En el otoño de 2012, Alan Bersin, el entonces comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. dijo en una reunión de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos: “La frontera de Guatemala con Chiapas es ahora nuestra frontera sur”.1 En el discurso hizo hincapié en la importancia de que ambos países trabajaran en conjunto para regular el paso de Centroamérica hacia el norte del continente. Dos años más tarde, alrededor de 60,000 niños indocumentados provenientes de esta región llegaron por cuenta propia a Estados Unidos. Esto puso a la administración de Barack Obama en el foco de atención y el presidente reaccionó instando al Congreso para tomar acción ante esta problemática.2

En medio de estos dos hechos, un fenómeno que llevaba años dándose clandestinamente, se convirtió en el blanco de la prensa internacional y fue filtrándose al imaginario colectivo por medio de imágenes crípticas que con dificultad podían contextualizarse de manera integral. Circulaba a través de escenas con vagones cubiertos en su totalidad de personas de todas las edades, comunidades completas desplazándose por un flujo lineal que en ocasiones se veía rodeado de selvas espesas y en otras de planicies áridas; al tren, en sus múltiples apariciones lo anunciaban como “La Bestia” y con menos frecuencia, como “El tren de la muerte”. Bajo estos encabezados, lo describían en términos generales, como un medio utilizado a espaldas de la ley mexicana para llegar a Estados Unidos.

Ante la presión mediática que esto significó para las instancias gubernamentales encargadas de atender asuntos migratorios en México, el gobierno se hizo “presente” y lanzo el Programa Frontera Sur. Éste se hizo público en el Diario Oficial de la Federación y se presentó ante la prensa como una plan que, a partir de cinco ejes, buscaría proteger los derechos humanos de la población inmigrante —que para entonces ya constituía un sector considerable— y traería seguridad y desarrollo a los estados próximos a la frontera sur.

Ya en marcha, se hizo evidente que la iniciativa había nacido en el Congreso estadounidense, quien la estaba financiando parcialmente con el presupuesto destinado a la Iniciativa Mérida —acuerdo bilateral firmado en el 2007—. En un estudio minucioso de sus líneas de acción, era previsible que detrás de su aparente pretensión altruista, se desenvolvía una estrategia para implementar coacción en los espacios utilizados por los inmigrantes mediante infraestructuras de control. El Programa Frontera Sur escondería una crisis migratoria que llevaba años en curso y buscaría apoderarse de las vías de flujo delimitadas por los inmigrantes para borrar su rastro y dejar su propia huella, una que simulaba orden y estabilidad pero que en realidad entraría en conflicto con territorios que llevaban años ya siendo distintos.

Ilustración: Víctor Solís

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En la década de los 80, Centroamérica era un cruento paisaje. Países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua se hundieron en conflictos internos, en parte provocados por intereses geopolíticos enraizados en la Guerra Fría. La militarización de zonas estratégicas —algunas financiadas por Estados Unidos y otras por la URSS— dejó desastres catastróficos y detonó la emigración de miles de personas.

Hacia los 90, los estragos de esta aguda crisis se tradujeron en miseria y ambientes de crimen y violencia extrema que se mostraron con mayor intensidad en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esta inestabilidad y la unificación que perseguían muchos de los centroamericanos cuyos familiares ya habían huido de sus países, provocó la salida de descontrolada de poblaciones que residían en esta región y al poco tiempo, se triplicó la presencia de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.

En diciembre de 1994, el TLCAN entró en vigor presuponiendo un nuevo bloque comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que permitiera el libre tránsito de mercancías y redujera costos de importación entre los tres países. Dentro del tratado, se propuso la creación de un corredor comercial que uniera a los tres países por carreteras y vías de tren llamado CANAMEX. Las deficiencias en el sistema ferroviario en México, su fragmentación a nivel operativo y la dificultad para mantenerlo orillaron al presidente Ernesto Zedillo a privatizarlo y destinar todas las líneas —incluyendo a las que transportaban pasajeros— únicamente a carga de mercancía.

Para 1997, ocho distintas empresas dedicadas al transporte de carga, algunas mexicanas y otras estadounidenses, compraron concesiones del gobierno para operar fracciones de las vías del tren, reacondicionarlas y así unificar el sistema ferroviario. Algunas de éstas eran pequeñas ramificaciones que conectaban a puertos y ciudades industriales con un flujo principal que se orientaba en el sentido norte-sur. En esencia, al rehabilitar el sistema ferroviario y echar a andar trenes de carga en él, se estaba articulando una circulación que iba de punto “A” a punto “B”, de la frontera sur a la frontera norte del país.

Mientras esto ocurría, aquellos que cruzaban la frontera sur huyendo de sus respectivos entornos, encontraban cada vez más difícil el viajar por el país, y ser identificados implicaba un riesgo cada vez mayor. Por su conexión directa con la colindancia norte, estas multitudes vieron en los trenes recién activados, un medio estratégico para desplazarse y echar raíces en nuevos sitios. Las vías se extendían por zonas remotas que estaban desprovistas de vigilancia, por lo que quien circulara por ahí, lo haría anónimamente y sin necesidad de pasar por ningún filtro. Estar en el tren, suponía permanecer en un margen donde se podía eludir la participación en los mecanismos oficiales de reconocimiento que impone el gobierno mexicano.

Debido a que estos vagones ya sólo alojaban mercancía, los migrantes se vieron obligados a viajar sobre sus cubiertas, montándose precariamente en ellas y sosteniéndose de elementos salientes. La propia arquitectura de los trenes definió formas de organización espacial que pretendía darles ventaja a algunos sobre otros. Lo que desde un inició incitó esta ocupación informal son metas y esperanzas de vivir fuera de un abismo y comenzar de nuevo, de fondo, existe el riesgo implícito de caer del tren a causa de algún movimiento abrupto. El tren se ha convertido en términos abstractos un arma de doble filo: llamativo y poderoso por representar para quien fuera la posibilidad de un futuro mejor, pero agresivo y salvaje a la vez, como una bestia feroz capaz de ponerle fin a miles de vidas.

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Con el paso de tiempo se ha fijado una serie de rutas por las que los migrantes circulan con mayor frecuencia. Dentro de ellas hay puntos en donde los trenes se detienen para cargar y descargar mercancía o para ser revisados y reparados en caso de presentar fallas técnicas. Esto obliga a los migrantes a cambiar de vehículos constantemente. El periodo de espera entre un viaje y otro puede tomar días por lo que la experiencia de sus tripulantes no se circunscribe únicamente a los vagones. Al alejarse de las vías del tren intermitentemente, entran a una nueva dimensión: el territorio contiguo a la línea que recorren.

La acumulación —a lo largo de más de 20 años— de interacciones entre las poblaciones flotantes que viajan sobre y alrededor de las rutas de La Bestia y los pueblos que las rodean, ha generado nuevas dinámicas en éstos. Para el 2013, se calculaba que casi medio millón de personas cruzaba la frontera sur de México anualmente3 y que cada tren de “La Bestia” llevaba entre 800 y 1,300 personas en su lomo.4 Para ese entonces, el flujo migratorio tenía ya una presencia material en los territorios en cuestión que cobraba forma en nuevas arquitecturas y paisajes modificados.

Los contornos de las rutas que las poblaciones indocumentadas usan en grandes concentraciones para dirigirse a Estados Unidos han ido constituyendo un territorio extraoficial ausente en el ideario colectivo. Al estar determinado por desplazamientos de personas que en términos legales —y metafóricos— no han ingresado al país, presenta condiciones similares a las de una región fronteriza.  Esta nueva geografía se encuentra constantemente reconfigurada por los gobiernos (nacional y extranjeros), las corporaciones ferroviarias, las organizaciones humanitarias, los grupos criminales y las comunidades locales. Por su parte, los límites administrativos preexistentes parecen jugar un papel simbólico y no uno real; los porosos puntos de cruce operan entonces como una suerte de escenografía que aparenta ordenar y controlar los ingresos a México.

En consecuencia, la frontera sur —que convencionalmente se cruzaría transversalmente— se convirtió en una frontera vertical distribuida, es decir, en un territorio fronterizo que se extiende y disemina más allá de su ubicación y confines oficiales, hacia adentro del país. Como núcleo de esta alteración, aparecen arquitecturas e infraestructuras que usualmente se encontrarían en inmediaciones de fronteras poco permeables y con tensiones políticas, distribuidas a los lados de los canales por donde los migrantes que vienen desde Centroamérica se desplazan.

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Un año después de que el Programa Frontera Sur entrara en acción, los medios de comunicación en todo el mundo anunciaban al unísono una crisis devastadora. Circulaba a través de imágenes de miles de familias y comunidades conglomerados en lanchas inflables que navegaban el Mar Mediterráneo. Los encabezados explicaban de forma concisa y clara de que se trataba y la cobertura en torno a ellas narraba a detalle sus causas y orígenes. Se trataba del flujo descontrolado de refugiados, solicitantes de asilo, y otros migrantes en condición de vulnerabilidad hacia países de la Unión Europea. La Agencia de la ONU para los Refugiados cerró el 2015 nombrándolo “El año de la crisis de refugiados en Europa”.5

En México, toda la infraestructura que agencias gubernamentales llevaban tiempo moldeando para obstaculizar el paso hacia el norte se iba perfeccionando. Gracias al Programa Frontera Sur, Estados Unidos había logrado que su vecino invirtiera sus energías en hacer el trabajo sucio para disminuir el flujo masivo que entraba a su país. Detrás de estas acciones, gran parte de los medios ignoraba la complejidad del fenómeno. Ni en México, ni en Estados Unidos, ni en el mundo se le daba a este panorama el peso —debido— de una crisis y se mantenía en silencio necesidad desesperada de refugio de cientos de miles de personas. La cobertura se quedaba corta para la magnitud de los eventos y éstos permanecieron desapercibidos en los territorios inhóspitos por donde los migrantes dejaban sus huellas.

En el 2016, Donald Trump fue elegido como presidente de Estados Unidos y al tomar las riendas del país, dejó una postura muy clara en torno a política exterior: cero tolerancia a la migración ilegal. Desde su campaña mostraba a través de una retórica separatista y xenófoba sus intenciones de marcar tajantemente el territorio que tendría bajo su dominio. Sostenía —ingenuamente— que lo haría con un muro que se levantaría por toda la extensión de la frontera oficial entre Estados Unidos y México para así cerrar por completo cualquier cruce no reconocido por su aparato legal. La supuesta consideración que tenía la administración anterior por los fenómenos relativos a la frontera sur de México quedaría sepultada bajo las aspiraciones ultranacionalistas del nuevo gobierno.

Ya en el 2018, Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad Nacional, declaró que los migrantes que tienen la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, deberían mejor buscar protección en México.6 A esto le siguió la intención de invitar —bajo presión— a México a firmar un acuerdo de “tercer país seguro“, que en esencia, permitiría a los funcionarios fronterizos de Estados Unidos rechazar a los solicitantes de refugio que han cruzado México para llegar a Estados Unidos, obligándolos a pedir ayuda al gobierno mexicano.7 La iniciativa ignora la normativa internacional en donde se establece que todas las personas tienen derecho a pedir refugio en el país que ellos consideren seguro.

El evidente rechazo a recibir migrantes indocumentados no sirvió para ahuyentarlos y el pasado 12 de octubre, un grupo de personas se reunió en San Pedro Sula —la segunda ciudad más importante de Honduras— para dirigirse hacia México. En el trayecto se les fueron uniendo más integrantes y para cuando alcanzaron Tecún Umán, el grupo sumaba cerca de 3,000 personas que se reunieron frente al cerco fronterizo en Guatemala, y lo vencieron. El contingente congestionó el Puente Rodolfo Robles y se dirigió vertiginosamente hacia el cruce oficial de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Pese a la resistencia aplicada por cientos de elementos de la policía federal (algunos de los cuales usaron gas lacrimógeno en respuesta), los migrantes consiguieron entrar al país y la extensa columna humana que se había formado en el camino comenzó a dejar su marca en México.

Esta caravana migrante no es la primera pero sí, por un margen muy alto, la más grande que se ha registrado. El récord ha logrado que la mirada de la prensa local e internacional se dirija hacia el fenómeno migratorio en México, alcanzando un revuelo mediático sin precedentes. El flujo que pasaba inadvertido por el Río Suchiate, bajo la infraestructura que une —y a la vez separa— a México y Guatemala, adquirió forma; se cristalizó en caras y cuerpos que ya no pueden ser ignorados y que representan sólo una gota del derrame que ha impulsado la crisis en Centroamérica. Aunado a esto, la cantidad de migrantes viajando juntos puso en evidencia el riesgo que significa para ellos el desplazarse por el país.

A la fecha, un número cercano a 7,000 migrantes que siguen la rutas ya delimitadas para llegar a la frontera norte, está cruzando el estado de Oaxaca. Hasta hoy el número de abusos y violaciones ha sido casi nulo, además las autoridades migratorias y agencias de seguridad han cedido a este flujo. Si esta masa llega exitosamente a su destino, establecerá la pauta a seguir para próximas poblaciones migrantes. En ese supuesto, ¿las futuras caravanas lograrán mantenerse impenetrables e inmunes a posibles formas de violencia? ¿El Estado seguirá buscando formas de coaccionar a estas comunidades?, ¿levantará nuevas infraestructuras para impedir flujos en zonas estratégicas?, ¿establecerá mecanismos de monitoreo distintos a los que hoy existen? Y como contraparte, ¿se adaptará la red de albergues a nuevos retos? ¿Los poblados de la ruta crearán condiciones de protección y acogimiento para los migrantes? ¿Emergerán nuevos establecimientos que respondan a su potencial como fuerza laboral?

Se aproximan a México dos caravanas más, una proveniente de Guatemala y otra de El Salvador. Algunas teorías señalan que estos desplazamientos están impulsados por intereses políticos específicos. Ninguna de ellas ha sido comprobada. Lo que es un hecho, es que el número de migrantes que llegue a la frontera de Estados Unidos será descomunal. Kevin McAleenan, el hoy comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU, anunció que pondrá en marcha la operación Faithful Patriot en la cual se enviarán 5,200 soldados y otros recursos militares a la frontera con México. La operación está orquestada por general de aviación Terrence O’Shaughnessy quien declaró en una rueda de prensa “Vamos a endurecer la frontera”.

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México está por cerrar su periodo de transición de gobierno; Estados Unidos acaba de tener sus elecciones legislativas. Ambos países tienen programado firmar junto a Canadá la nueva versión del TLCAN —el AEUMC— a finales de mes. Con esto en consideración, es difícil saber cómo se desenvolverán estos eventos y qué impacto tendrán en los territorios que toca. Algunos rumoran que el canciller Luis Videgaray cederá al acuerdo de “tercer país seguro” semanas antes de concluir su administración, poniendo en jaque al próximo gobierno.8 Por otro lado, Alfonso Durazo, el inminente Secretario de Seguridad Pública declaró tras una visita que hicieron al país miembros del gabinete de Donald Trump, que en su administración creará una policía fronteriza especializada.9 Preocupa que esta propuesta se trate de un simple reajuste al Plan Frontera Sur en donde la violencia y el control sobre las rutas de los migrantes se intensifiquen.

A pesar de que Estados Unidos ha amenazado con suspender la ayuda al Triángulo Norte de Centroamérica, la caravana no se ha detenido. El equipo Donald Trump tendría que entender que este apoyo no son simples acciones altruistas sino compensaciones por décadas de intervenciones oportunistas que han hundido a estos países. La gestión del presidente se ha basado en condicionar a países con los que Estados Unidos ha mantenido vínculos estrechos, al cortar éstos por completo, pone en riesgo una estabilidad que ha dependido de relaciones internacionales.

A México le toca mirar para atrás y entender su rol dentro de esta problemática. Es evidente que las autoridades migratorias y las compañías ferroviarias han sido conscientes del fenómeno de La Bestia por años. Atrás de su pasividad se habría escondido algunas tipo de beneficio, muy probablemente el de no tomar las riendas sobre un asunto complejísimo y abrumador que tarde o temprano tendría que afrontar. Existen los que dicen que no es asunto nuestro pero, ¿un país del que emigran miles de personas en busca de mejores oportunidades, no debería tener la apertura suficiente para entender los antecedentes de estos desplazamientos? Ojalá que las imágenes que se han visto de masas y masas de indocumentados, ya sin miedo a ser vistos, invite a dimensionar el fenómeno; no se trata de una partida común y corriente, lo que se vive día a día en las rutas que recorren estos migrantes, es un éxodo.

El país funge hoy como intermediario entre Centroamérica y Estados Unidos, como un eslabón moldeado por fuerzas de ambos bloques, a las que responde en ocasiones siendo más afín a su vecino norte y en otras a su vecino sur. Para muchos, cruzar nuestra frontera sur supone entrar a una vía en la que algunas veces hay que parar; México como país no sólo de tránsito, sino también de destino o de retorno. La frontera vertical distribuida ilustra cómo nuestras tierras han recibido a estos migrantes y en esta lectura se encuentran tanto arquitecturas diseñadas intencionalmente para contener y liberar ciertos flujos, como aquellas que surgen accidentalmente por medio de la organicidad del viaje. Este entorno construido es testimonio y evidencia a la vez. El devenir de este fenómeno, dará pie a nuevas manifestaciones que habrá que estudiar con atención. Todo parece indicar que la frontera vertical distribuida sigue —y seguirá— construyéndose.

 

Pedro Ceñal Murga
Licenciado en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Prácticas Críticas, Conceptuales y Curatoriales en Arquitectura por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es curador de “Sobre la línea: La frontera vertical distribuida”, exposición que se estará presentando en Proyector hasta el 25 de enero de 2018.  


1 Treviño, Marisa. 2018. “Our Southern Border Is Now With Guatemala”. Latina Lista: News From The Latinx Perspective.

2 Gustavo Valdes, Nick Valencia y Josh Levs. 2018. “Obama Vows Urgent Action As Children Flock Into U.S. Illegally – CNN”, CNN.

3Hechos Y Cifras (2014)”, 2018. Organización Internacional para las Migraciones.

4México: Las Rutas De Los Migrantes Que No Pueden Viajar En La Bestia”, 2018. BBC News Mundo.

5 Refugiados, Alto. 2018. “2015: El Año De La Crisis De Refugiados En Europa”, UNHCR.

6 Haltiwanger, John. 2018. “Meet Kirstjen Nielsen, The Homeland Security Chief At The Center Of The Controversy Over Family Separations At The US-Mexico Border”, Business Insider.

7 Fronteras, Por. 2018. “México, Tercer País ¿Seguro?”, Animal Político.

8 En los últimos días, alrededor de 1,700 migrantes en la caravana han solicitado refugio.

9 2018. “Contempla Durazo Creación De Policía Fronteriza Especializada”, Sdpnoticias.