marzo 31, 2014

Enrique Peña Nieto contra el internet

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Existen grandes inercias que arrastran la discusión pública sobre la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones que envió el gobierno federal al Congreso y que la limitan a aspectos muy puntuales: regulación a la concentración, apertura de la radiodifusión, calidad en servicio, cobertura y pluralidad en contenidos. Cosa que no sorprende a la vista de las tendencias históricas que han mantenido a este país como un ejemplo de lo que no se debe hacer si es que se pretende el desarrollo del sector. Sin embargo, lo que la iniciativa plantea para el internet y los derechos que ejercemos en las redes, cuando es de los aspectos más alarmantes a tener en cuenta, se ha (lo han) mantenido al margen.

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El día de mañana la organización Human Rights Watch (HRW), presentará su reporte sobre violaciones de derechos humanos en México . En segunda ocasión el reporte está basado en el seguimiento detallado de los casos de 249 personas desaparecidas entre 2007 y 2012 (aquí ese puede consultar el primer reporte). 149 de los casos investigados por la organización están vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, como son la Marina, el Ejército, la Policía Federal y varias policías municipales. En algunos casos las fuerzas de seguridad son quienes participan directamente en la desaparición de personas, y en otros casos participan indirectamente en contubernio con grupos criminales.

El documento es muy claro en señalar que los 249 casos sólo son un pequeño porcentaje del número total de desapariciones en nuestro país. Para darse una idea, sólo en Coahuila, el propio gobierno del estado reporta a 1835 personas desaparecidas entre 2007 y 2012. Sin embargo uno de los principales problemas que señala HRW en cuanto al gobierno federal es su incapacidad para generar una bases de datos homogénea a nivel nacional sobre desaparecidos, y sobre restos humanos no identificados. El reporte reconoce que en este tema el gobierno de Felipe Calderón hizo un esfuerzo, pero los datos de las bases de datos que se han hecho públicas en internet -que fueron filtradas desde el gobierno- tienen fallas graves, empezando porque no distingue entre personas que voluntariamente se fueron de sus hogares y víctimas de desaparición forzada. Aún así HRW encuentra información interesante como que en menos de la mitad de los casos en la base de datos, se abrió una averiguación previa.

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En el número de noviembre de la revista Nexos, publicamos un texto llamado “Índice letal: los operativos y los muertos” en él los autores hacen un cálculo a partir de diversas fuentes de la relación entre muertos y heridos que hay en los enfrentamientos entre la Policía Federal, el Ejército, la Marina, y civiles. Los autores afirman:

Con un total de mil 598 civiles fallecidos y 253 civiles heridos, el índice de letalidad general del Ejército mexicano es de 6.3, por debajo de la Policía Militar de Río de Janeiro (en las favelas y ante presuntos delincuentes mulatos o negros). Dos variaciones en el índice de letalidad del Ejército resultan preocupantes: el aumento año con año del índice de letalidad del Ejército y las variaciones observables por estado. Durante 2010 y hasta mayo de 2011, dos terceras partes de los civiles fallecidos en enfrentamientos se concentraron en dos estados del país: Nuevo León y Tamaulipas. Ahí, el índice de letalidad adquiere valores que superan con creces a los del resto del país. En cinco meses de 2011, en el estado de Tamaulipas, los enfrentamientos del Ejército dejaron un saldo de 25 civiles fallecidos por cada herido.

Esta afirmación provocó una reacción del Ejército Mexicano, y en una carta enviada al director de Nexos, ofrecieron más datos propios:

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