Desde que AMLO lo pronunció para referirse a un conjunto de las organizaciones no gubernamentales de gran presencia pública, el término “sociedad civil fifí” ha generado un cúmulo de reacciones críticas, desde las que señalan que el mote muestra el rechazo del presidente electo a la participación ciudadana hasta quienes ven ahí el germen de un supuesto autoritarismo por parte de López Obrador.

A contracorriente de estas opiniones, mi intención es defender aquí la utilidad del calificativo, en primer lugar, porque considero que apunta a una situación real y problemática de la que hay que ocuparse y, en segundo lugar, porque creo que los beneficios que puede traer el debate actual sobre la “sociedad civil fifí” son mayores que sus hipotéticos perjuicios. Para demostrarlo, voy a enmarcar esta discusión en la teoría de la sociedad civil en general y en nuestra historia reciente en particular.

Ilustración: Víctor Solís

El riesgo de “colonización” de la sociedad civil

El trabajo de los sociólogos Jean Cohen y Andrew Arato1 puede ayudarnos a ver lo que está detrás de la discusión actual sobre la “sociedad civil fifí". En su obra clásica, estos investigadores plantean un esquema tripartito en el que la sociedad civil constituye una esfera de la vida social, distinta pero interrelacionada con otras dos, el mercado y el Estado.

Para Cohen y Arato, la sociedad civil tiene el potencial de ser un espacio desde donde puede expandirse la democracia, pero se encuentra constantemente amenazada por los intentos de colonización de las otras dos esferas. La capacidad para mantener su autonomía frente a estos embates del Estado y el mercado influirá en que en un contexto determinado exista una sociedad civil más o menos institucionalizada, más activa o pasiva, más colaborativa o confrontativa.

Tradicionalmente, la sociedad civil ha centrado sus esfuerzos en defenderse de la colonización del Estado (así ha ocurrido, por ejemplo, en las transiciones a la democracia desde regímenes autoritarios) pero a menudo ha olvidado las consecuencias negativas de la colonización económica, ante la cual se encuentra menos protegida. No es un riesgo menor: una sociedad civil sometida por la lógica del dinero anula lo que podría tener de positivo para el bien público (su potencial democratizador) y contribuye simplemente a la primacía de una élite (socioeconómica) sobre otra (política). En suma, sirve a los intereses de quienes ya dominan las instituciones privadas.

Creo que la sospecha de que en México ha ocurrido un proceso de colonización así es lo que está detrás de las críticas a la “sociedad civil fifí” y la existencia misma del término. Un repaso a la historia reciente lo ilustra mejor.

Volverse “fifí”: una historia de nuestra sociedad civil

Como señaló hace tiempo el profesor Fernando Escalante en un texto notable, pocas expresiones se usaron tanto en el fin de siglo pasado (y pocas fueron tan ambiguas) como la de “sociedad civil”. Fue un hallazgo repentino en México, ubicado usualmente tras el terremoto de 1985, pero que hizo fortuna durante la transición a la democracia: en esos años, el término se empleó para agrupar todo lo que no estaba “contaminado” por la política, un polo que aglutinaba las virtudes que se echaban de menos en el gobierno y los partidos. En la retórica antiestatista del momento, resumía Escalante, “ciudadanizar” significaba "purificar". Por si esto fuera poco, el concepto brindaba el soporte de la unanimidad: la sociedad civil era, por definición, “apartidista”.

El problema fue que una vez alcanzada la alternancia, esta idea comenzó a mostrar sus limitaciones: aunque en el discurso la sociedad civil seguía representando la “virtud”, cuando en la práctica esa misma sociedad se decidía a movilizarse y participar en la vida pública parecía bastante “incivil”, ya sea impidiendo la construcción de un aeropuerto en Atenco o levantando barricadas en el centro de Oaxaca.

Para una corriente de opinión, la respuesta a este cortocircuito no fue aceptar la composición heterogénea y plural de la sociedad civil sino persistir en la ilusión de homogeneidad “ciudadana”, aunque eso significase en los hechos reducir el número de quienes eran merecedores de tal nombre. Nuestra joven sociedad civil se volvió selectiva y restrictiva: si antes los políticos eran presentados como su opuesto, ahora también lo eran la mayoría de las organizaciones protagonistas de protestas y marchas, cuyos miembros fueron estigmatizados como “flojos”, “revoltosos” o “acarreados”. La representatividad de lo que se entendía como sociedad civil fue sacrificada en el altar de su supuesta pureza.

Digo supuesta porque, en la práctica, este filtro impuesto entre la sociedad civil “legítima" y los simples “rijosos" sirvió para que un conjunto de grupos de interés se apropiase del término e hiciera política con él, de forma no muy distinta a como critican que otros lo hacen con la idea de “pueblo”;, salvo que sin tener que someterse al examen de las urnas.

La consecuencia fue que un conjunto de organizaciones y personajes con claros vínculos con la “;sociedad económica” —y en algunos casos también con la “sociedad política”— fueran catalogados con más naturalidad como miembros de la sociedad civil que movimientos sociales con una larga tradición de lucha. Evidentemente, estos actores no agotaban la pluralidad de la sociedad mexicana ni su protagonismo hizo que quienes ya venían trabajando desde la esfera de la sociedad civil dejasen de hacerlo. El problema fue que estos grupos se erigieron como sus representantes y, en la práctica, funcionaron como tales (en la interlocución con el gobierno, en el acceso a medios de comunicación).

Como explica Antonio Martínez Velázquez, se formó una élite de organizaciones con vasos comunicantes con el poder político y económico. Dicho en otras palabras: abiertas a la colonización por las lógicas del poder y del dinero que señalan Cohen y Arato. Un conjunto de organizaciones especializadas, financiadas por empresarios y con acceso a los grandes medios  que desde la Ciudad de México parecían decir: “la sociedad civil soy yo”. A ello contribuyó que los intereses “humanos, demasiado humanos” de estas organizaciones o de quienes las financian —que tenían, como es natural, preferencias ideológicas o intereses de clase— fueran casi siempre un tema tabú, del que no convenía hablar: pese al camino recorrido, la idea de la pureza de la sociedad civil se mantuvo como herencia de la transición . La conciencia de esta situación es lo que explica el éxito del término "sociedad civil fifí".

Implicaciones del debate sobre la “sociedad civil fifí”

Por descontado, considero negativo que desde un gobierno se ataque a la sociedad civil o a parte de ella. Sin necesidad de retroceder a los tiempos del autoritarismo del PRI, tenemos multitud de experiencias en nuestro pasado inmediato que nos enseñan, como decía Maquiavelo, el camino del infierno para poder evitarlo. No me queda duda, tampoco, que esta élite de organizaciones civiles ha hecho contribuciones a nuestra vida pública.

Ahora bien, si referirnos a este conjunto de actores como “fifís” significa aceptar que en nuestro país la concepción hegemónica sobre lo es —y debe ser—la sociedad civil es sumamente restrictiva y que el término ha sido monopolizado por un pequeño grupo que se asume como su vocero, no debería ser motivo de escándalo. Si esta discusión nos obliga a abrir los ojos ante el hecho de que en México existe una sociedad civil que, en términos de acceso a recursos, exposición mediática y capacidad de influencia funciona prácticamente como una oligarquía, tendríamos que darle la bienvenida. Si debatir sobre la “sociedad civil fifí” nos permite reflexionar sobre lo problemático que resulta  que la élite de las organizaciones sociales tenga unos vínculos con el poder económico que bien podrían definirse como una colonización, es algo que habría que celebrar. La discusión por sí sola no hará que quienes financian a algunas de estas organizaciones sean sujetos a una mayor rendición de cuentas pero seguramente los presionará para hacer su agenda más transparente.

La sociedad civil y el gobierno de López Obrador

El triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales plantea nuevos desafíos a la sociedad civil. Algunas de las organizaciones y movimientos que hasta hoy permanecían en un segundo plano podrían tener en el gobierno a un potencial aliado: el reto de este conjunto de actores será mantener su autonomía frente al nuevo poder político. Por su parte, la “sociedad civil fifí” parece llamada a tener un importante papel como oposición o contrapeso del próximo gobierno. Sin embargo, para hacerlo tendrá primero que adaptarse a los tiempos: deberá aprender a verse como una parte más de un conjunto más amplio y heterogéneo de organizaciones y movimientos, estará obligada a repensar sus métodos y, finalmente, tendrá que habituarse a trabajar sin que se asuma por descontado su pureza.

 

César Morales Oyarvide


1 Sociedad civil y teoría política, México, FCE, 2002

2 En algunos casos, el proceso no ha sido muy distinto a lo que autores como Linsey McGoey han llamado “filantrocapitalismo”: un fenómeno que consiste en la creación de organizaciones filantrópicas por parte de millonarios para perseguir sus causas. Pese a que estas causas pueden ser loables, el problema con estas iniciativas privadas no es sólo la elusión de impuestos que usualmente implican sino sus posibles efectos nocivos en términos democráticos: por medio de su capital, capacidad de influencia y acceso a policy makers vulneran el principio de igualdad política sin estar sujetas a ningún tipo de rendición de cuentas.