El 8 de octubre el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC en inglés) presentó el Reporte Especial de 1.5°C (SR1.5) el cual, retomando el compromiso del Acuerdo de París del 2015, presenta una evaluación de las consecuencias y los impactos del incremento de la temperatura promedio global en 1.5°C para finales del presente siglo. Además de reiterar las condiciones adversas que han resultado del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que han elevado la temperatura promedio global en 1°C dese comienzos del desarrollo de la economía industrializada hasta la fecha (1850-2013), el reporte demuestra como el incremento adicional de 0.5 y 1°C para finales del presente siglo, podría tener consecuencias catastróficas: Se perderán parte importante de los arrecifes de coral, millones de personas serán desplazadas por el incremento del nivel del mar, mientras que la producción de alimentos y la disponibilidad de agua se verán seriamente afectados.

Durante la Conferencia de las Partes (COP 21) en París en 2015, la presión de llegar a un acuerdo después de 21 años de negociaciones internacionales con pocos resultados, terminó en la adopción del Acuerdo de París, en el cual 189 países se comprometieron a limitar el incremento de la temperatura media global en 2°C para finales del presente siglo, con miras a limitar el incremento en 1.5°C. El límite de los 2°C, el cual se presentó como un límite ‘adecuado’ por las naciones industrializadas y en vías de desarrollo, ya que permitiría mantener ciertos patrones como el crecimiento económico y la explotación de hidrocarburos y eliminarlos progresivamente. Sin embargo, el umbral de 2°C fue seriamente cuestionado por países menos desarrollados y altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. El límite suponía que, mientras los países desarrollados y en vías de desarrollo mantendrían el crecimiento de su economía, los países insulares desaparecían del mapa y otros se verían seriamente afectados or sequías, inundaciones y huracanes.

El reporte especial del IPCC busca entonces eliminar la incertidumbre política en torno al incremento de la temperatura al respaldar el umbral de 1.5°C con suficiente evidencia científica. Sin embargo, pese a lo que se suponía anteriormente, las predicciones del calentamiento, incluso en 1.5°C, es decir, la diferencia de apenas medio grado centígrado para finales del presente siglo puede ser la diferencia necesaria para garantizar una calidad de vida a millones de personas, la conservación de casi la mitad de las especies amenazadas en un incremento de 2°C y reducir drásticamente los costos asociados para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas en el futuro.

Ilustración: Víctor Solís

Los escenarios del reporte presentan una visión funesta, particularmente al considerar el estado de la situación actual. En un escenario en donde todo permanece constante, el calentamiento del planeta se incrementa en aproximadamente 0.2°C por década, lo que quiere decir que, de no hacer nada, el limite del 1.5°C se sobrepasará tan pronto como en el año 2040. Para alinearse con las estimaciones del SR1.5, los países deberán reducir ‘rápida, drástica y eficientemente’ sus emisiones. Esta reducción debe acelerarse los suficiente como para que en el año 2020 el mundo alcance un pico y mantenga la pendiente en declive para alcanzar una reducción de alrededor de la mitad de las emisiones actuales en el año 2030 y un punto cero entre el 2040 y el 2055. Sin embargo, los compromisos de reducción de emisiones que se han presentado ante la ONU hasta el momento suponen el incremento de la temperatura de entre 2.7 a 3.2 grados para finales del presente siglo.

Si consideramos que las emisiones actuales son de alrededor de 43 mil millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e), el total de emisiones, o el presupuesto de carbono  que resta para cumplir con los limites del 1.5°C es de entre 566 y 420 GtCO2e. Este presupuesto establece una probabilidad del 50% y el 66% respectivamente, de cumplir con el límite del incremento de temperatura de 1.5°C para el año 2100. En este sentido, las emisiones deberían reducirse entre 17 y 22 GtCO2e anualmente durante los próximos 12 años, para que los efectos acumulativos de las emisiones de GEI en la atmósfera no superen los 1.5°C para finales del presente siglo. Para poner lo anterior en perspectiva, los Estados Unidos y China emiten a la atmósfera alrededor de 7 y 12 GTCO2e al año respectivamente, por lo que la brecha de reducción implicaría reducir anualmente lo equivalente a las emisiones de estos dos países antes del 2030.

Este escenario supone que las probabilidades de limitar el incremento de la temperatura 1.5°C son bajas. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), en un escenario con un umbral de 2°C, al menos el 80% de los hidrocarburos deberían permanecer en el subsuelo. Para alcanzar un límite de 1.5°C, el porcentaje de hidrocarburos se incrementa al 85 o 90%. El reto es entonces muy grande, pues supone fuertes costos económicos y políticos, que al menos en la actualidad, pocos gobiernos han asumido o parecen estar dispuestos a asumir. Esto se suma a la ola de movimientos conservadores en Estados Unidos, Europa y América Latina que han sistemáticamente debilitado las políticas del cambio climático.

Lo anterior ha resultado en una condición aparentemente paradójica en donde los efectos del cambio climático son cada vez más tangibles, mientras que las políticas adoptadas por gobiernos al rededor del mundo tienden a alejarse cada vez más de las acciones necesarias para limitar el incremento de la temperatura: En Estados Unidos el presidente Donald Trump elimina impunemente las restricciones para la extracción de recursos en áreas protegidas y acelera la explotación de hidrocarburos mientras visita estados devastados por huracanes y tormentas tropicales cada vez más grandes y potentes como Puerto Rico, Texas, Florida y Carolina del Norte. En países como Brazil, el candidato con la ventaja electoral, amenaza con reducir las restricciones de explotación en el Amazonas y revertir las políticas y avances en materia de cambio climático.

Mientras tanto, en México, las presiones por integrar tecnologías de extracción de hidrocarburos no convencionales como el fracking se incrementan a pesar de los altos impactos sociales, ambientales y económicos que está tecnología ha probado tener en otros países. Asimismo, el nuevo gobierno ha anunciado en repetidas ocaciones el desarrollo de grandes obras de infraestructura como la construcción de dos nuevas refinerías aunadas a la propuesta de incrementar la explotación de hidrocarburos durante los próximos seis años, propuestas que no harán más que abonar al incremento de las emisiones de GEI y consecuentemente agravar el problema del cambio climático.

Esta situación paradójica, no sólo supone el incremento de las emisiones en el corto plazo, sino que encadena al país a la continua dependencia de los combustibles fósiles. La construcción de nuevas refinerías supone que tendremos que continuar produciendo y consumiendo gasolina durante décadas para justificar su construcción y costo, lo que significará un retraso importante en la necesaria transición energética hacia el uso de energías renovables. Asimismo, esta visión de obtener un beneficio en el corto plazo sin considerar los impactos en el futuro permite deslindar la violencia implícita que supone la extracción de hidrocarburos y el consumo intensivo de combustibles fósiles para las generaciones futuras, quienes no podrán beneficiarse de la quema de estos combustibles y que tendrán que experimentar, sufrir y adaptarse a las consecuencias del incremento de dos, tres o hasta cuatro grados centígrados adicionales en el futuro.

¿Qué tan viable es entonces, adecuarse a un escenario de 1.5°C? Aseveraciones que afirman que el costo de atender el límite de 1.5°C sería económicamente inviable o incluso catastrófico, omiten mencionar dos condiciones fundamentales: La primera es que mantener el crecimiento económico no ha arrojado un beneficio social colectivo necesario para, por ejemplo, reducir la desigualdad. De acuerdo con un estudio ‘las ineficiencias de la desigualdad’ la CEPAL apunta a que en México los recursos de las 10 personas más ricas equivalían al total de ingresos de 50 por ciento de los más pobres, es decir, de casi 60 millones de personas. Y mientras en 2002 la fortuna de los cuatro mexicanos más ricos representaba dos por ciento del producto interno bruto (PIB), para 2014 ascendió a nueve por ciento, condición que se replica a nivel mundial: Oxfam apuntaba en 2017 a que la riqueza de los 8 hombres más ricos equivalía a la riqueza acumulada por la mitad de la población mundial.

Lo anterior no sólo es un llamado de atención a la inutilidad de mantener un crecimiento  económico sin una política distributiva adecuada, sino de los costos climáticos que supone hacerlo. El economista ecológico Herman Daly apuntaba a este punto cuando en su artículo “Economía en un mundo completo” en 2005, decía que mantener el crecimiento económico después de rebasar ciertos límites sociales y ambientales puede hacernos más pobres en vez de ricos al propiciar la degradación de recursos no renovables y exacerbar problemas como el cambio climático, actividades que, por cierto, abonan al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El segundo punto a considerar es la idea de que limitar el incremento de la temperatura llevará a un aumento de la pobreza, es decir, que la desaceleración en económica implícita en el límite de 1.5° tendría consecuencias negativas que afectarían desproporcionadamente a las poblaciones más pobres. Justificar el incremento de la temperatura como una consecuencia necesaria para mantener el crecimiento de la economía y consecuentemente la reducción de la pobreza no sólo no esta respaldado por la evidencia, como se mencionó en el párrafo anterior, sino que apunta a que exacerbar el cambio climático aumentaría aún más los índices de desigualdad y pobreza a nivel mundial.

Los países más vulnerables al cambio climático son los países que, irónicamente, no son  responsables de haber causado el problema. La mayoría de estos países se encuentran en el hemisferio Sur del planeta y son aquellos que se encuentran en vías de desarrollo o que son los menos desarrollados. Países insulares, costeros y con actividades productivas basadas en la pesca o la agricultura, por ejemplo, experimentaran de forma desigual los impactos negativos del cambio climático a diferencia de los países del norte. Asimismo, la escasez de agua y alimentos, el incremento del nivel del mal, las olas de calor y otros fenómenos a los que apunta el reporte del IPCC, pueden significar la movilización y desplazamiento forzado de millones de personas a nivel mundial.

En México la vulnerabilidad al cambio climático es igualmente preocupante: el 15% del territorio, el 69% de la economía y el 71% de la población son vulnerables a los efectos de este fenómeno. Por lo que incrementar la temperatura a finales del presente siglo entre dos y cuatro grados supondría poner en riesgo nuestra propia supervivencia. Lo anterior no sólo demuestra la urgencia con la que debemos acelerar la reducción de nuestras emisiones, sino la clara necesidad de hacerlo lo antes posible. El reporte de la Economía del Cambio Climático de Nicholas Stern en 2006 apuntaba a lo anterior cuando calculaba el costo de atender el cambio climático en el presente frente a los costos de hacerlo en el futuro. De acuerdo con el Reporte Stern, atender los costos del cambio climático en 2008 costaría cerca del 1% o el 2% del PIB global, mientras que postergar las acciones incrementaría el costo en hasta el 20% en las siguientes décadas.

Acelerar los esfuerzos para cumplir con el presupuesto de carbono que establece el reporte del IPCC significa cambios importantes en la forma en la que se diseña la política climática de México. Es imperativo que la siguiente administración (2019-2024) incorpore el tema como una agenda prioritaria, asegure que el proceso de transición energética sea justo y eficiente y reduzca de manera acelerada el consumo de combustibles fósiles. De lo contrario, es decir, de continuar con la construcción de grandes obras de infraestructura, aunadas a la extracción de hidrocarburos, la nueva administración profundizará la dependencia en el uso de combustibles fósiles y contribuirá a poner en riesgo la integridad, salud y bienestar de personas, ecosistemas y especies a nivel mundial.

 

Carlos Tornel
Profesor asociado al departamento de estudios de sustentabilidad y del departamento de estudios internacionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México