Desde el proceso electoral federal hasta el espectáculo del ritual de toma de posesión del ejecutivo de este año, todas las señales auguran lo mismo: en México está de regreso el hiperpresidencialismo. La concentración del poder en la figura de la Presidencia de la República, el control legítimo sobre el poder ejecutivo, el dominio de partido en el poder en las dos cámaras, las intenciones por influir en las decisiones del poder judicial, muestran la presencia de un elefante morado en la sala. Si a ello se añade la propensión del nuevo presidente a denostar sistemáticamente a sus adversarios, a descalificar a organizaciones, medios y periodistas, y a las reacciones de adoración pública que diputados, senadores y muchos ciudadanos rinden al nuevo presidente, el escenario se despeja con claridad. Hemos ingresado a un escenario de retorno de un viejo conocido: el poder presidencial como ejercicio e instrumento que somete a otros y predomina entre los poderes públicos.

El fenómeno viene de lejos y del fondo. La estructuración de un poder presidencial fuerte se gestó por vez primera en el juarismo y se consolidó en la dictadura del porfiriato. Si algo le debe de sus años de aprendizaje político el General Porfirio Díaz a Don Benito Juárez fue una lección maestra: para poner en orden a una república convulsiva, desafiante y corrupta era indispensable un presidente fuerte, decidido a controlar a sus opositores a través del dominio del Congreso, de los jueces y de los poderes locales distribuidos indistintamente a lo largo del todo el territorio. Para ello habría que aliarse con grupos económicos y políticos clave, con sus líderes empresariales, hacendados y caciques locales, capaces de traducir sus intereses en orden político estable y duradero, funcionando en una lógica centralizadora y potente. Los orígenes decimonónicos del superpresidencialismo mexicano se resolvieron en la larga dictadura porfirista con la que amaneció el siglo XX mexicano.

Ilustración: Víctor Solís

Pero la Revolución mexicana de 1910-1917 significó la rebelión de aquellos que fueron excluidos sistemáticamente de los beneficios de un orden oligárquico y despótico basado en una economía agroexportadora. Campesinos y proletarios estallaron una bomba: una revolución armada aliados con los liderazgos de una clase media emergente inconforme con el porfiriato y con sus prácticas centralizadoras y represivas. Desde las regiones, el reclamo por el federalismo surgió en clave nostálgica: la aplicación puntual de la Constitución de 1857, que desde su perspectiva había sido abandonada por el régimen porfirista. El resultado de esas rebeliones y reclamos fue el movimiento revolucionario que terminó con el régimen porfirista y abrió los cauces a una nueva utopía mexicana, basada en un federalismo efectivo, un ambicioso programa de reformas sociales y económicas de gran envergadura, la exigencia de fundación de una verdadera democracia  basada en un orden político inclusivo, participativo y representativo.

Pero la sabiduría práctica y la experiencia de los jefes revolucionarios les indicaban que el camino hacia la utopía requería de recorrer y asegurar varias distopías indispensables. La promulgación de la Constitución de 1917 había sido posible por la hechura de batallas dominadas por balas, sangre y fuego. Para asegurar su implementación práctica, la traducción de un orden constitucional en un orden social, económico y político estable y legítimo requería de un instrumental metaconstitucional que había que imponer por la razón o por la fuerza. A lo largo de los años veinte, en medio de rebeliones locales, conflictos armados, asesinatos y venganzas, los jefes revolucionarios, encabezados por Plutarco Elías Calles, idearon una solución genial, a la vez práctica y duradera: la fundación de un partido político nacional que incluyera a los grupos revolucionarios dispersos en todo el país, que funcionara a través de estructuras de intermediación de intereses capaces de negociar y distribuir recursos económicos y puestos públicos, y que fuera liderada por una figura situada por encima de todos: el Presidente de la República.

Esa fórmula permitió generar una estructura de dominación política autoritaria pero legítima y efectiva, basada lo mismo en rituales electorales que en negociaciones políticas. Los poderes constitucionales y meta-constitucionales del Presidente —tal y como los enunciara Jorge Carpizo en su texto clásico— lograron articular en esa figura los símbolos y las prácticas del poder político en México durante casi 70 años. Aunque su legitimidad y efectividad fue decreciente desde el movimiento estudiantil de 1968, el hiperpresidencialsimo mexicano gozó de cabal salud hasta entrados los años noventa, cuando una complicada mezcla de crisis económica y liberalización política –las dos grandes transiciones de fin de siglo- terminaron por debilitar el poder presidencial y su eficacia gubernativa.

Los años de la alternancia que llegaron con el panismo (2000-2012) significaron la transición del hiper al hipopresidencialismo mexicano. La figura presidencial perdió la centralidad simbólica y política de antaño, y nuevas fuerzas y poderes legítimos y fácticos tomaron posiciones en la gran plaza política nacional. La alternancia en el poder que significó el regreso del PRI a Palacio Nacional con Peña Nieto como mascarón de proa del Pacto por México, solo confirmó la debilidad imparable del poder presidencial, con los escándalos de corrupción, el auge del narcotráfico, el incremento del poder de los gobernadores, y el predominio en el Congreso de fuerzas políticas no favorables al oficialismo. En el ocaso triste y en algún sentido patético del peñanietismo, las señales de la erosión del poder presidencial fueron inocultables, exhibidas con dramatismo luego de perder las elecciones federales de julio pasado.

Quizá eso explica el diagnóstico lopezobradorista y su ruta de soluciones ensayadas y ahora instrumentadas: los problemas de México tienen que  ver con la ausencia de un liderazgo presidencial fuerte, claro y legítimo, capaz de actuar sobre las causas profundas de la desigualdad, la corrupción y la injusticia mexicana. Eso conectó muy bien con las aspiraciones de 30 millones de ciudadanos que decidieron otorgar su voto a AMLO y a su partido, MORENA, muy probablemente hartos del panismo, del priismo y el perredismo que se habían convertido en el núcleo duro de la política mexicana. En ese relato épico, la concentración del poder formal e informal del presidente —es decir, el poder legal y el legítimo, o el constitucional y el metaconstitucional está en el centro de las explicaciones del nuevo ciclo de hiperpresidencialismo mexicano. Hay en esta nueva transición algo de nostalgia y sed de  lo perdido, la convicción de que lo mejor del futuro se encuentra en el pasado, de que el Presidente y el Pueblo son uno solo, de que la verdadera democracia ha llegado al poder, de que el problema son los enemigos del Pueblo-Presidente. Esa parece ser la música de fondo  de la nueva metamorfosis política nacional.

 

Adrián Acosta Silva