenta— Rosario Murillo, que se ha caracterizado por políticas de supresión del marco institucional, corrupción, el desmantelamiento de la oposición y altos niveles de impunidad.

Por lo pronto, dentro de esa avalancha de impunidades, me vienen a la mente: la invasión de tierras indígenas en la reserva de la biósfera Bosawás en 2013; la masacre de la familia de las Jagüitas a manos de miembros de la policía nacional en 2015, la represión de las protestas de los campesinos afectados por la construcción del canal interoceánico en 2016; la violencia generada tras las elecciones de 2016 y 2017; y las protestas de inicios de abril tras la ineficiente respuesta del gobierno frente a los incendios forestales en la reserva biológica Indio Maíz.

Ilustración: Patricio Betteo

A más de 2,000 kilómetros de mi tierra, pensé que la situación no pasaría a más, pero afortunada o desafortunadamente estaba equivocada. Afortunadamente porque la historia que les voy a relatar demuestra la dignidad y valentía del pueblo nicaragüense, que armado únicamente con la bandera “azul y blanco” ha sabido mantenerse firme frente a las más cruentas barbaries perpetradas por quienes deberían brindarnos protección y seguridad. Desafortunadamente, porque a partir del 18 de abril nuestra tierra ha vuelto a teñirse con sangre de hermanos.

Frente a las protestas cívicas y pacíficas, el gobierno rápidamente respondió de manera absurda, utilizando “fuerzas de choque”, en un primer momento, por parte de la autodenominada Juventud Sandinista, y a partir del 19 de abril, entraron en escena elementos armados progubernamentales, a los que el presidente ha bautizado como “policías voluntarios”, los que dotados de armas de guerra recorrían las principales ciudades del país, bajo el resguardo de la Policía Nacional, acechando e intimidando a la población.

 A dicha horda se sumaron los francotiradores que, con el más profundo desprecio por la vida, utilizaron fusiles de guerra para disparar al pecho, cuello y cabeza de los manifestantes.

Una de las primeras víctimas de la represión fue Alvarito Conrado, un joven de 15 años de edad, estudiante de secundaria, quien recibió un disparo en el cuello cuando repartía agua a los manifestantes atrincherados en una de las Universidad Públicas de la capital ¿Quién podría olvidar la imagen de este niño agonizando? Sí, la imagen de un niño con enormes gafas, a quien su madre describe como ejemplar, y que herido de muerte solo podía balbucear que le dolía respirar.

Alvarito falleció horas después al habérsele negado la asistencia médica en un hospital público, en cumplimiento de la directriz del Ministerio de Salud de no atender a quienes participen en las protestas. Debiendo agregar, que los médicos que se han negado a cumplir tal orden han sido objeto de despidos y persecución, algunos incluso han tenido que salir al exilio, cual si fuesen delincuentes.

El presidente Ortega decidió censurar los medios de comunicación no oficialistas, que en Nicaragua son una escasa minoría, a fin de que no se difundieran las imágenes de la masacre que se estaba cometiendo, pero pronto se dio cuenta que esa medida iba a resultar insuficiente ante el uso masivo de las redes sociales.

 Por suerte, hoy contamos con esos medios para transmitir imágenes, videos en vivo o para convocar las manifestaciones de los ciudadanos, que se han denominado como autoconvocados, término que hace referencia a la ausencia de caudillos o líderes visibles.

Una de las escenas más desgarradoras se produjo el día 16 de junio, cuando seis miembros de una familia, incluyendo dos niños, fueron quemados vivos por la Policía Nacional y elementos paramilitares, como represalia por no haber permitido que los francotiradores utilizaran su tejado para asesinar al pueblo. El gobierno y los medios oficialistas insisten en negar este hecho, pero todo consta en un video que se hizo viral en las redes sociales.

En las primeras semanas de julio se llevó a cabo la “operación limpieza” con la finalidad de levantar, a cualquier costo, los tranques y barricadas que servían de escudo a la población. En esta fase, asistimos alarmados a los tiroteos llevados a cabo por elementos paramilitares en contra de una población civil desarmada.

Y cuando pensé que lo había visto todo, el gobierno decidió poner en marcha lo que se ha venido a denominar como “persecución selectiva” de líderes universitarios, campesinos, defensores de derechos humanos y de todo aquel que de alguna manera hubiera participado en las manifestaciones antigubernamentales. Para ello se sacó de la manga la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de dos leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo, leyes que están siendo aplicadas retroactivamente para juzgar a las personas que se han manifestado cívicamente en contra del gobierno.

Esta normativa hecha a la medida, castiga con penas de 15 a 20 años de prisión “a quienes realicen actos terroristas o coadyuven al financiamiento de los mismos”, en una demente conceptualización del tipo penal. Lo que en pocas palabras se traduce en una nueva forma de amedrentar a la población, y más grave aún “en la criminalización del ejercicio del derecho constitucional de manifestación”.

La situación de Nicaragua es realmente desgarradora, la población cada día se siente más acorralada psicológica, social y económicamente, en un país que se ha convertido en un desierto a partir del toque de queda de las 6 de la tarde, y en el que te sientes inseguro incluso dentro de tu misma casa porque no se sabe si por manifestar alguna opinión crítica al régimen, te detengan y procesen arbitrariamente.

Esta es la historia de quienes hoy están siendo enjuiciados, sin las más mínimas garantías, por una serie de delitos que van desde “la tentativa de homicidio hasta el terrorismo”. Esta es la historia de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, del líder estudiantil Edwin Carcache y de aproximadamente 600 nicaragüenses más que aguardan la “justicia” bajo torturas y vejaciones inhumanas. A tal punto ha llegado la situación, que hoy en Nicaragua es terrorista el acto de soltar globos con los colores de la bandera nacional “azul y blanco”.

A cinco meses del inicio de la represión, se contabilizan alrededor de 512 muertos, y no es tan solo una cifra, son más de 500 personas que han sido privadas del más elemental derecho que consagra nuestra Constitución ¡En un país pequeño de seis millones de habitantes! A esto se suman más de 4,000 heridos y 1303 desaparecidos.

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha responsabilizado al gobierno de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, obstrucción a la atención médica, entre otras violaciones a los derechos humanos.

La pareja presidencial sigue repitiendo la retórica de que se trata de actos vandálicos promovidos “por plagas” o “minúsculos” que quieren ejecutar un golpe de Estado auspiciado por los Estados Unidos de América. Repiten incesantemente que se trata de un cuento y que los muertos son producto de la imaginación.

Quizá de tanto repetirlo, ellos mismos han llegado a creer que Nicaragua está normal y no se dan cuenta que, para la mayor parte de los nicaragüenses y para la Comunidad Internacional, han perdido todo tipo de legitimidad.

Ante este panorama, y sin ánimo de especular, parece que no es previsible un retiro inmediato del régimen de Ortega, quizá la única vía que nos queda es adelantar las elecciones -que están previstas para marzo del 2021-, no obstante, eso exige una serie de reformas que garanticen que dicho proceso sea realmente libre y competitivo.

Mientras tanto, se hace inminente evitar que la Nicaragua de Alvarito Conrado deje de respirar.

Wendy M. Jarquín Orozco
Nicaragüense y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha.