Gracias a la propaganda del gobierno, es ampliamente conocido que el Paquete Económico 2010 propuesto por el Presidente Felipe Calderón contenía una nueva contribución de 2% cuya recaudación se utilizaría, supuestamente, para el combate a la pobreza en el país. Lo que pocos saben, sin embargo, es que el Paquete también contenía una serie de propuestas de nuevos impuestos que parecían estar diseñados para combatir también a la clase media nacional.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la Ley de Ingresos. En la versión aprobada se excluyó el llamado impuesto anti-pobreza, aunque se incluyeron la mayor parte de los impuestos anti-clase media propuestos por el Ejecutivo. Dentro de éstos impuestos destacan el aumento al Impuesto sobre la Renta (ISR) para todas las personas que ganan más de 4 salarios mínimos y un Impuesto a las Telecomunicaciones del 3%.

Con respecto al aumento al ISR, uno se pregunta por qué lo diseñaron como lo hicieron. De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo y a lo aprobado por la Cámara de Diputados, el ISR pasará de 28 a 30% de manera temporal (de 2010 a 2012) para todos aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos, es decir, para aquellos que ganan más de $6,663 pesos mensuales. Este monto de ingresos, por cierto, es insuficiente para que una familia de 4 personas no sea considerada en situación de pobreza patrimonial (se requerirían alrededor de 8 mil pesos al mes para que no fuera considerada pobre). Ahora bien, según el propio dictamen de la iniciativa, el 61% de la recaudación por este concepto provendría del 7.7% de los asalariados que percibe más de 20 salarios mínimos mensuales. Así pues, uno se pregunta porque deben pagar más impuestos las personas o pequeños productores que perciben ingresos relativamente bajos o de nivel medio (a menos claro, que se considere que 4 salarios mínimos es mucho) y por qué no se concentra la aplicación del impuesto únicamente en los sectores de la población de mayores ingresos lo que, de paso, no solo aumentaría la recaudación sino que también ayudaría a reducir los abrumadores indicadores de desigualdad que han caracterizado históricamente al país. Es por ello que una alternativa a esta medida sería aumentar el ISR únicamente a las personas que obtienen ingresos por encima de, digamos, 20 ó 30 salarios mínimos. Al hacer esto se obtendría una recaudación menor a la que se plantea recaudar ahora, pero se fortalecería la progresividad en la estructura del impuesto sobre la renta.

Por otro lado, con respecto al impuesto a las telecomunicaciones (telefonía fija, celular, TV de paga e Internet) es importante señalar que éstas de por sí ya son demasiado caras en México como resultado de la escasa competencia y de la mala regulación en el sector. Esto ha implicado que el acceso a estos servicios en el país sea relativamente limitado, con lo que se ha excluido a un gran segmento de la población que podría beneficiarse de un mejor acceso a estos servicios. Así, de acuerdo a una encuesta reciente (Septiembre, 2009) realizada por la empresa Consulta-Mitofsky, apenas en el 56.6% de los hogares se contaba con servicios de telefonía celular, en 48.6% con telefonía fija, en menos de una cuarta parte de los hogares se cuenta con acceso a televisión de paga (23.6%) y menos de una quinta parte tiene acceso a servicios de internet (18.6%). Por cierto que, de los usuarios regulares de internet, el 40% declaró utilizarlo para el trabajo y el 25% para la escuela.

Es claro que por los elevados costos de las telecomunicaciones en México, la mayor parte de los usuarios actuales de estos servicios son los hogares de mayores ingresos en el país, sin embargo, precisamente por tratarse de servicios asociados a la diversión, entretenimiento, educación, comunicaciones y tecnología, lo deseable sería que el acceso a estos servicios fuese mayor y no menor, que fuese más democrático no más restrictivo. Es por ello que un impuesto adicional del 3% en estos servicios limitaría aun más el acceso a éstos y afectaría directamente a la clase media actual y a la clase media baja que tendrían que destinar recursos adicionales en este tipo de servicios para evitar que la brecha tecnológica entre ellos y las personas de mayores ingresos sigan en aumento.

En suma, tanto la Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo como la finalmente aprobada por los diputados, están basadas en el mismo principio: aumentar la carga impositiva a los sectores de siempre, es decir, a los contribuyentes cautivos y a la ya de por sí mermada clase media. Mientras tanto, otras propuestas alternativas como la de aplicar un impuesto a las transacciones financieras (como ahora ya se está haciendo en Brasil), al patrimonio (lo que hubiera sido realmente una reforma progresiva), a las ganancias en la bolsa o a los dividendos (los cuales, si hubieran estado bien diseñados, se habrían convertido en impuestos dirigidos exclusivamente al segmento de la población de mayores ingresos en el país), se quedarán guardados para una mejor ocasión, es decir, para aquella en la que en lugar de aplicar impuestos para combatir a la clase media realmente se busque implementar una reforma fiscal integral que elimine los privilegios y que combata, de fondo y de lleno, a la desigualdad.

Gerardo Esquivel. Profesor-Investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

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El impuesto a las telecomunicaciones, aprobado por la Cámara de Diputados, tiene todos los efectos perversos: (1) pone a México como contraejemplo del consenso internacional, (2) disminuye o anula el efecto de derrame de un bien con externalidades positivas bien documentadas, (3) retrasa la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, (4) impacta negativamente en la creación o preservación de empleo directo e indirecto, y (5) afecta más a los que menos tienen. A continuación, analizamos cada uno de estos puntos.

Existe consenso internacional, en ámbitos académicos, de la industria y de la política, en que el acceso y adopción de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TICs) son fundamentales para el crecimiento económico y social de las naciones. Las TICs aumentan la competitividad y promueven el desarrollo social, tienen un papel importante en el combate a la pobreza. Sus impactos positivos en la economía han sido ampliamente documentados en todos los ámbitos (educación, salud, agricultura, comercio, innovación…). En la crisis actual, diversos países han puesto en práctica políticas públicas que promueven su desarrollo. Los países del G20 han invertido durante este año más de 3 mil millones de dólares en eso. Australia construye una red de banda ancha que llevará la fibra óptica a los hogares. Estados Unidos discute la iniciativa “broadband for all”. Irlanda plantea la cobertura de banda ancha en todos los hogares. Portugal  decreta “urgente” el desarrollo de redes de nueva generación. Singapur mejora y ampliación su banda ancha. ¿Por qué México ha decidido ir en contra de la tendencia internacional estableciendo un impuesto que frenará en lugar de promover el uso de internet?

La contribución del uso de internet al PIB es innegable. A pesar de que la economía mexicana sufrió una caída de 9.2% en el primer semestre de este año, las telecomunicaciones mantuvieron un ritmo de crecimiento de 12%. Como el impuesto propuesto (en cualquiera de sus versiones) aplicará de manera homogénea a todas las empresas prestadoras, es de esperarse que sea cargado a los consumidores y no absorbido por las empresas. Un aumento en precio, aun en escenarios de poca elasticidad, necesariamente se traduce en alguna disminución de la demanda. Esto llevará a la desaceleración en la demanda por nuevas conexiones (o inclusive decrecimiento) y a la disminución en el uso actual de internet. ¿Se está buscando que menos mexicanos usen los servicios y que los que continúan usándolos los utilicen menos?

No hay duda alguna de que la inversión en infraestructura de telecomunicaciones genera empleo: nuevos empleos directos en su construcción, despliegue y operación; empleos indirectos sustentados en la nueva infraestructura, y empleos creados por los efectos de externalidad de la red. A manera de ejemplo, a precios actuales, se estima que si se cubre la demanda insatisfecha por banda ancha, en México se crearían aproximadamente 39 mil empleos en el corto plazo. A menor demanda debida a un aumento de precio, menor será la inversión, lo que impactará negativamente la creación posible de empleo. ¿El uso de los recursos recaudados por este impuesto podrá generar más empleo? Creemos absolutamente que no.

Por otra parte, los impuestos que gravan a las telecomunicaciones en cualquiera de sus modalidades, tienen efectos regresivos para consumidores actuales y futuros, retardando la adopción de estos servicios.

La encuesta ENIGH 2008 demuestra claramente que entre menores son los ingresos en el hogar, mayor es el gasto proporcional en telecomunicaciones. El hecho de que parezca que la población más rica es la que mayor contribución hará a través de esta nueva contribución se debe sólo a que esta franja de la población ya consume estos servicios, pero no se considera a los usuarios potenciales del servicio. Los deciles más bajos de la población, impactados por el impuesto, harán una de estas cuatro cosas: uno, gastarán una proporción mayor de sus ingresos (en el decil más pobre, los pocos que utilizan internet gastan en promedio casi 11% del gasto total del hogar) y disminuirán el consumo de otros productos, con obvias consecuencias en su bienestar. Dos, dedicarán menor consumo a telecomunicaciones (con la consecuencia directa de menor derrame y menor utilidad). Tres, no contratarán el servicio, retrasando la incorporación del país al mundo digital. Cuatro, cancelarán el servicio, reduciendo el número de los usuarios. ¿Es deseable alguna de estas cuatro consecuencias? ¿Queremos afectar más a los que menos tienen?

En resumen, como hemos dicho arriba, este impuesto pone a México como contraejemplo del consenso internacional, disminuye o anula el efecto de derrame positivo de un bien con externalidades positivas bien documentadas, retrasa la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, impacta negativamente la creación o preservación de empleo directo e indirecto, y afecta más a los que menos tienen.

El gobierno debe comprobar que el ingreso generado por este impuesto adicional a las telecomunicaciones va a generar una mayor contribución a la economía nacional que las externalidades y las derramas que se darían en caso de no existir el impuesto.

Ernesto Flores. Profesor Investigador Asociado, Telecom-CIDE

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